Fue en el inicio del estallido social, cuando los alcaldes tomaron la iniciativa en términos constitucionales, llegando incluso a organizar en diciembre de 2019, una encuesta ciudadana nacional que puso de relieve las principales demandas sociales. 2,5 millones de ciudadanos participaron en 225 comunas. El resultado fue que un 92% de los votantes estuvo de acuerdo con que Chile tenga una nueva Constitución y un 71% de ellos se inclinó porque esta sea redactada por una convención constitucional, integrada en su totalidad por ciudadanos/as electos íntegramente para este efecto.
“Nos arriesgamos con un sistema nunca antes utilizado en Chile, una votación inédita por internet”, recuerda el Jefe comunal, quien agrega que “nos metimos en ese momento en el tema nacional, nosotros estamos siempre metidos en el tema local, pero vimos una falta de gestión, una falta de visualización futura y nos empezó a angustiar”.
A días del plebiscito, Carlos Cuadrado Prats, propone que “la nueva Constitución debe considerar un descentralización real y la descentralización no pasa por los gobiernos regionales sino por los Municipios, por lo tanto a los constituyentes que salgan electos, sólo recomendarles que tengan esa idea, de que en la medida de que el producto interno bruto en su 40% como lo hacen los países de la OCDE, se administren por parte de los Municipios y no el 17% como se hace en Chile, el desarrollo es más parejo, más constante y a lo largo de todo el territorio nacional”.
El contexto actual da cuenta que el rol municipal puede ser clave, tomando en cuenta el desigual escenario, en el que un 92% del territorio chileno es rural, sin embargo, la población es en gran medida urbana, llegando a un 64,1%. Las municipales urbanas presentan altos índices de desigualdad, por ejemplo, en términos de pobreza, donde Vitacura figura con un 0,3% y en Alto Biobío esta llega casi al 60%, sumando de paso que el 21% de la municipalidades chilenas tiene una pobreza superior al 30%, según la OCDE.
En esa línea el Vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades asevera que “la descentralización y la discusión constitucional que debe darse, dice relación con el rol que van a cumplir en el futuro, los gobierno locales, los municipios, en el entendido que los ciudadanos valoran y respetan la forma y liderazgo que hemos tenido para conducir primero, una crisis social como fue el estallido y luego la pandemia en todo lo que implica lo sanitario, la trazabilidad y todo aquello que implica calidad de vida para los ciudadanos”.
A un año del inicio del estallido social, el Alcalde de Huechuraba, recordó en un Foro Virtual de la Fundación Salud 360, que aún hay demandas patentes que no están resueltas y agrega que “si bien se dio paso al plebiscito de octubre, al cambio constitucional, el grito que existía en la Plaza de la Dignidad y en todos los lugares no se traduce en algo concreto. Me falta autocrítica todavía, me falta crítica constructiva y me falta seriedad en el comportamiento de los actores que fueron repudiados y siguen siendo repudiados por los ciudadanos. Los 6.000 pesos de aumento del salario mínimo, los millones de dólares condonados a Ponce Lerou, el caso ASIPES, lo ocurrido en el Mapocho con el joven manifestante. Todo eso son representaciones de abuso, de prepotencia, de estar por sobre el otro, y eso era lo que se quería eliminar. Por lo tanto, por un lado hay algo positivo que da curso a algo que se supone generará un mejor futuro en mejores condiciones estructurales, legales, pero el comportamiento de los ciudadanos que tienen niveles de poder sigue siendo de la misma displicencia respecto de los demás”.
Fuente: 24horas.cl
