Con la respuesta de la exministra de Defensa, Maya Fernández, ya en manos de la secretaría de la Cámara de Diputados, comienza a correr el plazo para votar la acusación constitucional impulsada por la oposición, a propósito de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Se espera que la votación en el hemiciclo se lleve a cabo el miércoles a partir de las 10:00 horas, instancia en la que la oposición intentará alinearse para que la acusación prospere. No obstante, hasta ahora, el escenario se presenta complejo.
En caso de ser rechazada, esta acusación se sumaría a la lista de traspiés de la oposición en su intento por llevar adelante acciones constitucionales contra secretarios de Estado durante la administración del presidente Gabriel Boric.
Entre ellas, se recuerda la fallida acusación contra la exministra del Interior, Carolina Tohá; el ministro de Vivienda, Carlos Montes; la exministra del Interior, Izkia Siches; el exministro de Educación, Marco Antonio Ávila; la exministra de Justicia, Marcela Ríos; y el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
La oposición — integrada por las bancadas de Chile Vamos, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario — suma 61 votos, considerando la ausencia de dos parlamentarios desaforados y de la diputada Francesca Muñoz, quien se encuentra con licencia médica tras sufrir un accidente. A este bloque podrían sumarse los votos de los diputados independientes Pamela Jiles y René Alinco, lo que elevaría el respaldo opositor a 63 votos.
Por su parte, el oficialismo — compuesto por las bancadas del PPD, PS, PL, PR, PC y el Frente Amplio — alcanza 67 votos, restando la ausencia de la diputada Karol Cariola, actualmente con postnatal. A este bloque se sumará la Democracia Cristiana, con sus 7 parlamentarios, alcanzando un total de 73 votos.
En este escenario, incluso si los 7 votos de las bancada de Demócratas, Amarillos e Independientes se sumaran a la oposición, no serían suficientes para aprobar la acusación constitucional. Otro voto que aún no está asegurado es el del diputado y vicepresidente de la Corporación Gaspar Rivas (Ind).
La bancada de Demócratas podría inclinarse por rechazar la acusación, considerando que las responsabilidades políticas de la exsecretaria de Estado ya se habrían saldado con su salida del cargo. No obstante, se trata de un tema que aún sigue en discusión dentro del colectivo.
El diputado Miguel Ángel Calisto (Partido Demócrata) dijo que “revisaremos detenidamente los argumentos que se entregan para acusar a la ministra Maya Fernández. Si bien hemos detectado elementos constitutivos para concurrir a la Acusación Constitucional, creemos que la responsabilidad política está asumida con la renuncia al cargo de ministra. De todos modos, nuestra bancada aún no toma una decisión colectiva”.
Pese al complejo escenario, la oposición defiende la acusación.
El jefe de bancada del Partido Republicano, Cristián Araya, manifestó que “la renuncia de la ex Ministra Fernández no hace desaparecer su responsabilidad sobre los hechos. La familia Allende no logró hacerse de $1000 millones de todos los chilenos solo porque fueron sorprendidos, es como el ladrón que lo pillan llevándose un televisor por la ventana, aunque lo devuelva sigue siendo culpable. Si las descendientes de Salvador Allende quedaran impunes sería una señal nefasta, acrecentando la desconfianza en las instituciones”.
Asimismo, el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, planteó que “estamos plenamente convencidos de que la actuación de la exministra Maya Fernández es inconstitucional, al contravenir una norma imperativa que prohíbe a los ministros celebrar contratos con el Estado”.
En consecuencia, dijo que “esperamos que los diputados prioricen su responsabilidad y voten de acuerdo con lo que establece la ley, más allá de consideraciones políticas. Es fundamental que se respeten las normas legales y éticas que rigen nuestro Estado democrático”.
El diputado Henry Leal (UDI), y próximo jefe de bancada del colectivo, argumentó que “la acusación contra la exministra Fernández es muy sólida, que está acreditado que incumplió la Constitución y la ley, está acreditado que suscribió un contrato, que nació a la vida jurídica, que existe, y mientras no sea anulado, sigue vigente”.
El legislador adelantó que la bancada está alineada por aprobar la acusación y que será una votación muy estrecha.
“Acá la señal que se da es clarísima, el sistema político, la Cámara, ¿Va a permitir que se vulnere gravemente la Constitución o va asentar un precedente cuando se incumple una causal tan evidentemente como esta y va a quedar claramente establecido que habrá una sanción?”, añadió.
Finalmente, la diputada Camila Flores (RN) señaló que “la acusación constitucional contra Maya Fernández es un acto de justicia y una señal clara de que en Chile no puede haber impunidad para quienes violan la Constitución. La izquierda ha intentado proteger a sus operadores políticos a toda costa, pero la verdad siempre sale a la luz. En la oposición estamos firmes y trabajando para que esta acusación prospere, porque no podemos permitir que el abuso de poder y el uso arbitrario de los recursos del Estado queden sin castigo”.
Fuente: Emol.com
