Errores en la justificación, desorden administrativo y mal uso de recursos. Esos son algunos de los argumentos que se esgrimen al interior de Convergencia Social (CS), partido del Presidente Gabriel Boric, para explicar qué fue de los $43 millones que figuraban como gastos pendientes de reconocer en los estados financieros correspondientes al periodo 2021, que finalmente debieron ser restituidos por el partido el 19 de junio de 2023.
El 21 de noviembre de 2022, el Servicio Electoral (Servel) remitió al partido del Presidente un informe de 83 páginas con 61 observaciones pendientes de subsanar, antes de poder optar al financiamiento público que otorga a cada partido el organismo que encabeza Andrés Tagle, de acuerdo con la normativa vigente.
Entre todas esas observaciones, en una de ellas se impugnaban $43 millones que no estaban debidamente justificados en el balance del ejercicio contable de 2021 –que Convergencia Social envió al Servel el 29 de abril de 2022–, cuando el partido era dirigido por Alondra Arellano, excandidata a diputada por el distrito 14.
Los recursos cuestionados en ese informe correspondían a los gastos operativos de la colectividad que –según la Ley 18.603, que rige el financiamiento de los partidos políticos– son todos aquellos gastos que se relacionan con el funcionamiento interno: adquisición o arrendamiento de bienes, pago de deudas, desarrollo de actividades, formación de militantes, difusión y fomento a la participación de mujeres en política, entre otros.
Ante la imposibilidad de justificar los gastos, el Servel entregó tres opciones para resolver la controversia: que el partido derivara los antecedentes al Ministerio Público, que el propio organismo electoral lo hiciera o bien que CS repusiera el dinero. Fue esta última decisión la que finalmente adoptó la colectividad.
Si bien los $43 millones fueron restituidos a través de dineros aportados por la propia militancia, la colectividad inició una investigación interna a cargo del Tribunal Supremo (TS) para determinar cómo se gastaron esos recursos y establecer posibles sanciones administrativas.
La indagatoria se extendió entre junio y diciembre de 2023, y arrojó que –según detallan desde la colectividad que ahora formará parte del partido Frente Amplio– “producto de una administración deficiente no se justificaron de manera correcta ante el Servel todos los gastos realizados, pero en ningún caso estos fondos fueron utilizados para actividades distintas a las que son propias del partido”.
En enero de 2024, se sancionó con la suspensión de su militancia y derechos políticos a tres miembros del partido, que pertenecían a la administración de Arellano y cuyas funciones guardaban relación con la administración de los recursos fiscales.
Según información de Transparencia a marzo de este año, los tres militantes se desempeñan como funcionarios públicos del Gobierno. Se trata de Camilo Araneda Carrasco, extesorero del partido y actual funcionario de la División de Gobierno Interior del Ministerio del Interior; Amador Sepúlveda García, exmiembro del equipo de administración y actual asesor de la Oficina de Asuntos Religiosos de la Segpres; y Daniel Luna Arias, exadministrador del partido y actual jefe de gabinete de la alcaldesa de San Miguel, Erika Martínez (CS).
Mega Investiga contactó a los tres militantes sancionados para conocer su versión de los hechos, pero declinaron entregar declaraciones públicas al respecto.
La cronología
“Se rechaza el balance correspondiente al ejercicio contable 2021 del partido Convergencia Social”, se lee en la resolución Nº846 del Servel, firmada por el director del organismo, Raúl García Aspillaga.
El primer cuestionamiento a la rendición de los gastos de Convergencia Social se produjo el 5 de mayo de 2022, cuando el Servel detectó “que la información presentada respecto del balance del ejercicio 2021 se encontraba incompleta, tanto en los libros contables como en la documentación de respaldo”.
De ahí que el Servel instruyó al partido del Presidente, el 28 de septiembre del mismo año, rectificar los cuestionamientos a través un oficio ordinario, otorgando un plazo de diez días hábiles para “la correspondiente justificación de las observaciones detectadas”.
La rectificación llegó el 12 de octubre a través de un correo donde CS enmendaba las falencias pesquisadas en los estados financieros de 2021. Pero la respuesta no contentó al Servel: restaban 61 observaciones pendientes de subsanar, entre las que se encontraban los $43 millones pendientes de justificación.
“Resulta forzoso concluir el rechazo del ejercicio contable 2021 ya que se configura el incumplimiento y efecto regulado en el artículo 44 de la Ley 18.603, por cuanto el balance no se ajusta con las anotaciones de los libros, sin perjuicio de los errores y omisiones manifiestos”, cerró el organismos en un oficio enviado el 21 de noviembre de 2022.
Tras asumir la directiva encabezada por el diputado Diego Ibáñez, se adoptó en junio de 2023 que se restituyeran los fondos y se iniciara una investigación interna. Además, se zanjó no derivar los antecedentes al Ministerio Público para indagar presuntas irregularidades pues, según respondieron a Mega Investiga, siempre se mantuvo la convicción de que los dineros no “fueron utilizados para actividades distintas a las que son propias del partido”.
“Es por ello que se reintegraron los montos objetados de manera íntegra, dando cuenta que no hay perjuicio fiscal y, por otro lado, se sancionó a estos militantes, estableciendo su responsabilidad en las deficiencias administrativas que perjudicaron financieramente al partido”, agregaron desde la directiva nacional encabezada por Ibáñez.
Finalmente, durante 2021 Convergencia Social rindió como gastos operativos –según se detalla en los balances aprobados que publica Servel– un total de $148.179.812. Es decir, los $43 millones objetados equivalen al 29% de todos los dineros que se presentaron como gastos durante ese periodo. Para dimensionar la cifra, el monto cuestionado supera a todo el dinero que se invirtió en personal y funcionarios del partido durante ese año: $38 millones.
Las explicaciones
“Estábamos en la vorágine de las mil elecciones del 2021 y nos terminó pasando la cuenta”, reconoce uno de los involucrados que pidió reserva de identidad.
“Lo que termina ocurriendo es que el desorden de gestión de un partido nuevo, sin estructura, sin la gente necesaria para llevar adelante lo que implica llevar un partido, nos llevó a que el Servel nos cuestionara un montón de gastos”, agrega.
El origen del dinero que finalmente Convergencia Social reintegró al Servel provino de fondos de las cotizaciones y aportes de los militantes del partido, es decir, que debido a que se no pudo justificar el gasto se terminó pagando con fondos privados el aporte público que el Fisco destina a cada partido a través del Servel.
Desde la promulgación en 2017 de la reforma al financiamiento de los partidos, tras los casos de corrupción Penta y SQM que sacudieron al mundo político, se estableció que las colectividades se financiarán a través de aportes permanentes por parte del Estado que se entregan de manera trimestral, además de los dineros que puedan recibir a través de donaciones privadas o aportes de sus propios militantes, lo que recibe el nombre de cotizaciones.
“El reintegro por normativa del Servel no se puede realizar con fondos públicos, por lo tanto estos fondos tienen que ser de origen privado. Y existen dos mecanismos, uno son las cotizaciones y la otra son las donaciones, y el partido hoy día solo recibe cotizaciones”, explica un miembro actual de la directiva nacional de CS.
Alberto Vergara, experto en derecho electoral y académico de la Facultad de Derecho UC, califica como un “caso atípico” las tres alternativas que dio el Servel a Convergencia Social, que desde un principio y antes de que se emitiera la resolución de su investigación interna optó por no enviar los antecedentes a Fiscalía.
“Servel no tuvo antecedentes suficientes como para entender que hubo un delito, podría haberlo habido, pero efectivamente no lo sabemos y ahí se podría pedir a Servel que explique por qué se contentó con la mera restitución de los fondos y por qué de alguna manera no fue más allá e investigó qué pasó con estos fondos en el intertanto, antes de ser restituidos”, señala Vergara.
Mega Investiga contactó al Servel para consultarle acerca del procedimiento de fiscalización que cursó al partido del Presidente, pero el organismo desistió de entregar antecedentes al respecto.
“El motivo del reintegro fue producto de una administración deficitaria que terminó impactando en el patrimonio partidario y que frente a eso como dirección teníamos la convicción de que implicaba de que se cursaran sanciones”, señalan fuentes de la actual directiva nacional.
FUENTE MEGANOTICIAS
