El “Acuerdo por Chile” firmado el lunes por los partidos con representación parlamentaria significó, por ahora, un “respiro” para el proceso constitucional; o al menos, una pausa para volver a tomar un impulso con una nueva “hoja de ruta”, 12 principios base y tres instancias para la redacción.
Sin embargo, el camino que continúa de ahora en adelante sigue siendo intenso y desafiante. Esto, porque el acuerdo se debe transformar en una reforma constitucional con temas que deben ser precisados a contrarreloj, y para ello, los acuerdos serán clave para garantizar la legitimidad del proceso. Por eso, ya resuenan palabras como “austeridad”, “sobrio” y “acotado”; nadie parece querer maximalismos de ningún tipo.
Lo anterior, por cierto, no impide que en la etapa de definiciones, de aquello que no quedó escrito en el acuerdo, se abra el debate político. De hecho, rápidamente se instaló la disyuntiva sobre el presunto no pago de remuneraciones a quienes conformen la Comisión Experta. Otros, en tanto, insisten en que se delimite de mejor forma qué se entenderá por “expertos”, o cómo se garantizará la paridad de entrada y de salida.
En este segundo intento, todos sus actores tienen la tarea de salvaguardar los equilibrios, y para ello es necesario que los pesos y contrapesos del proceso no se desborden. ¿Cuáles son estos aspectos y dónde está el centro de poder del mismo? Académicos y expertos en materia constitucional analizan los puntos débiles y los pro del “Acuerdo por Chile”.
Proceso “acotado” y “equilibrio” de legitimidad
El nuevo proceso constitucional estará compuesto por tres instancias delimitadas: un Consejo Constitucional que reemplazará a la extinta Convención, pero con un tamaño bastante más acotado, compuesto por 50 personas elegidas por votación directa, con escaños reservados indígenas supranumerarios y se mantendrá el principio de paridad.
También se acordó que para aprobar cada norma constitucional se necesitará de 3/5 partes de los consejeros en ejercicio, y cuya propuesta final también requerirá una aprobación del mismo quórum.
En conversación con EmolTV, el profesor de derecho de la Universidad Católica, Sebastián Soto, destaca una serie de puntos positivos a propósito de las características de las acuerdo, el que calificó como “sensato”.
A su juicio, destaca que “no exista un experimento electoral como en algunos momentos se pensó, se elige una fórmula ya conocida; hay mecanismos de contención, la convención anterior no tenía ninguna; no hay hoja en blanco, y eso es importante, porque busca ser un puente, una continuidad y no un momento refundacional; y hay política y conocimiento técnico, no solamente expertos”.
Por su parte, el abogado constitucionalista y académico de la Universidad San Sebastián, Gonzalo Arenas, plantea que una de las fortalezas del acuerdo es que se conjugan dos principios, “una representación política legitimada en las unas y otro tipo de legitimación, dado por la capacidad, conocimiento y la experiencia. Podrán haber sido unos más que otros, pero hacer conversar esos dos principios es relevante”.
En esa línea, el académico sostiene que efectivamente el proceso “no debe demorar lo mismo” que el anterior, y se trabajará sobre una base donde muchos temas ya están discutidos. “Lo importante ahora es escribir y decidir, y para eso me imagino que en eso de a inicio de enero debería estar aprobada la reforma constitucional que convoque a esta primera etapa de la comisión experta“, subrayó.
El imperativo de los acuerdos
En efecto, será la Comisión Experta -compuesta por 24 nombres designados en partes iguales por el Senado y por la Cámara de Diputados y con principio de paridad-, la que tendrá la tarea de “abrir” el proceso. En enero deberán comenzar a redactar un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional que realice el Consejo.
En esa línea, el académico de la UC, Patricio Zapata, recalca que “los expertos no pueden reemplazar la responsabilidad política de las personas elegidas por el pueblo, ni al pueblo. Al final va a ser nueva constitución lo que aprueben los 50 convencionales que vamos a elegir en unos meses más y lo que ratifiquemos todos en diciembre del próximo año; no lo que quieran los expertos. Pero, se fijó un mecanismo que asegura que sean escuchadas estas voces (expertos), una y otra vez”.
Y por eso, en ese proceso, será importante la lógica de los acuerdos, por la tarea de “puntapié” que tienen encomendada. Sin embargo, un escenario de desencuentros, peleas, o un texto sin consenso, dejaría, de cierto modo, un piso más debilitado.
“Esas 24 personas van a tener un par de meses para hacer un proyecto base; si se ponen a pelear, o si lo que sale de ahí es ’14 a 12′ o un ’13 a 11′, con un voto en blanco, probablemente va a tener poco peso cuando lleguen los convencionales a trabajar en mayo”, planteó Zapata. Por el contrario, si hay un respaldo contundente en la propuesta, “eso va a tener una incidencia evidente“, proyectó.
La importancia del diseño y el “tono”
“Este acuerdo recoge la experiencia del fracaso de la anterior Convención, en el sentido de que se requiere un tema técnico, de personas que no estén buscando figuración política y se toman quizás las mejores prácticas de la tramitación en el Congreso, como las comisiones mixta en el caso de la divergencia entre expertos y electos, por lo que, en general, establece contrapesos suficientes para evitar los errores anteriores“, sostiene Arenas.
De hecho, Arenas afirma que en el diseño anterior finalmente se generó una “distorsión” de la realidad de las fuerzas políticas, “lo que quedó demostrado en el Plebiscito de salida”, a diferencia del actual, “refleja de mejor forma la realidad política del país, porque claramente antes hubo distorsiones con pactos de independientes o los escaños reservados”.
Esos límites, además, deben estar acompañados, a juicio de los consultados, por un “tono” que sea transversal entre sus actores. “Que se evite lo refundacional, los excesos ideológicos y se llegue a algo sensato“, indica el académico de la USS.
En la misma línea, Soto también cree que cualquier persona que participe en este proceso, sea electo o experto designado, “que el tono, la prestancia en la cual se acercan a deliberar, que el espíritu institucional, que las declaraciones sobrias y no altisonantes, son lo más importante”.
Esto, complementó, porque “el fracaso de la Convención anterior no se debió sólo al texto que se presentó, que tenía excesos que lo alejaban de cualquier constitucionalismo razonable, sino también al tono y a esa incapacidad de llegar a acuerdos y plantearse a la ciudadanía con humildad”.
La lucha contra el “hastío”
“Ahora ya sabemos que los Plebiscito de salida no son un trámite, hay que ganarlo“, plantea Zapata. Esto, en alusión a la necesidad de que el proceso sea capaz de convocar nuevamente a los ciudadanos y ciudadanas; algunos, tal vez, hastiados -o desencantados- del proceso.
“Si los ciudadanos no sienten que esto tiene significación para sus vidas, arriesgamos, todos, como país, un nuevo Rechazo. Esto significa hacer las cosas técnicamente bien, mucha cooperación, y que esto no es en vez de la política social, de la lucha contra la delincuencia o el terrorismo”, agregó.
De lo contrario, plantea Zapata, “las personas que entienden que esto es inútil o no captan la existencia de un problema constitucional, vayan convenciendo a más y más compatriotas que este es un divertimento de profesores de ciencia política, que es un juego más de la clase política que se entretiene haciendo estas cosas y obligando a la gente a ir a votar”.
Fuente: emol
