La norma incorpora nuevas restricciones para los funerales de alto riesgo, reduciendo su duración a 24 horas y limitando el lugar del velorio. Además, se regulan los recorridos.
La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que establece nuevas normas para la realización de funerales de alto riesgo. La iniciativa fue aprobada en su tercer trámite constitucional con 128 votos a favor y dos abstenciones.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió a las críticas de la oposición formuladas en el hemiciclo, destacando que el proyecto no busca “naturalizar los funerales de narcotraficantes”.
Explicó que “la realidad es que los narcotraficantes, al igual que cualquier persona, también mueren. Y tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano, ellos y sus familias. Tienen derecho a un velorio de 48 horas, en un lugar determinado, que puede incluir un recorrido por su casa de la infancia, su mausoleo o incluso los sitios vinculados a sus actividades delictivas. Actualmente, no existen herramientas legales para impedirlo”.
La ministra también se refirió al funeral de alto riesgo de Enzo Bombazul realizado la semana pasada, y explicó que “no es que el Estado no reaccionara, como se ha dicho en algunas intervenciones. El Estado sí reaccionó. Se organizó un operativo especial con cientos de carabineros dedicados a controlar ese funeral. No es que el delegado se haya ocultado. El delegado y el subsecretario realizaron una conferencia de prensa para informar las medidas adoptadas. Además, se hicieron gestiones activas con la familia para intentar reducir la duración del velorio, pero la familia se negó, y la ley actual no proporciona herramientas para obligarlos”.
Con la nueva ley, la duración del velorio se reducirá a 24 horas, y ya no se permitirá elegir el lugar del velorio. El cuerpo será trasladado directamente desde el lugar de fallecimiento o del Servicio Médico Legal al cementerio, donde se llevará a cabo cualquier acto relacionado con el velorio. Además, el recorrido será supervisado y autorizado por Carabineros, evitando que se realicen recorridos no autorizados, como sucedía anteriormente.
La ministra Tohá subrayó que, en lugar de “naturalizar” los incidentes que ocurren en estos funerales, la ley establece sanciones más severas en caso de que se produzcan alteraciones del orden público durante el evento.
La oposición expresó su preocupación por la sobrecarga de labores administrativas a Carabineros que podría generar el nuevo proyecto de ley. El diputado Andrés Longton (RN) señaló que, a pesar de que el proyecto original contó con un amplio acuerdo, “algunos elementos fueron modificados en el Senado y, una vez más, se sobrecarga la labor de Carabineros”.
A su juicio, “no se debe hacer a Carabineros el principal responsable de las autorizaciones; esa tarea debe recaer en la autoridad política, es decir, en las delegaciones”. Longton subrayó que, mientras en el Congreso se busca liberar a Carabineros de tareas administrativas que los desvían de su labor principal — garantizar el orden público y evitar la comisión de delitos durante los funerales de narcotraficantes —, este proyecto podría ir en contra de ese objetivo.
A pesar de haber solicitado una votación separada para reexaminar este punto en una comisión mixta, no lograron obtener la mayoría necesaria para su aprobación.
Por su parte, el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD) defendió el proyecto, asegurando que “no es justo decir que lo que estamos haciendo es validar o legalizar los narcofunerales”. Aseguró que algunos sectores de la derecha parecen favorecer el caos en las calles, la proliferación de estos funerales, el cierre de colegios públicos y la suspensión de servicios de salud.
“Si la derecha realmente cree que eso es lo que quiere la ciudadanía, deberían decirlo abiertamente, porque no les importa la seguridad (…) Podrán criticar el proyecto y señalar que es perfectible, pero no tienen derecho a cuestionar el trabajo de la ministra del Interior, quien está comprometida con los temas más importantes para el país”, afirmó Araya.
Finalmente, la diputada Alejandra Placencia (PC) defendió la iniciativa, destacando que el proyecto “se hace cargo de la realidad que enfrentamos, enfocándose en la prevención de delitos y actos de violencia asociados a estos funerales”.
Explicó que, entre las medidas más destacadas, se incluye el agravamiento de las penas para los delitos cometidos en estos contextos, así como el uso eficiente de la fuerza policial para garantizar que la inhumación de los cuerpos se realice en un plazo de 24 horas. “Optimizar el trabajo de la policía y garantizar la fiscalización es clave para reducir los riesgos”, señaló.
La legisladora advirtió que el proyecto no pretende ser una solución total al narcotráfico o al crimen organizado, y que ha habido intentos de distorsionar el debate por parte de la oposición.
Fuente: Emol
