La Diputada Sofía Cid Versalovic ha solicitado formalmente a la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Atacama que se realice una fiscalización exhaustiva a los vehículos que prestan servicio de transporte de pasajeros mediante aplicaciones en las inmediaciones de los terminales de buses de las empresas Andimar y Pullman en Copiapó.
“Los vecinos de Copiapó nos han manifestado su preocupación por la presencia de grupos organizados de ciudadanos extranjeros, algunos de los cuales operan sin la debida documentación y en condiciones irregulares, lo que genera inseguridad tanto para los pasajeros como para los taxistas autorizados”, indicó la diputada.
Las denuncias recibidas señalan que algunos de estos conductores utilizan cuentas falsas en aplicaciones como inDrive y Uber, además de manejar vehículos prestados y sin la debida acreditación legal. En este contexto, la concejal del Partido Republicano por Copiapó Patricia Hurtado Loyola también ha reportado incidentes de actitudes intimidatorias hacia los taxistas chilenos que cumplen con la normativa vigente. Para la edil “lo más preocupante es que si son choferes con vehículos prestados o cuentas falsas, existe un riesgo mayor para las personas que terminan usando los servicios. En caso de una denuncia o emergencia ¿cómo se identifica el conductor, quien responde?”
“No podemos permitir que el transporte de pasajeros en nuestra región opere en la informalidad, con conductores sin papeles y sin garantías de seguridad para los usuarios. Es fundamental que las autoridades correspondientes realicen las fiscalizaciones necesarias para resguardar el orden y la legalidad en el servicio”, enfatizó Cid.
La solicitud se ampara en lo dispuesto por la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y el Reglamento de la Cámara de Diputados, garantizando el cumplimiento normativo en el sector transporte. Asimismo, la diputada reiteró la importancia de que, en caso de que la información obtenida sea clasificada como reservada o secreta, se indique con claridad el fundamento legal de dicha calificación.
“No podemos seguir permitiendo que la ilegalidad se normalice. Estos conductores irregulares están operando fuera de la ley, afectando a los trabajadores formales y generando una competencia desleal. Exijo una fiscalización seria y efectiva. La ciudadanía merece seguridad y un transporte regulado, no un sistema que funcione a espaldas de la ley”, sentenció la parlamentaria.
