Como una investigación de “largo aliento”, calificó a inicios de mayo, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, la investigación por el homicidio a tres carabineros —y de la que está a cargo— que se registró la madrugada del 27 de abril en Cañete, Región del Biobío.
En el ataque, murieron el sargento Carlos Cisterna (43) y los cabos primero Sergio Arévalo (34) y Misael Vidal (30), quienes acudieron a un procedimiento de rutina para la revisión de medidas cautelares de Carlos Antihuen Riquelme (37). Fue en ese contexto que sufrieron una emboscada, que terminó con el hallazgo del vehículo policial incendiado en otro lugar, a la altura del kilómetro 24 de la Ruta P-72-S.
Las primeras diligencias determinaron que la patrulla en la que se trasladaban los funcionarios policiales recibieron al menos cuatro impactos balísticos, y que además, fueron despojados de sus armas y municiones, tampoco se hallaron las cámaras corporales. Es más: los mismos homicidas habrían conducido al menos 5 kilómetros el móvil policial para luego quemarlo con los carabineros al interior.
Desde entonces, se han barajado distintas hipótesis sobre el crimen que a prácticamente un mes de lo ocurrido, aún no deja a ningún detenido. Las primeras versiones de los investigadores apuntaron a que se trató de una acción para infudir “terror” en la población, pese a que se decidió no indagar por ley antiterrorista, por encontrarse en proceso de reforma. Se trataría de una “estructura criminal”, que también buscaría autofinanciarse, a través del robo de armas. De todas formas, ningún grupo conocido que opera en la zona se ha adjudicado -hasta la fecha- de manera pública el crimen.
A fines de abril, los certificados de defunción de los policías confirmaron que murieron por disparos, lo que respaldaría la tesis inicial de que los antisociales dispararon contra los carabineros cuando éstos se bajaron del vehículo en el lugar donde iban a hacer el control de cautelares.
Desde inicios de mayo el fiscal Garrido esta a cargo de dirigir la indagatoria, y en conversación con Emol, detalla las certezas que se tienen en torno a la investigación y remarca que “no ha existido ningún día” en que no se haya realizado alguna diligencia desde el 27 de abril.
En ese sentido, el persecutor mantiene su diagnóstico desde que fue nombrado: “es un caso muy complejo de trabajar, que denota mucha violencia, pero lo más preocupante es la demostración de preparación, que no sólo está enfocada en poder realizar la acción en éxito, sino que tabién por concretar la acción posterior (quema del vehículo), para hacer más difícil la indagatoria y eludir la acción de la justicia”.
Certezas a un mes del hecho
Dentro de las certezas que tiene la Fiscalía, Garrido detalla que se logró establecer que existió preparación del ataque. “Estamos hablando de una emboscada, de un estudio del lugar, una preparación previa del espacio donde los carabineros fueron atacados, una acción un rápida para poder reducirlos, una limpieza posterior del sitio del suceso y traslado de los cuerpos hacia otro lugar”.
Ese traslado tuvo dos objetivos: hacer una “demostración de fuerza relevante” a través del incendio del vehículo y los cuerpos, y también “utilizar el fuego para destruir evidencia”.
Respecto a la cantidad de sujetos que participaron del crimen, aún no hay novedad. “Es posible que sea un número por lo menos mayor a la de los funcionarios atacados, pero no es posible hacer una determinación exacta”.
El fiscal ya había señalado antes que estaba “claro” que los autores del crimen trasladaron al menos 5 kilómetros la camioneta, lo que deja dos lugares de interés como sitios del suceso: uno, donde les dieron muerte a los funcionarios, y el otro, donde fue hallada la camioneta.
Hasta ahora, precisa a este medio, no hay nuevo sitios de interés y tampoco se baraja la opción de realizar una reconstitución de escena, porque “para ello se debe contar con algún testimonio o versión que pueda ser representada en el lugar para contrastar los antecedentes que se entregan a través de esa declaración con los hallazgos del sitio del suceso o las características del mismo. Por el momento, no existe esa versión”.
Lo que sí se hizo hace un par de semanas fue reconocer el lugar, para poder facilitar la compresión de los peritajes y diligencias, y profundizar en la búsqueda de elementos relevantes para la indagatoria.
Y en medio de esa búsqueda, surge otra certeza: “por las coincidencias balísticas y del trabajo pericial realizado, los autores se trata de personas que operan en la misma zona, vinculando esta acción con otros hechos acontecidos con anterioridad, también muy violentos”.
Esto es, organizaciones criminales que “no tienen ninguna vinculación a una idea política, ni se vinculan con la reivindicación de derechos ancestrales, vinculados más bien a la realización de delitos comunes, como el robo de madera, tráfico de drogas, armas y robo con intimidación”.
Garrido, de paso, aclara que no hay evidencia de que pudieran haber participado personas extranjeras en la comisión del delito, pese al nivel de violencia del hecho. “Evidentemente la violencia que se utilizó es una situación muy llamativa, pero lamentablemente no la podemos considerar como una situación aislada. Estos grupos que se desprenden de reivindicaciones políticas, han adquirido un nivel de violencia muy importante”, precisó.
Más de 100 declaraciones y 60 personas protegidas
El fatídico día del control de cautelares, los carabineros buscaban a Carlos Antihuen Riquelme, imputado en una causa por porte y tenencia de munición, por lo que cumplía arresto domiciliario nocturno. El sujeto sería el último en haber visto con vida a los carabineros, pero aún es un misterio la dinámica en que ocurrieron los hechos.
Esto, porque no es usual que los tres carabineros desciendan del vehículo al momento de efectuar esos controles, lo normal es que dos bajen y uno quede al interior. Una tesis que se maneja es que al estar en medio de la emboscada, el o los funcionarios que estaban en el vehículo habrían bajado para prestar apoyo. Otra hipótesis que ha surgido es que los tres funcionarios fueron obligados a bajar de la camioneta para luego darles muerte en el lugar.
Aunque existió la sospecha de que Antihuen Riquelme pudo ser usado como “azuelo” para concretar el crimen, éste ya declaró tres veces ante la fiscalía y facilitó su celular, lo que hasta ahora lo mantiene en calidad de “testigo”, aunque no se descarta que con el correr de la indagatoria su condición pueda cambiar a la de imputado.
El fiscal Garrido precisa que más de 100 personas han declarado en torno a la causa y más de 60 han tenido algún tipo de medida de protección o resguardo, como la reserva de su identidad, a raíz de que se trata de una investigación en torno a la acción de una organización criminal.
Ayer, el persecutor se reunió con los familiares de los tres carabineros asesinados como parte del apoyo permanente que se entrega a través de la Unida de Apoyo a Víctimas y Testigos, “pero también es importante que ellos puedan tener acceso a quienes están encargados de dirigir la investigación, que puedan resolver sus dudas y hacer consultas”. Todos ellos, hoy figuran en calidad de víctimas indirectas.
Acciones desde el Gobierno y el Parlamento
El Gobierno ha condenado fuertemente el crimen, y dentro de las primeras acciones que se tomaron, estuvo la solicitud de ayuda internacional para esclarecer los hechos. Se trata de ayuda satelital, con el objetivo de conocer los movimientos de la zona durante las horas en que ocurrió el hecho. Esto, a raíz de la escasez de cámaras de vigilancia que existen en zonas rurales.
No obstante, Garrido precisa que “no se ha decretado ninguna diligencia en ese sentido. Siempre estamos realizando consultas y coordinaciones con otros servicios y órganos del Estado para saber si es posible implementar alguna otra diligencia, pero en este caso no se ha podido llevar a cabo: se hizo las consultas de si existían imágenes, y la respuesta fue negativa“.
“Nunca estuvo la tecnología a disposición. Alguna autoridad política se le ocurrió realizar la consulta de si eventualmente se podían revisar esos antecedentes (imágenes satelitales) y la respuesta que yo obtuve no fue positiva, en el sentido que no existían esas imágenes”, acotó.
En esa línea, Garrido aclara que “hay que tener claro que las diligencias de investigación son las que decreta la fiscalía (…) y muchas veces, externos a la investigación pueden sugerir algo, lo que se tiene que concretar a través de canales formales, y en la medida que esos antecedentes se puedan reproducir, de tal manera que no ha existido nunca una diligencia decretada por la fiscalía en orden a requerir imágenes satelitales“.
Otros de los anuncios del Ejecutivo fue decretar toque de queda para las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa —en la Región del Biobío— el que “se extenderá el tiempo necesario para los temas de investigación, pero también en pos de poder entregarle mayor certeza y seguridad a la ciudadanía”, según comentó la delegada presidencial, Daniela Dresdner.
En tanto, ayer, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, recordó que el Gobierno se querelló en la causa, que están colaborando con la investigación al poner todos los recursos en esa línea que sean necesarios a disposición, además de las capacidades en torno a evitar que los responsables salgan del país.
“Por un lado, está Interpol y, por otro lado, se pide a otros gobiernos que eventualmente tienen otras capacidades que pudieran dotar de información útil para la investigación, se les solicita colaboración, lo que se ha hecho a través de la cancillería”, dijo el subsecretario.
El crimen también impulsó otros movimientos en materia legislativa. El Congreso suspendió su semana distrital para avanzar en los proyectos del fast track legislativo en seguridad, como la nueva ley Antiterrorista, y el proyecto que Regula el Uso de la Fuerza (RUF).
Fuente: Emol.com
