Cerca de las 10 de la mañana del 16 de abril del 2017, Josephine R. ingresó hasta la urgencia del Hospital San Borja debido a las contracciones que presentaba tras 41 semanas de embarazo. A poco más de siete años de aquello, la justicia condenó al Servicio de Salud Metropolitano Central, al hospital, así como también al médico que atendió su parto y a una matrona, a pagar más de mil millones en indemnización por la violencia obstétrica a la que fue sometida aquel día.
Y es que según da cuenta la sentencia del 26° Juzgado Civil de Santiago, tras ingresar al servicio de urgencia de ese recinto hospitalario la mujer fue derivada al médico ginecológico y obstetra Matías Ignacio Solari Díaz quien administró un medicamento para inducir su parto de forma natural, procedimiento que Josephine advirtió que podría ser imposible debido a su historial médico.
Con el pasar de las horas la mujer sintió fuertes dolores, así como también se corroboraron una serie de disminuciones en los latidos cardiacos fetales de su hija. Pese a los llamados de auxilio que hizo Josephine, el personal médico realizó una rotura artificial de las membranas para inducir su parto. Ese procedimiento generó la salida de líquido amniótico, ante lo cual la madre pidió que se le realizara una cesárea, pues su hija estaba sufriendo y ella no avanzaba en el trabajo de parto.
Pese a los pedidos de auxilio, según determinó el tribunal, el médico Solari no prestó ayuda, teniendo un periodo de seis horas sin la atención del profesional. A las 2 de la madrugada, finalmente, Josephine fue sometida a un proceso que describió ante la justicia como de “tortura”, ya que “sentía mucho dolor, pujaba y pujaba sin que su hija pudiese salir, y que luego de 20 minutos en que hizo lo imposible para su hija naciera, ya que intuía que estaba sufriendo, recién se acercó el médico Solari diciéndome que ella había ‘fracasado’, que claramente no estaba logrando parir a su hija, y que él ahora la haría nacer mediante fórceps”.
Daños en la paciente
A las 2:28 de la madrugada la hija de la mujer, que ingresó más de 12 horas antes, nació, pero debido a la asfixia que provocó todo el procedimiento médico estuvo tres meses internada y según consta en la causa, a Josephine -del mismo nombre de su madre- se le diagnosticaron 13 patologías, principalmente neurológicas y psicomotoras.
Durante el proceso judicial, además, se pudo determinar que la niña, de ahora siete años, “sufre un daño cerebral de extrema gravedad, que la deja postrada, ciega, sorda, sin capacidad cognitiva, sin capacidad motora, sin capacidad de alimentarse por vía fisiológica, con daño pulmonar que la obliga a ser oxigenodependiente de por vida, como consecuencias de una encefalopatía hipóxico isquémica grado III”.
Aquello generó que la mujer, representada por el abogado Héctor Musso, recurriera a la justicia y presentara una demanda por perjuicio en contra del Servicio de Salud Metropolitana Central, el Hospital San Borja, además del médico Solari y la matrona Elizabeth Salazar, quien -denunció- también habría tenido un trato denigrante con ella durante su parto.
En el juicio, el médico sostuvo respecto a las denuncias que no atendió a la paciente, que estaba realizando una cesárea en otro parto, e incluso apuntó a que había ido al baño a “hacer pipí” (sic) durante ese tiempo. El servicio de salud, por su parte, desligó la responsabilidad legal de lo ocurrido en el médico.
Pese a eso, la justicia determinó en su sentencia, a la cual tuvo acceso La Tercera, que en este caso la atención de salud se trató de un procedimiento con violencia obstétrica, pues “presentó vastas inobservancias a los protocolos aplicables al caso, dado que el equipo médico, en su conjunto, incurrió en numerosas y reiteradas fallas, omisiones y retrasos en la evaluación de los parámetros clínicos de la paciente”. Mientras que apuntó a que el hospital y el servicio de salud no tenían los protocolos para reemplazar al ginecólogo cuando este estaba en otras atenciones.
Dos cuestionados funcionarios
A juicio del tribunal, la prueba que se rindió durante el proceso judicial demuestra que la atención médica fue “abiertamente negligente y desapegada. Pese a las excusas presentadas por el médico, el tribunal determinó que a este “le incumbía la vigilancia y control del cumplimiento del protocolo de inducción, función de la que se desligó, delegando dicha tarea en el personal auxiliar, en concreto, matronas. Es decir, adoptó una actitud pasiva, esperando ser informado ante un evento adverso y, al ser solicitada su intervención, lisa y llanamente omitió atender a la paciente”.
En el caso de la matrona, el tribunal determinó que no insistió en buscar la intervención de otro médico ante las negativas de quien debía atender a la paciente, además de haberse alejado de los deberes de su profesión. En resumen, concluye que ambos profesionales de la salud “actuaron con culpa o negligencia en la atención”.
También la justicia determinó que existieron una serie de “reproches relativos al lenguaje y comportamiento inapropiado empleado” por Solari, a quien le cuestiona haberse excusado por estar “haciendo pipí”. “Resulta consternante el empleo de una expresión infantil, abiertamente displicente ante las trágicas consecuencias sufridas por la hija de su paciente. Todas estas circunstancias también reflejan la prevalencia de un clima hostil y desatento en el tratamiento proporcionado a la paciente”, agrega la sentencia.
Una millonaria indemnización
Este martes, finalmente el 26° Juzgado Civil de Santiago falló a favor de la menor de edad afectada por el procedimiento médico y determinó que el Servicio de Salud Metropolitano Central, el Hospital San Borja, el médico Solari y la matrona Salazar deberán “solidariamente” -entre todos- pagar $1.042.691.340 en total.
En detalle, son $500 millones por daño moral a la menor de edad, $250 millones a su madre, misma cifra para el padre y $42.691.340 en “daño emergente futuro”, que corresponde a los gastos mensuales en los que deberá incurrir la familia para atender a su hija.
Tras el fallo, el abogado que representa a la menor de edad, Héctor Musso, sostiene a este medio que “no solo estamos satisfechos por la cuantía de la indemnización, que por cierto ayudará a sobrellevar los tratamientos que de por vida necesitará la pequeña Josephine, sino que por el reproche directo y crudo de la violencia obstétrica que sufrió mi representada y que a diario sufren las mujeres en este país al momento del parto, transformando un momento bello de la vida de toda madre en un tránsito humillante y penoso que debemos erradicar”.
Este fallo trata de la segunda indemnización más alta dictada por un tribunal, luego de otro fallo del año pasado cuando se condenó al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente a pagar una indemnización total de $1.050.000.000 a la familia de un paciente que quedó en estado vegetal tras una cirugía de extracción de la tiroides.
FUENTE LA TERCERA
