Autoridades regionales fueron parte de un encuentro, donde comprometieron acciones concretas frente al alarmante aumento de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA) en la región de Atacama. Este año, se han registrado 54 activaciones de los protocolos, de los cuales más del 60% provienen de la Provincia de Huasco.
De acuerdo con la Ley 21.430, que protege integralmente los derechos de la niñez y adolescencia, los órganos del Estado deben adoptar todas las medidas necesarias para erradicar estas prácticas, tipificar sus manifestaciones como delito, sancionar a los responsables, proteger a las víctimas, y ofrecer programas para su reparación y tratamiento de riesgos asociados.
El director regional del Servicio de Protección Especializado a la Niñez y Adolescencia, César Guzmán, subrayó la importancia de la colaboración: “Debemos articularnos para enfrentar el ESNNA y derribar mitos: no es un trabajo, no existe consentimiento por parte de las víctimas, son víctimas. La dinámica siempre es abusiva y los vínculos asimétricos, por lo tanto, la responsabilidad debe recaer en los victimarios o victimarias”.
Guzmán añadió que, aunque el objetivo principal del Servicio es brindar protección y reparación a niños, niñas y adolescentes que han sufrido vulneraciones de sus derechos, todas las instituciones del Estado tienen el deber de prevenir estas situaciones. “La prevención también implica visibilizar el tema en la sociedad para que las personas comprendan la importancia de denunciar”, afirmó.
La mesa de trabajo acordó que, a corto plazo, y entendiendo que se acercan las vacaciones, se realizarán visitas a establecimientos educativos para informar sobre la problemática y fomentar que los propios niños, niñas y adolescentes denuncien cualquier conducta sospechosa. Además, se solicitará la inclusión de este tema en los Consejos Comunales de Seguridad de las comunas de la provincia del Huasco, con el objetivo de extender estas acciones a toda la región. Finalmente, se desarrollará una campaña comunicacional que involucre a la sociedad civil, resaltando su rol crucial en las denuncias que pueden salvar vidas y prevenir daños irreparables a la salud mental y física de las víctimas.
