Como un fallo inédito. Así califican al interior de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Valparaíso la sentencia que condenó al Servicio Mejor Niñez a pagar $200 millones en indemnización por concepto de daño moral.
Y es que el pasado 2 de mayo, el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó acogió una demanda civil presentada a favor de un adolescente –cuya identidad se mantendrá bajo reserva– que estuvo más de 10 años en residencias del Sename y de Mejor Niñez, hogares en los que sufrió abuso sexual y violencia física en residencias, según describe la demanda.
La acción la presentó un profesional en el marco del programa “Mi Abogado”, iniciativa que entrega defensa jurídica a niños, niñas y adolescentes (NNA) y que está a cargo de la CAJ de Valparaíso, organismo que depende del Ministerio de Justicia.
La demanda –a la que tuvo acceso Mega Investiga– relata que el adolescente habría permanecido desde los 4 años hasta que cumplió la mayoría de edad en hogares de la red de protección infantil. De ese total, estuvo diez años en la residencia Alma en Vallenar, hogar que en 2021 pasó a manos de la municipalidad por una serie de denuncias y cuestionamientos.
El tribunal acogió la demanda pues –según consta en el fallo– se dio por acreditada la “actuación deficiente del servicio, quien no cumplió en la forma esperada y acorde al cumplimiento de sus propios fines con su obligación de fiscalización y así que el menor sufriera vulneraciones en sus derechos mientras se encontraba bajo el cuidado y protección de la residencia”.
Consultados por Mega Investiga, desde Mejor Niñez confirmaron que el 17 de mayo apelaron al fallo ante la Corte de Apelaciones de Copiapó y que seguirán “con los actos procesales” del caso que aún sigue en curso.
“Es una demanda de carácter civil por el daño moral que sufrió, en la demanda se plantean y se piden tener a la vista más de 60 causas de protección que tuvo este niño que ahora es joven durante su paso por el Sename y Mejor Niñez, desde el año 2008 hasta el año 2022”, explican al interior de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso.
“Prácticas sexualizadas y violencia física”
En 2008 fue el primer contacto del menor de edad con residencias del entonces Sename, cuando tenía apenas 4 años. Ingresó al sistema de protección a través del Programa de Intervención Breve (PIB), donde su núcleo familiar permaneció durante tres años.
Pese a ello, dice el escrito, continuaron las vulneraciones y abusos en su entorno más cercano. A raíz de ello, en 2011 el Juzgado de Familia de Vallenar ordenó su ingresó a la residencia CEDIF Crecer por seis meses.
Sin embargo, en julio de 2012 el niño expresó que estaba siendo víctima de violencia por quienes estaban a su cuidado. “Estaba sometido a malos tratos físicos y de maltrato físico y psicológico por parte de las educadoras de trato directo, repercutiendo negativamente en el proceso reparatorio”, describe el documento.
En 2013 –continúa el relato– el menor de edad se escapó de la residencia para pedir dinero en la vía pública junto a otros niños del hogar. En paralelo, en la residencia habrían continuado las “prácticas sexualizadas y violencia física”. La demanda acusa que los funcionarios “omitieron instaurar estrategias de contención y protección eficiente”.
“Estamos presentes a una falta de servicio, donde no se buscaron alternativas de cuidado personal en su familia, donde hay exceso de internaciones inadecuadas en residencias, vulneración de derechos que sufrió estando al cuidado de estos hogares que por ley debían velar por el cuidado de los niños”, señala uno de los funcionarios que tuvo acceso a la causa.
Un informe reservado del Sename, fechado en 2017, que fue elaborado tras una orden judicial, da cuenta de un consumo temprano de drogas y estupefacientes, que inició a los 7 años y se acentuó cuando cumplió 12.
Otro de los hechos que se menciona en la demanda es que, a la edad de 13 años junto con otro joven, fueron “protagonistas de un homicidio” y se explica que por ello “se encontraban en riesgo de sufrir represalias, por ser parte del grupo familiar y por residir al costado de su vivienda“.
En 2020, al interior de la residencia Alma, fue víctima de un ataque con arma cortopunzante. Luego de ello, se analizó la opción de enviarlo a una familia de acogida, pero un informe interno rápidamente descartó esa posibilidad: “No hay banco de familias disponible en la región, sumado al hecho que la edad hace difícil encontrar una familia con disposición a acoger a un adolescente”.
Finalmente, a sus 17 años, un tribunal de familia accedió a que el menor abandonara la residencia y se le destinó por un periodo a vivir con su madre. “Fue necesario que tuviera más de 17 años para que la red de protección viera lo obvio: estaba mejor en la casa de su madre y lo que se requería para eso era el apoyo de los programas de intervención dependientes de la red de protección del Servicio Mejor Niñez“, apunta el escrito.
Para la CAJ de Valparaíso, el caso de este menor de edad –por el cual Mejor Niñez deberá pagar una indemnización de $200 millones– representa una reparación inédita en el sistema de protección infantil.
“El programa Mi Abogado está facultado para poder incluso demandar al mismo Estado, aunque seamos un servicio del Estado, porque en definitiva lo que buscamos es velar por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; y defenderlos en la esfera de sus derechos cuando están siendo vulnerados y en ese sentido para nosotros, es un fallo inédito, no hemos tenido casos así”, concluyen en el organismo.
FUENTE MEGANOTICIAS
