Pasadas las 16.00 horas, la senadora Isabel Allende (PS) llegó al hemiciclo del Senado para dirigirse a sus pares y a la ciudadanía, cinco días después de que el Tribunal Constitucional resolviera su destitución a raíz de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.
Desde el podio del hemiciclo y entre lágrimas, Allende se dirigió a sus pares: “Después de décadas compartiendo este espacio democrático, este Parlamento, que ha dado forma a mi destino y vocación de servicio público, me veo hoy en la necesidad y en el deber de hablar en uno de los momentos más duros y difíciles de mi vida. No es fácil dirigirme a ustedes. Probablemente sea mi última intervención en esta Sala (…) En los próximos días se conocerá el fallo del Tribunal Constitucional. Como corresponde en una democracia, este fallo será aceptado. Pero aceptar no significa guardar silencio. Aceptar no significa renunciar a expresar el profundo dolor y la honda injusticia que esta decisión representa (…) estamos ante un fallo que, más allá de su aparente legalidad, vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y sentido democrático”.
“Sí, reconozco que como parlamentaria de una larga trayectoria debí haber tenido presente el artículo 60 de la Constitución. No rehúyo mi responsabilidad, pero no soy abogada. Jamás he tenido contrato alguno con el Estado, y no tengo y nunca he tenido una empresa, y ante todo actúe confiando en la institucionalidad ¿Se imaginan ustedes que había puesto en riesgo más de 30 años de servicio público, de lucha democrática, si hubiese tenido conciencia de estar infligiendo supuestamente una norma constitucional? ¿Realmente alguien cree que había actuado con dolo, sabiendo que ponía en juego mi historia y mi dignidad política? Confié plenamente en los órganos encargados de llevar adelante la adquisición de la casa familiar”, agregó.
En ese marco, Allende dijo que “como familia compartimos la idea del Presidente Gabriel Boric de transformar las casas de los dos presidentes, Patricio Aylwin y Salvador Allende, en casas museos. Dos personas que han marcado nuestra historia con un profundo sentido democrático. Casas que han sido espacios importantes en nuestra historia”.
Además, explicó que “una vez tomada la decisión presidencial, se aprobó la partida correspondiente en la Ley de Presupuestos de 2023 en este Parlamento. Quiero hacer claro que no solo no estuve en la Subcomisión de Cultura, como tanto no estuve en la ratificación final de la comisión mixta que cierra y aprueba la Ley de Presupuestos. Es más, recién me enteré en enero de 2024 de la existencia de una partida presupuestaria. Desde ahí, actuamos como corresponde siguiendo paso a paso las indicaciones que nos entregó el Gobierno. Quizá mi error fue el no haber consultado más, pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos admitió o recordó que existía una posible inactividad constitucional”.
La senadora estuvo acompañada en el hemiciclo por los ministros socialistas (y cercanos a la tienda) Álvaro Elizalde, Carlos Montes, Luis Cordero y Mario Marcel, así como por los subsecretarios Jorge Daza y Heidi Berner. También, por diputados de la bancada del PS.
En su arribo, el ministro de Vivienda Carlos Montes dijo que llegó al Congreso Nacional a acompañar a la legisladora y que la decisión del TC la recibe con mucho “dolor”. “Espero que la historia lo clarifique”, dijo el secretario de Estado.
Mientras que Allende guardó silencio al ingresar al hemiciclo y evitó responder las preguntas de la prensa.
Aunque el fallo del Tribunal Constitucional aún no ha sido oficializado, Allende se despidió de sus compañeros, pese a que podría continuar en funciones hasta que la decisión se haga efectiva.
Críticas a Francisca Moya
El discurso de Allende se produce en medio de presiones contra la jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, quien admitió haber estado al tanto de la inhabilidad de Allende y de la exministra Maya Fernández cuando visó el decreto. Sin embargo, sostuvo que no era su función advertir al Presidente Gabriel Boric sobre la inconstitucionalidad del acto.
Las declaraciones de Moya generaron gran malestar en el Partido Socialista, varios militantes calificaron sus dichos de insólitos y exigieron su salida. El senador Alfonso de Urresti (PS) fue más allá y emplazó directamente a la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, pidiendo explicaciones sobre por qué Moya sigue en su cargo, considerando que, a su juicio, cometió un error político y jurídico.
Tanto Lobos como el actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde — quien previamente se desempeñó como jefe de la Segpres— defendieron la permanencia de Moya en su puesto, destacando sus capacidades profesionales y reafirmando que cuenta con el respaldo del Ejecutivo.
Fuente: Emol.com
