Fue recurrente estos últimos días ver a los ministros de Energía, Diego Pardow; Economía, Nicolás Grau y la titular de la cartera de Mujer, Antonia Orellana, entregar explicaciones por conflictos al interior de sus carteras.
El ultimátum a Enel, el cierre de la planta siderúrgica Huachipato y la desvinculación de Isabel Amor a dos días de haber asumido como directora del Sernamg en Los Ríos, son los asuntos que repercutieron respectivamente en la triada de ministros frenteamplistas y que les concitaron críticas desde el Congreso Nacional.
Pardow
Una problemática que se erigió como un tema país, es el corte prolongado del suministro eléctrico generado a raíz del temporal de principio de agosto, y que derivó al término de la concesión de la empresa Enel.
Una decisión que adoptó el Presidente Gabriel Boric ante el incumplimiento en los plazos legales para la reposición del servicios por parte de la empresa, además de los propios compromisos que la compañía adquirió día a día ante la emergencia y con despliegue de cuadrillas comprometidas.
Este vienes, el titular de Energía, junto a la Superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabeza, anunciaron que, ante el incumplimiento de Enel sobre la total conexión de los clientes de la Región Metropolitana, se inició la fase de elaboración del informe técnico de caducidad.
“Como gobierno nos corresponde hacer respetar nuestra institucionalidad. Este proceso va a seguir adelante de forma responsable y seria. La siguiente fase es una fase técnica y que, tal como establece la ley, será dirigida por la SEC”, informó Pardow.
Pero aun cuando los ojos están puestos sobre Enel, el Gobierno no ha salido indemne de la crisis. Este viernes, a más de dos semanas del temporal, aun permanecían cerca de 200 familias sin energía en la capital, concentradas en la zona norte de la región.
En ese contexto, jefes comunales han apuntado contra el Ejecutivo. El alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, acusó que el ultimátum ha tenido “como respuesta de la empresa un cierto desajuste”. Del mismo modo indicó que el Gobierno “tiene un grado de responsabilidad”, al echar en falta un mayor despliegue de la entidad fiscalizadora en la RM, para verificar si los trabajos de la empresa eléctrica estaban realizándose de manera adecuada.
Asimismo, el Ejecutivo ha sido objeto de críticas por la falta de proactividad en soluciones como el soterramiento de cables, considerando además exceso de cables en los postes, y por la falta de gestión sobre la emergencia. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseveró que “lo único que les importa es el tema comunicacional y cómo salir indemne”, en tanto cuestionó “¿qué costaba que el Gobierno desplegara cuadrilla de limpieza?”.
Con todo, Pardow fue foco de cuestionamientos luego que proponer una empresa nacional de electricidad, cuya viabilidad fue puesta en duda por su par del ministerio de Obras Públicas, Jessica López. “Pensar que el Estado va a tener recursos para afrontar todo eso, yo creo que es una ‘volá’, no hay posibilidad“, sostuvo.
Orellana
Una trama se ha vuelto la desvinculación de la Licenciada en Letras y Magíster en Sociología, Isabel Amor, del cargo como directora regional del Servicio Nacional de la Mujer (Sernameg) en Los Ríos, a dos días de haber asumido, por lo que el organismo fundamentó como “pérdida de confianza”.
“Están siendo bien matonas en su manejo”, acusó la exdirectora ejecutiva de Fundación Iguales, apuntando a la directora nacional del Sernameg, Priscilla Carrasco, cuya decisión ha sido respaldada por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.
“Suena raro, pero no por raro deja de ser imposible perder la confianza tan rápido“, sostuvo esta semana, dando cuenta de los motivos de la salida de Amor. El Sernameg ha sostenido que la profesional omitió información sensible sobre el caso de su padre, Manuel Amor, condenado a tres años y un día de presidio en el mes de abril, como cómplice del secuestro de Luis Corvalán en septiembre de 1973.
Asimismo, en la cartera cuestionan las opiniones vertidas por Amor sobre el caso de su padre en una entrevista con El Mercurio, la que fue elaborada en junio de este año y publicada el 10 de agosto, una semana después de la desvinculación. Es por esto que la titular de Mujer ha levantado una ofensiva contra el medio de comunicación.
“Ella envió al servicio un borrador de una entrevista y ahí está el punto de mi carta al día de hoy a El Mercurio”, sostuvo Orellana, apuntando que “si se decide ir por la vía judicial, vamos a exponer ese borrador en las instancias correspondientes, para mostrar que, en mi opinión y en la opinión de nuestro servicio, la mejor prueba de que los dichos ahí reflejados, entendibles para una hija, no lo son para una autoridad”.
“La mejor prueba de eso es que los cambió”, recalcó, advirtiendo que “no por estar editado, editado muy convenientemente diría yo, no conocía a gente a la que El Mercurio la tratará también, al menos a mí no, pero los dichos, dichos están”,
Pese a la defensa de Orellana y Carrasco sobre la decisión, la cartera sigue dando explicaciones por el caso. Últimamente, los senadores Iván Flores (DC) y Ricardo Lagos Weber (PPD) pidieron reintegrar en sus funciones a la licenciada en letras, mientras que parlamentarios de Renovación Nacional oficiaron a la ministra de Trabajo, Jeannette Jara y al director de la Dirección del Trabajo, Pablo Zenteno, para esclarecer la desvinculación de Amor.
Grau
La gestión del ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre el anuncio de cierre de la siderúrgica Huachipato, no ha estado exenta de críticas.
Como lo comprometió, el secretario de Estado se reunió con dirigentes sindicales de la compañía en la Región del Biobío en el sindicato Enap-Petrox en la ciudad de Concepción. Hasta allá concurrió el alcalde de Talcahuano, Henry Campos (UDI) y de Chiguayante, Antonio Rivas (Ind), cuya presencia fue desestimada por el secretario de Estado, concitando el descontento de los jefes comunales.
Mientras el edil de Chiguayante reconoció sentirse incómodo, Campos apuntó que “no sé si esto se lo harían al alcalde Vodanovic o a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, o a la alcaldesa de Ñuñoa”. Lo anterior fue secundando por la diputada del distrito 20, Marlene Pérez (UD). “Es un grave error no contar con su visión en estas discusiones. Si el alcalde perteneciera al mismo sector político que el ministro, estoy segura de que la situación habría sido diferente”, aseveró.
Asimismo, echó en falta capacidad de concreción de parte del ministro, acusando que en la reunión solo ofreció “discursos vacíos” y no plazos ni planes específicos.
Por otro lado, el economista Claudio Agostini, consideró que el cierre deja como lección que “hay que modificar la composición” de la Comisión Antidistorsiones, que modificó la sobretasa al acero chino como lo requirió Huachipato. En ese sentido, exhortó a eliminar “los funcionarios de Gobierno -que potencialmente solo obedecen instrucciones de sus respetivos ministros- y estableciendo un panel independiente y técnico”.
“La sobretasa solo postergó el cierre de Huachipato y la evidencia muestra que las economías se recuperan más rápido si son capaces de reasignar rápidamente los recursos desde los sectores menos productivos a los más productivos y eso implica cerrar empresas ineficientes rápido”, sostuvo en X.
En radio Infinita, el titular de Economía replicó lo anterior. “Cada una de las personas que participan en esa comisión, sin importar su nombramiento tiene que argumentar su postura de acuerdo a antecedentes técnicos”, aseveró.
Fuente: Emol
