Los diputados remarcaron lo “importante” que es esclarecer la polémica situación que envuelve a la exministra y candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos.
Diversos diputados valoraron que la Superintendencia de Educación decidiera iniciar una investigación en la Universidad San Sebastián (USS), tras conocerse el millonario sueldo que recibía Marcela Cubillos, candidata a la alcaldía de Las Condes.
En específico, y a través de un comunicado, el organismo informó que “el martes pasado se ha recibido la respuesta de la Universidad San Sebastián a la solicitud de este Servicio para entregar los antecedentes relativos a las condiciones de contratación de la exministra de Educación, Marcela Cubillos, y de otros personeros que desempeñan labores docentes y administrativas en la institución” y “tras una revisión exhaustiva de la información entregada, la Superintendencia de Educación ha decidido iniciar hoy un proceso de investigación a la Universidad San Sebastián”.
El documento expone que “dicha decisión se fundamenta en que la información recibida no permite esclarecer completamente las interrogantes surgidas en torno a la contratación, remuneración y evaluación del personal académico, lo que podría ser constitutivo de infracciones graves a la normativa interna de la Universidad”.
“Para tal fin, la Superintendencia también ha dispuesto la realización de una fiscalización en terreno, con el objetivo de recopilar evidencia de primera mano que permita determinar con precisión el alcance de los hechos investigados”, agrega.
“¿Qué esconde la universidad?”
Consultados por Emol, diputados de la Comisión de Educación abordaron este tema. La presidenta de la instancia, Emilia Schneider (Frente Amplio), aseveró que le parece “absolutamente pertinente y necesario que se haga una investigación”, pues “estamos hablando de un caso gravísimo, en circunstancias sumamente sospechosas, e incluso, podría constituir lucro o financiamiento irregular de la política“.
“Acá estamos hablando de una universidad que recibe casi un 50% de sus recursos por parte del Estado, sobre todo del Crédito con Aval del Estado. Es decir, estos sueldos millonarios, estos profesores y profesoras fantasmas, estos vínculos con exautoridades del gobierno de Sebastián Piñera que hoy son candidatos y que, incluso, muchos de ellos están mencionados en el caso Hermosilla, son a costa del endeudamiento de miles de estudiantes. Esto tiene que investigarse y esclarecerse ante la ciudadanía hasta las últimas circunstancias. La educación es un derecho, no un negocio ni una caja pagadora de favores políticos de la UDI”, remarcó.
El diputado Juan Santana (PS) cuestionó por su parte: “¿Qué esconde la Universidad San Sebastián en relación al sueldo de Marcela Cubillos? ¿Por qué no entrega el detalle sobre la información requerida por la Superintendencia de Educación Superior? Todas esas interrogantes no resueltas hacen pensar que aquí podríamos estar ante una grave vulneración, no solamente a la ley, sino que también a los propios reglamentos internos de la Universidad de San Sebastián”.
“La Superintendencia como órgano fiscalizador debe hacer todos los esfuerzos necesarios para esclarecer esta polémica situación y verificar si es que se utilizaron recursos públicos para crear una caja pagadora de favores políticos a los dirigentes de Chile Vamos“, añadió.
La diputada Helia Molina (PPD) manifestó, en tanto, que le parece “correcto que la Superintendencia de Educación tome cartas sobre el caso Cubillos. Así lo solicitamos días atrás en Comisión de Educación, ya que me parece muy grave recibir un sueldo tan abultado cuando están en juego recursos públicos que ha recibido la Universidad San Sebastián”.
En la misma línea, advirtió que “como ex decana de la Usach, y con experiencia en el mundo académico, puedo decir que ese nivel de sueldos no existe en las universidades, es un verdadero robo, y la Superintendencia tendrá que determinar si la contratación, remuneración y tareas desarrolladas, se ajustan a la realidad o estamos frente a un delito”.
La diputada Daniela Serrano (PC) dijo que “valoro la decisión que tomó la Superintendencia al investigar a la Universidad de San Sebastián. Creo que los antecedentes que ha entregado la casa de estudios no son suficientes para justificar aquellos altos sueldos y, por tanto, de no entregarse de estos antecedentes suficientes, podríamos estar en un caso que implica nuevamente una ventana en el lucro de la educación”.
Además, sostuvo que “a mí me gustaría agregar que creo que esto no debe ser solo esclarecido en el caso de Marcela Cubillos. Queremos saber, en particular, cuánto ganaba el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y por eso le hemos pedido a la Superintendencia que también pueda pedirle esa información a la universidad y, en caso de que no se entreguen los antecedentes, también abrir una investigación”.
Como una “buena señal” lo catalogó el diputado Felipe Camaño (Ind-DC), porque “no podemos olvidar que la educación es un derecho, no un negocio, y no se puede continuar lucrando con los recursos de todos los chilenos y chilenas”.
Por lo mismo, advirtió que “esta semana presenté una moción que busca obligar a las instituciones de Educacio´n Superior a transparentar tanto sus estados financieros como las remuneraciones de su personal y su cuerpo docente por medio de canales de transparencia definidos por la Superintendencia de Educación Superior”.
La diputada Karen Medina (Ind) también dijo que era “necesario” que el organismo ocupe “todo el poder fiscalizador que tiene”, ya que “no pueden ocurrir en las instituciones, por muy privadas que sean, un abuso primero a los alumnos en el pago de estos aranceles universitarios para beneficiar abusivamente a algunos pocos en desmedro de otros trabajadores que cumplen las mismas funciones, que prestan los mismos servicios, y que efectivamente los prestan, con amiguismos en la interna y, sobre todo, con amiguismos que tienen un resorte político. Eso no lo podemos permitir, por eso también es tan importante que hoy día el Ministerio de Educación, el Ejecutivo, considere mi proyecto presentado para que estas instituciones se vean obligadas a transparentar todos los sueldos de sus trabajadores y que el sistema propio los autorregule y no vuelvan a ocurrir estos abusivos sueldos en desmedro de otros colegas”.
Finalmente, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) enfatizó: “Me parece una decisión acertada, porque en nuestro país ninguna institución ni persona debe estar por sobre la ley. Por otro lado, también creo que es una oportunidad para que la universidad haga su descargo respecto de esta situación que sería investigada”.
Cabe mencionar que la USS, tras el anuncio de la Superintendencia, aseguró tener “plena disposición a colaborar con el quehacer de dicha entidad fiscalizadora con la información que en derecho corresponda, y que le permita esclarecer completamente sus interrogantes”.
Fuente: Emol
