Después que el Servicio Electoral (Servel) solicitara una modificación a la ley para poder desarrollar las elecciones municipales en dos días, a propósito de la gran cantidad de votantes que trae el voto obligatorio y por el alto número de candidatos, el Ejecutivo llevó al Congreso el proyecto de ley, pero incluyó, entre otras cosas, un recorte del financiamiento de campaña, que en los hechos significa recortar el reembolso fiscal por voto que obtenga el candidato y el partido político. Sin embargo, esta indicación del Gobierno no obtuvo pleno respaldo oficialista. Esta vez, la división se vio en el Socialismo Democrático.
El sentido principal de esta reforma era hacer eco de la solicitud del Servel y así poder realizar los comicios municipales y de gobernadores regionales en ambos días del último fin de semana de octubre. Finalmente se logró aprobar con 87 votos a favor y se despachará a ley hoy, si el Senado aprueba la iniciativa en su tercer trámite en Sala.
A pesar de eso, al trámite se agregaron varios artículos que no necesariamente tenían que ver con la solicitud del Servicio Electoral, como por ejemplo habilitar la promoción electoral por redes sociales y canales de televisión local, o darle una facilidad a las personas cuidadoras para no ser vocales de mesa y, también, se agregó la prohibición de que un deudor de pensión alimenticia participe como candidato en procesos electorales.
Todo eso se aprobó y sin ningún resultado tensionado. Sin embargo, había un artículo que ya generó tensión en el oficialismo en la tramitación del Senado, y en la Cámara se evidenció una división dentro del Socialismo Democrático. En este proyecto se incluyó una indicación por parte del Ejecutivo que busca recortar el financiamiento de la campaña electoral mediante una rebaja del reembolso fiscal que obtienen los candidatos y partidos políticos por votos conseguidos.
En el Senado ya se había visto el desmarque de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic; su par del PPD, Jaime Quintana; y el senador PC, Daniel Núñez. En la Cámara, al contrario, se esperaba que hubiese un amplio apoyo oficialista a esta indicación, cosa que no ocurrió.
Tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista se alinearon con la iniciativa del Gobierno, sin embargo, en el Socialismo Democrático hubo descolgados y, principalmente, en el Partido Socialista. En la bancada socialista, a menos de una hora de que se votara, aún no estaban decididos por completo, sin embargo, al momento de votar, optaron por no respaldar la indicación que reajustaba las ganancias electorales por los votos conseguidos.
Daniella Cicardini, Raúl Leiva, Leonardo Soto y Nelson Venegas fueron los socialistas que votaron en contra y los únicos votos por la negativa en la Cámara. A ellos se les sumaron las abstenciones de sus correligionarios Daniel Manouchehri, Emilia Nuyado, Juan Santana, Alexis Sepúlveda (Partido Radical) y Raúl Soto (PPD). Además de ellos, unos diputados UDI que argumentaron su abstención indicando que esta materia corresponde a un tema de reforma al sistema político y electoral, pero no estaban en desacuerdo con el fondo.
Cabe destacar que hubo diputados PS que decidieron no acompañar la línea de la presidenta de su partido, como Jaime Naranjo y Tomás de Rementería.
La aventura no tuvo mucho revuelo, pues la norma se aprobó desde el PC hasta el Partido Republicano, con 119 votos. Sin embargo, el PS sostiene su punto y la decisión que tomen hoy los senadores oficialistas puede ser clave para la sobrevivencia de la indicación.
El diputado Soto argumenta que la rebaja al reembolso fiscal “es un retroceso que debilita el financiamiento fiscal de campañas electorales, que nivela la competencia entre candidatos con muchas donaciones privadas y otros modestos o del mundo rural”. Sobre esto, agrega que esta aprobación “favorece a los candidatos que rogaban a sus financistas privados con raspaditos de olla o prometían favores para poder terminar sus campañas electorales”. En el fondo, dice Soto, habilita la influencia del dinero privado en la política.
El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, señala que “es legítimo evaluar el monto, considerando que los fundamentos que determinaron el monto anterior ya no existen, es decir, voto voluntario”, además, tomando en cuenta que “existe una serie de necesidades sociales pendientes, los esfuerzos presupuestarios deben estar enfocados en ello”.
En retrospectiva, sin embargo, al timonel del PR le llama la atención que “habiéndose aprobado el voto obligatorio, no se haya hecho notar esta situación, lo que implica hacer un llamado a legislar con detenimiento. La mayoría de las leyes y modificaciones en temas electorales salen contra el tiempo, y la consecuencia la tenemos hoy en una situación que se está corrigiendo”.
El futuro de esta indicación está en manos del Senado, y desde el Socialismo Democrático, entre quienes sí apoyaron la norma, esperan que los senadores oficialistas recapaciten. En caso de que se opongan –afirman algunos bajo reserva–, sería impresentable.
FUENTE EL MOSTRADOR
