Ayer la ministra del Interior anunció que presentarán un proyecto de ley en la materia, puesto que hay personas que no obedecen la instrucción (por diversas razones) en medio de emergencias.
Pese a las afectaciones que se registraron por las recientes lluvias, hubo personas que se negaron a evacuar cuando les llegó la alerta SAE. Por lo mismo, el Gobierno informó ayer que presentará un proyecto para hacer que aquello sea obligatorio legalmente, algo que a ojos de parlamentarios es “bien intencionado”, pero debe ir de la mano de medidas para resguardar la seguridad de los bienes, pues muchas de las personas que se rehúsan a dejar sus hogares, lo hacen por el miedo de la delincuencia, aunque también hay quienes no se van por sus animales.
“Los equipos de seguridad, las policías y las autoridades tienen que distribuir su energía en todos los lugares donde hay urgencias y a veces hay que quedarse horas en lugares donde se ordenó evacuar, pero las personas no obedecen esta instrucción (…) un respaldo legal puede ayudar a ser más ejecutivo y tener más seguridad de que las evacuaciones se hagan oportunamente por protección de las mismas personas”, argumentó la ministra del Interior, Carolina Tohá cuando hizo el anuncio.
Esta jornada Emol consultó a diputados de la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos y de las regiones afectadas por el frente, respecto a su opinión sobre la iniciativa y hubo diversas reacciones. El presidente de la instancia, diputado Francisco Pulgar (IND), afirmó que le “parece que es un proyecto de ley muy bien intencionado, pero atiende a un segmento de la población minoritario y esto es de manera reactiva”.
“Creo que como país, y sobre todo como Estado, seguimos actuando de manera no preventiva y carecemos de cultura en seguridad. Si bien este proyecto va a ser impulsado por el Ejecutivo, hemos conversado con miembros de la comisión para que pase por ésta, sea consensuado con Bomberos y distintos estamentos, para llegar a un proyecto que sea adecuado y atienda las necesidades de las zonas urbanas, pero sobre todo las rurales y más australes“, agregó.
El diputado Jorge Rathgeb (RN) también mencionó que entienden que el proyecto “está bien intencionado”, pero afirmó que “no lo vamos a aprobar mientras no nos den la seguridad de que en los lugares que las personas son evacuadas obligatoriamente, haya resguardo a fin de que no pierdan sus bienes y su inversión de toda una vida. Aquí hay sectores donde hay que resguardar a fin de que, como ya se ha visto, personas ingresen generando daños y robos de los bienes de las personas que dejan sus hogares”.
El jefe de la bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, indicó por su parte que “es necesario establecer normas que hagan más eficiente la actuación del Estado frente a situaciones de riesgo inminente para las personas, que permita hacer evacuaciones rápidas en momentos de riesgo, sin exponer a las personas o a los rescatistas”.
Y advirtió: “Cuando alguien se opone a una evacuación, muchas veces no solo se exponen ellas o sus familias, sino que también exponen al riesgo a los rescatistas, bomberos o carabineros que trabajan en la emergencia“.
La diputada Karen Medina (PDG), quien también es miembro de la comisión, aseveró que “hoy día las alertas de evacuación son una ayuda preventiva, pero también vemos cómo muchas personas, y lo he visto en terreno, se niegan a abandonar sus casas y las personas que están ahí ayudando generalmente son personas de las instituciones como Bomberos, como PDI, como Carabineros, hasta sus propios vecinos exponiendo su vida tratando de convencer a estas personas a que hagan abandono y que hagan caso a estas alertas de evacuación”, por ello, expresó que en su opinión “es una muy buena idea que esto sea obligatorio“.
“Hacer entender a la ciudadanía que esto es por el bien de ellos, es una posibilidad de salvar sus vidas y no exponerse a morir en este tipo de catástrofes, y vemos que muchas veces la gente entiende cuando hay una ley de por medio o cuando sabe que le van a sacar alguna multa“, añadió.
La diputada Francesca Muñoz (PSC) sentenció en tanto: “Apoyo el proyecto, porque la vida está primero”. “Si bien es entendible que las personas se resistan a dejar sus viviendas por temor a ser víctimas de delitos como lo hemos visto, por ejemplo, en los edificios afectados con los socavones en las dunas de Concón, lo cual es lamentable, la vida está primero, y en ese contexto todos debemos colaborar con los equipos de emergencia que se despliegan y hacen su mayor esfuerzo para salvar vidas. El trabajo debe ser de colaboración en conjunto y coordinado, velando siempre por la seguridad de toda la ciudadanía”, comentó.
El diputado Ricardo Cifuentes (DC) aseveró que la experiencia ha demostrado la necesidad de tener una legislación como la que propone el Gobierno, y dijo que “tenemos que ser claros y muy fuertes en esto. La ciudadanía tiene que entender que estamos sometidos a una cantidad enorme de nuevos riesgos y otros que han estado presentes por mucho tiempo. Pero me refiero especialmente a los derivados del cambio climático, que por las características que tienen son eventos muy rápidos y en los que se generan además daños muy grandes, especialmente hacia la vida humana, hacia la preservación de la vida. Y desde ese punto de vista, me parece que el Estado tiene que contar con normas que hagan obligatorio a las personas evacuar ciertos lugares cuando el Estado así lo estima“.
“Desde la Comisión de Emergencia vamos a estar muy abiertos a su tramitación de la manera lo más acelerada posible. Ojalá la tuviéramos dentro de un tiempo razonable para que se aplique cuando así el Estado y los organismos dedicados a la emergencia lo estimen“, puntualizó.
La diputada Camila Musante (IND-PPD) también entregó su punto de vista al respecto. “Yo creo que no es suficiente endosarle una responsabilidad a los damnificados por una inundación, por un incendio, por ejemplo, donde tienen que evacuar a las personas afectadas, sino que el Estado tiene que ser capaz de hacer más. Y creo que esto radica más en una política pública que en una iniciativa legislativa, y que tiene que ver precisamente con cómo se administran las evacuaciones a tiempo de manera oportuna por la elaboración de los mismos planes de prevención y de evacuación por parte de Senapred en coordinación con los municipios, pero también cómo ellos se ponen a disposición de las comunidades que se saben con anterioridad que van a ser afectadas (…) Creo que es sumarle más responsabilidades“, acotó.
El diputado Nelson Venegas (PS) señaló, por otro lado, que “hace mucho tiempo vengo insistiendo en la necesidad de que haya anuncios respecto de embalses, no grandes embalses, ni que atenten contra el ciclo natural del agua, pero evidentemente vemos con pena cómo se pierde una cantidad de agua increíble, siendo que estamos en plena crisis climática en esta zona”.
Dos diputadas de la región de O’Higgins también abordaron esta situación: “A mi parecer, ante los daños que ya conocemos provocados por los frentes de mal tiempo como el que estamos enfrentando, la experiencia debió dejar lecciones donde las gestiones deben ir por el lado de la prevención, más que de forma reactiva. El Gobierno y las autoridades deberían apuntar a un trabajo articulado con los municipios, servicios de emergencia, bomberos, policías, establecimientos educacionales y la comunidad; sensibilizando sobre los riesgos ante posibles desastres climáticos que podrían suceder. Es importante señalar que me parece necesario un trabajo de planes distintos, ya sea para terremotos, inundaciones, incendios u otras emergencias a las que potencialmente estamos expuestos. Sumado a lo anterior, este trabajo debe ser constante para que la población entienda la necesidad de evacuar algún lugar cuando sea necesario y por dónde ejecutar dicha evacuación frente a alguna emergencia”, afirmó la diputada Carla Morales (RN).
Por último, la diputada Natalia Romero (IND-UDI) sostuvo que “nos parece que este es un buen proyecto dado los distintos sistemas frontales que hemos vivido en el país. Sin embargo, el mismo proyecto debiera incluir el resguardo de la propiedad privada, es decir, cuando la persona tiene la obligatoriedad de salir de su casa debe ser también el propio Estado quien garantice que lo que queda en el lugar está protegido por la policía o bien por los militares”.
“Las personas no salen de sus casas no porque quieran quedarse anegadas o pasando frío, sino que se quedan al resguardo de la propiedad privada. Es por eso que en un principio valoramos el anuncio, sin embargo, debiera incluir lo que nosotros mencionamos que es el resguardo de la propiedad privada”, finalizó.
Fuente: Emol
