El jueves 27 de febrero es el plazo fatal para que se concrete el desalojo de la megatoma de San Antonio, donde viven más de 10 mil personas, que en su mayoría, se asentaron desde 2019.
El terreno usurpado pertenece a la inmobiliaria San Antonio, que en 2023 puso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso -el que fue acogido para desalojo-, pero una serie de fallos y dilaciones ha llevado a que el tribunal de alzada ahora determinara que el tiempo está agotado y se debe concretar la medida. Eso sí, de manera “razonable y paulatina”.
Lo anterior implica que el desalojo se desarrolle por divisiones cuadriculares y se proteja la integridad, especialmente, de los grupos más vulnerables, como niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad y con discapacidad.
De todos modos, los habitantes de los paños usurpados afirman que pueden haber consecuencias incluso fatales si se concreta el desalojo. Así lo planteó a El Mercurio de Valparaíso, Karina Ayala, vocera del Comité Nuevos Aires de la toma: “Lo que se está haciendo ahora es hacer un enfrentamiento entre los pobladores y la fuerza pública, donde (habrá) más de algún herido, algún muerto. Toda esa responsabilidad de lo que pase aquí se le endosamos al Gobierno, porque el Gobierno no se puso los pantalones”, expresó.
El diagnóstico de Ayala no se aleja del que tiene Diego Pereira, abogado representante de la inmobiliaria San Antonio, dueña de los terrenos. Ayer, en conversación con Emol, afirmó que si bien hay voluntad de los propietarios para vender y evitar el desalojo, el Gobierno “no cumplió” con compromisos asumidos que podrían haber dado un mejor desarrollo a este proceso.
“Bajo esas condiciones de incumplimiento constante de los compromisos que ellos habían asumido con nosotros en las reuniones, hoy, faltando nueve días para el desalojo efectivo mediante la intervención de Carabineros, no existe ningún tipo de acercamiento real y efectivo. O sea, no tenemos ningún punto de encuentro con el Gobierno”, subrayó.
Esto, mientras el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, esperan reunirse con los propietarios el lunes, con la intención de llegar a un acuerdo que les permita tener “más tiempo” para buscar alguna salida habitacional a los pobladores, o para poder revisar la eventual compra del terreno de 257 hectáreas cuyo precio llega a 0,69 UF el m2.
En conversación con Emol, expertos revisan las eventuales soluciones que podrían abrirse para las familias si es que se concreta el desalojo. La mayoría coincide en que se trata de un escenario “de gravedad”, que no tuvo solución oportuna y que requerirá de un plan integral para lograr, en alguna medida, encauzar lo que ocurra después del 27 de febrero.
“El escenario es de gravedad”
Para Uwe Rohwedder, urbanista de la U. Central, se ve complejo que se llegue a un acuerdo por el precio fijado, y “para no seguir generando otro precedente para solucionar estos temas, ya que estamos en número creciente en tomas en los últimos años. El escenario es de gravedad, ya que un desalojo de 10mil personas y 4 mil familias con niños“.
En esa línea, sostiene que el no tener un plan de reubicación, aunque sea pasajero o temporal, “puede, por un lado incrementar la gente sin casa y por otro, puede esperarse una resistencia de parte de los ocupantes que se habían organizado en cooperativas para acceder a subsidios. El único subsidio a estas alturas que se podría ocupar es uno de arriendo para que se puedan ubicar en la zona”.
Por su parte, Pablo Allard, Decano de la Facultad Arquitectura UDD, comenta que “estas son tomas recientes, post-estallido. Por lo que hubo tiempo para evitar su consolidación y buscar alternativas. La alcaldesa Frenteamplista del momento (Macarena Ripamonti) no se atrevió a desalojar a tiempo antes que se consolidara, pese a las solicitudes de los propietarios”.
“El problema de romantizar las tomas y usarlas como herramienta política para mostrar la idea de David contra Goliat, o de los inmobiliarios voraces contra las familias pobres es que al final demuestra ser más injusto con miles de familias que llevan años esperando una solución”, subraya.
En esa línea, recuerda que la toma “no solo afecta el derecho de propiedad y un gran proyecto urbano, sino además compromete el camino de acceso al mega puerto de San Antonio, que es una infraestructura crítica para el desarrollo futuro del país”.
¿Es viable el desalojo masivo?
A juicio de los expertos, las opciones ante un desalojo masivo son prácticamente nulas en este punto, a menos que se logre llegar a un acuerdo entre los propietarios y el Estado.
Alejandro Orellana, arquitecto y académico del departamento de Arquitectura de la U. de La Serena, comenta que “la alternativa de desalojar de una vez es impracticable, porque no se tiene de capacidad logística (personal de la fuerza pública, maquinaria, transporte, etc.), tampoco se tienen alternativas inmediatas de vivienda para las familias desalojadas lo que podría generar una grave crisis social. También puede generar enfrentamientos o episodios de violencia que tengan consecuencias fatales y se agrave más el problema”.
Iván Poduje, ex candidato a alcalde por la comuna de Viña del Mar y director de Atisba, coincide con el diagnóstico, y subraya que el Estado en este momento “no tiene muchas alternativas”, y que el desalojo es “política y físicamente inviable”. Considerando la magnitud del asentamiento y que se trata de familias con niños, “la verdad es que no hay ninguna opción de erradicar o sacar por las fuerzas a esas personas”, tanto por escasez de fuerza policial y por los factores humanitarios.
“Tampoco hay viviendas donde localizar a esas familias, ni albergues. Por lo tanto, la verdad es que esto no tiene salida. La única salida es que se llegue a un acuerdo entre el propietario y el Estado”, subraya.
Fuente: Emol
