La Corte de Apelaciones de Copiapó decidió rechazar el recurso de nulidad presentado por las defensas de los involucrados en la “Operación Pureza”.
Se trata de uno de los casos más bullados del último tiempo en la Región de Atacama y que tiene relación con la corrupción vivida al interior de la Municipalidad de Tierra Amarilla.
De esta manera, la Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó las penas impuestas en contra de los involucrados
Cabe recordar que esta indagatoria, a cargo de la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía Local de Copiapó, investigó hechos constitutivos de delitos cometidos en la Municipalidad de Tierra Amarilla.
Antecedentes que, en su momento, fueron argumentados ante el Tribunal Oral en un juicio que se extendió por más de seis meses y en los cuales la Fiscalía logró acreditar que el alcalde suplente de la mencionada comuna y algunos de sus colaboradores de confianza realizaron acciones administrativas coordinadas para ofrecer determinadas licitaciones a sobre precio a cambio del pago de coimas.
Trabajo investigativo en el que Fiscalía contó con el importante apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, lo que permitió dar por acreditada la actuación ilegal de los condenados quienes actuaron concertados para la comisión de los ilícitos por los que fueron acusados y posteriormente condenados.
En ese contexto, el fallo de la Corte de la Apelaciones fue valorado por el Fiscal Regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, ya que este rechazo significa una valoración al trabajo profesional y objetivo del Ministerio Público ante delitos graves que ocasionaron un daño importante al desarrollo comunal de Tierra Amarilla y sus habitantes.
De esta manera, las sentencias obtenidas por la Fiscalía y que fueron confirmadas por la Corte de Apelaciones indican que el ex alcalde suplente de Tierra Amarilla, Mario Morales Carrasco, cumplirá 17 años de presidio mayor en su grado máximo por delitos de fraude al fisco y cohecho, ambos reiterados, además de una pena de 5 años y un día de cárcel por el delito de asociación ilícita, junto a una multa de 82 millones de pesos.
