El Ejecutivo tiene dos proyectos en el Congreso Nacional que apuntan a levantar el secreto bancario para enfrentar los delitos tributarios, la corrupción y el crimen organizado.
“Hay políticos que se financian con platas del narco”. Esa fue la acusación de la alcaldesa de Providencia y eventual abanderada presidencial por el gremialismo, Evelyn Matthei, que reactivó el debate por el levantamiento del secreto bancario.
Actualmente la legislación protege la privacidad de las personas y eso incluye su información financiera. Sin embargo, este secreto puede ser levantado cuando una disposición legal expresamente lo autoriza o cuando por resolución de la justicia se ordena la remisión o examen de antecedentes para ciertas operaciones y bajo determinados supuestos.
Existiendo autorización legal, el procedimiento para levantar el secreto varía según la autoridad de control de que se trate – Ministerio Público; Comisión para el Mercado Financiero; Servicio de Impuestos Internos y Unidad de Análisis Financiero – no obstante, en todos los casos se requiere resolución previa de algún órgano jurisdiccional.
Las propuestas del Gobierno
En ese contexto y como una de las medidas para combatir la elusión y avasión – además de la corrupción y el narcotráfico – el Gobierno propuso ampliar el levantamiento del secreto bancario, pero la forma en que se planteó no fue bien recibida por el Congreso Nacional.
Esta acción se enmarca en el proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias que forma parte del Pacto Fiscal. Iniciativa que se encuentra en segundo trámite constitucional (en el Senado) y que está sujeto a la aprobación del Congreso Nacional.
En la iniciativa original el Gobierno facultaba al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que acceda de manera expedita a información sujeta a secreto bancario, para controlar la evasión y la elusión. En ese marco, surgieron las críticas ante el riesgo de que el Servicio de Impuestos Internos sea “juez y parte”. Asimismo, voces se han opuesto a avanzar en esta dirección ya que el director del servicio es nombrado por el Gobierno de turno.
Hace unas semanas, el ministros de Hacienda explicó ante la comisión de Hacienda del Senado – donde se está tramitando el proyecto de obligaciones tributarias – que el procedimiento del secreto bancario “siempre es con un propósito específico, no es simplemente para hacer pública una cuenta corriente. En este caso en particular, para fiscalizar ciertos delitos tributarios y una vez de realizados una serie de pasos intermedios”.
“O sea, no basta con que simplemente el SII diga estoy investigando un delito tributario sino que debe haber citado al contribuyente, haberle requerido información, haber perfilado cuál es el delito que está investigando y por qué requiere tener la información bancaria. Y una vez que accede a esa información y la usa para el propósito de fiscalización, la información se destruye. Esto lo menciono porque, en estricto rigor, la intimidad absoluta no existe en materia bancaria”, agregó.
Asimismo, está el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, que se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado.
Este proyecto entrega nuevas atribuciones de fiscalización a la Comisión para el Mercado Financiero y la Unidad de Análisis Financiero, mediante la creación del Subsistema de Inteligencia Económica. En detalle, se ajustan sus facultades para que puedan acceder a información sujeta a secreto y reserva bancaria sin necesidad de autorización judicial
Todo con el objetivo de fortalecer las medidas para prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado.
La postura de la oposición
Fue el propio Presidente de la República, Gabriel Boric, quien emplazó a la oposición a avanzar en la tramitación de estos proyectos y les pidió explicaciones a quiénes se oponen al secretario bancario.
Ante la arremetida de Boric, la respuesta que más se repitió en la oposición es que para eso, habría que reformar el sistema de nombramiento del Servicio de Impuestos Internos.
En esa línea, Matthei (UDI) aseguró que la mayoría de su sector está a favor de la medida, pero con una condición: modificar el sistema de nombramiento del director del Servicio de Impuestos Internos (SII). “Todo nuestro sector esta pidiendo lo mismo, que haya un Gobierno corporativo decente en el SII, no es nuestro sector el que tiene que responder, es el Gobierno”, dijo en Canal 13 la alcadesa de Providencia.
“El director del SII que va a tener esa facultad no puede responderle al Gobierno solamente (…) cuando uno le entrega una facultad tan importante a un director del SII, tiene que ser una persona que por la forma de haberse nombrado le de garantías a todos, y la forma en que se nombra hoy al SII le da garantías sólo al Gobierno que en ese momento está ejerciendo”, agregó.
A su vez, el diputado Frank Sauerbaum (RN) también se sumó a esta condición: “No es aceptable entregarle una carta en blanco al actual SII. Si vamos a avanzar en esto, exige una nueva orgánica para el SII que garantice independencia, pesos y contrapesos”, agregó.
Fuente: Emol
