- De aprobarse, la norma será promulgada como ley.
En caso contrario, quedará en manos de la Superintendencia de Salud dictar la circular para que las aseguradoras cumplan el fallo de la Corte Suprema y devuelvan lo adeudado a los afiliados. En este escenario, creen muchos, reinará la incertirumbre y el peligro de un colapso en el sistema estará más cerca.
Y es que no es del todo claro lo que ocurrirá. La semana pasada las negociaciones fueron arduas y terminaron en una iniciativa con 13 años de plazo para que las Isapres paguen lo adeudado y con la posibilidad de que -a partir de este año- ocurrán alzas que, según algunos expertos, podrían elevar el valor de los planes hasta en un 30% de aquí a 2027. “La deuda la pagarán los afiliados”, advirtieron algunos.
A partir de eso, voces del oficialismo comenzaron a insinuar que podrían votar en contra de la iniciativa y dejar, así, un escenario sin ley corta. Hasta ahora, lo único cierto es que la normativa ha transitado un largo camino, que comenzó en mayo pasado y que hoy, de todo salir como está planeado, viviría su último capítulo.
El largo camino de la ley corta
La iniciativa fue ingresada por el Ejecutivo en mayo de 2023. ¿Su objetivo? Dar viabilidad al fallo de la Corte Suprema que obliga a las Isapres a restituir los cobros en exceso y a aplicar una nueva tabla única de factores. Y es que durante esos días todos coincidían: si las aseguradoras tenían que devolver la plata y además adecuar sus planes, el sistema colpasaría. No tenían los recursos para resolverlo.
Así, comenzó la discusión. Uno de los principales nudos a resolver fue el de la deuda. ¿Cuánto debían las aseguradoras a los afiliados? En un primer momento, la Superintendencia cifró el monto en US$ 1.458 millones. Desde la industria señalaron que tal número les imposibilitaba el pago.
Semanas después, la Superintendencia hizo un recálculo. Lo adeudado, así, quedó en US$1.180 millones. El cambio, considerado como drástico por algunos, le valió críticas al superintendente de Salud, Víctor Torres, quien en numerosas ocasiones tuvo que salir a explicar las razones de la rebaja.
En medio de eso, la iniciativa llegó a la Comisión de Salud del Senado. Allí, se convocó a un comité de expertos, con profesionales de distintas sensibilidades políticas y presidido por el ex ministro de Salud, Emilio Santelices. Tras algunos meses, entregaron un informe con una serie de propuestas, entre las que se incluía la mutualización. Esta fórmula reconocía la existencia de subsidios cruzados y rebajaba la deuda a US$451 millones.
A partir de ese momento, comenzaron las tensiones. Y es que sectores del oficialismo vieron con malos ojos la rebaja y calificaron al mecanismo de mutualización como un “perdonazo”. El Ejecutivo, así, cuando tuvo que ingresar indicaciones, optó por dejar fuera dicha propuesta. Y tomar otras de las recomendaciones hechas por los expertos.
De esa manera, el Gobierno terminó acogiendo normas como la obligación de que los planes aporten el 7% de las remuneraciones imponibles y que las isapres deban presentar un plan de pago de la deuda para los usuarios, en un máximo de 10 años.
A esas alturas, había que pedir una nueva prórroga, pues el fallo estaba por cumplirse. El Ejecutivo actuó en esa línea y pidió a la Suprema posponer la entrada en vigencia hasta el 12 de mayo de 2024. Es decir, ayer.
Llegó enero y la discusión en torno a la deuda fue la que se impuso en el Congreso. La derecha logró reponer la mutualización -con lo que la deuda volvía a caer a US$451 millones– y el Senado despachó un proyecto con dicho mecanismo y el alza de los precios bases de los planes (al 7%).
Pero el oficialismo quedó inconforme. Llevó la mutualización al Tribunal Constitucional y este dictaminó que, por tratarse de una materia de seguridad social, podía solamente ser patrocinada por el Ejecutivo, que ya la había desechado.
Así, la discusión volvió a entramparse. En marzo muchos comenzaron a dar cuenta de que el plazo se venía encima y urgieron al Gobierno y el parlamento a avanzar en la discusión. Se propusieron otros mecanismos para abordar la deuda, como una propuesta de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN) que también rebajaba el monto. Pero tampoco se la quiso incluir.
Entonces, la normativa llegó a la Comisión de Salud de la Cámara, en donde se aprobó en general, pero se rechazó parte del fortalecimiento del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la propuesta de devolución de la deuda, la propuesta de reducción de costos, el retiro de utilidades por parte de las aseguradoras, entre otros aspectos.
Tras ello, llegó a la Comisión Mixta, donde el Gobierno volvió a presentar indicaciones, como la extensión del plazo de pago a 13 años, distintas modalidades para saldar la deuda y la posibilidad de que, en los próximos años, existan aumentos en los planes mayores a los usuales.
Además, la Superintendencia entregó un recalculó de la deuda, que la cifró en US$1.589, si es que se lleva a cabo una aplicación literal de la resolución; y en US$1.250 millones si se incluye la cotización obligatoria del 7%. Con esto, apareció el plazo “fatal”, que esta tarde tendrá su desenlace.
FUENTE EMOL
