El fenómeno no es nuevo, pero cada vez se ha hecho más conocido: la proliferación de amenazas a quienes representan a la institucionalidad en el país: alcaides, alcaldes, gendarmes, carabineros o fiscales. Son decenas de testimonios que dan cuenta del alcance de estas prácticas por parte del crimen organizado, un fenómeno que afecta a distintas zonas del país y que ha llevado a las autoridades a crear instancias para enfrentarlo.
Ayer, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, constituyó otro consejo regional contra el crimen organizado, esta vez en la región de Valparaíso, el que se suma a instancias similares en la RM, Arica y Parinacota y La Araucanía. Los consejos articulan a todos los organismos del Estado encargados de la seguridad y prevención del delito, y también abordan los ilícitos puntuales que se presentan en cada territorio.
El 4 de agosto, cuando se creó el consejo contra el crimen organizado en Arica, el Tren de Aragua fue un tema obligado entre las autoridades. Y es que el subsecretario ya se había visto obligado a viajar a la zona tras las presuntas amenazas de un ataque armado por parte de miembros de la célula de la organización criminal a Carabineros en el sector cerro Chuño, a fines de julio.
En tanto, la creación del consejo en La Araucanía -región bajo estado de excepción- comenzó a operar el 29 de junio, se centró en tres ejes: la seguridad agroalimentaria, la fiscalización de armas y el robo de madera. En la zona también se han registrado episodios de amenazas a distintos miembros de la institucionalidad, el más reciente, al alcaide de la cárcel de Angol, Luis Poveda.
“Linda casa y hermosa familia. Te tenemos en la mira”, decía el lienzo dejado en el mismo sitio donde fueron quemadas maquinarias en un fundo de Enel, firmado por el grupo radical Resistencia Mapuche Malleco. Dos días después, Gendarmería firmó un acuerdo con los representantes de los comuneros en huelga de hambre, quienes pedían su traslado a los CET, recintos carcelarios semiabiertos.
Así, explican los entendidos, en la diversidad que existe en el país, las prácticas del crimen organizado también varían en sus objetivos: generalmente son económicos pero los hay también políticos. Sin embargo, al final del día, lo que impulsa el patrón común del uso de amenazas es que el Estado retroceda a través del amedrentamiento a su orgánica, porque para estos grupos un Estado funcionando, sin corrupción, o “sin vacíos que ocupar”, es un problema.
“El crimen organizado es una forma de cometer delitos y es multipropósito: hay que verlo como la amenaza y el riesgo que tiene para el sistema político de nuestro país (…) al mismo tiempo, el poder político representa una amenaza para ellos, por cuanto es capaz de generar leyes e institucionalidad”, plantea a Emol Patricio Tudela, director del diplomado de análisis criminal de la Universidad Alberto Hurtado.
Así, estas prácticas de amenazar forman parte de la “construcción de marca” de estos grupos organizados; tal como ocurre muchas veces con la ostentación de lo que logran robar, también les resulta importante mostrar el poder que pueden ejercer sobre un territorio, y para eso, siempre hay un “enemigo” al que hacer retroceder.
El “tenor” de las amenazas
“Cuando un grupo del crimen organizado te amenaza, están 100% dispuestos a cumplirla“, explica Pilar Linaza, investigadora de AthenaLab. Esto, porque las lógicas en las que operan en el mundo los integrantes de estas bandas es distinta: “para ellos, la muerte está a la vuelta de la esquina, es algo que puede pasar en su ‘trabajo’ y está incorporado en su ADN criminal; no les genera mayor remordimiento y luego de un homicidio pueden ir a celebrar el cumpleaños de sus hijos”.
Por eso, es clave que las investigaciones puedan lograr esclarecer si las amenazas efectivamente provienen de estos grupos o si se trata de bandas que se “cuelgan” del fenómeno e intentan aprovecharse del temor que infundan células como el Tren de Aragua en un territorio.
“Si efectivamente se comprueba que son amenazas, por ejemplo, del Tren de Aragua a un alcalde, habría que tomar medidas importantes con respecto a la seguridad que va a recibir esa persona, porque ellos cumplirán esa amenaza de ser necesario“, complementa Lizana.
Esas medias son las que el subsecretario Monsalve aseguró a fines de julio que se habían tomado tras las presuntas amenazas a Carabineros, y recalcó que la información fue considerada “relevante y la analizamos con seriedad”. Fue, en ese contexto, en que se conformó el Consejo Asesor Nacional contra el Crimen Organizado; una respuesta a la necesaria coordinación y actualización de los recursos de los órganos del Estado para estos nuevos modelos delictuales.
Grupos radicalizados
Hace poco más de un año, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, valoró el trabajo de los funcionarios de la Macrozona Sur, en medio de un nuevo recrudecimiento de la violencia. “De manera lamentable, en el cumplimiento de esta labor, han existido intentos de amedrentar a los fiscales por el sólo hecho de hacer su trabajo; estas amenazas y ataques no son tolerables de modo alguno, y los rechazamos enfáticamente, y no logran ni lograrán su objetivo de intimidar”, dijo en un breve registro.
Se trata de un antecedente más que da cuenta de un fenómeno que parece ir en escalada. En julio de este año, el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud), Patricio Aguilar, dijo en entrevista con Biobío que los jueces y funcionarios “sienten miedos en sus traslados, desde y hacia sus domicilios” y han sido “objeto de ataques y amenazas”.
Ese mes, también se conocieron una serie de amenazas a los alcaldes de La Araucanía. No era un hecho inédito, pero para ellos sería un signo del recrudecimiento de la crisis de seguridad que se vive en la zona. “Tenemos seis alcaldes, sobre todo de Malleco, que están amenazados de muerte (…) por buscar la paz, por buscar reuniones que a ellos no les gusta, a estos terroristas“, dijo el alcalde de Cunco y presidente de la Asociación de Municipalidades de La Araucanía (AMRA), Alfonso Coke.
¿Qué lógicas operan en estos casos? Lizana plantea que este tipo de amenazas son distintas a las que ocurren en la Macrozona Norte. “Sobre todo si miramos a la CAM, porque ésta tiene un proyecto político muy definido. En el útimo video que se conoció de Héctor Llaitul durante la presentación del libro, él demuestra que tiene un proyecto político y que para poder llevarlo a cabo, va a utilizar la lucha armada. Por eso habla de los fierros y los tiros”.
En este caso, “hablamos de un fin político con búsqueda de autonomía del territorio; por eso dicen no ser chilenos, no querer pertenecer al Estado y rechazar las opciones que éste les pueda brindar en cuanto a incorporación. Quieren un territorio autónomo. ¿Cómo lo consiguen? sacando al Estado del territorio. Por eso hoy tenemos predios forestales que no se pueden explotar, porque están bajo control territorial donde el Estado no llega”.
De todos modos, tal como ocurre con grupos que eventualmente se hacen pasar por el Tren de Aragua en el caso de las amenazas u otros delitos, en la Macrozona Sur también se da un fenómeno similar: además de grupos con proyectos políticos que buscan la autonomía y el territorio, existen mafias dedicadas a las economías ilegales, por ejemplo, el robo de madera.
“Estos grupos se aprovechan del ‘conflicto’ -como lo llaman las orgánicas radicalizadas-, y han logrado controlar territorio. Como el Estado ha retrocedido, queda un vacío que estas mafias explotan para transitar por rutas menos controladas o que la misma situación de violencia genera inseguridad; esto es en paralelo y se da una suerte de mezcla de ambas cosas en la Macrozona Sur”, complementa la analista.
¿Una tendencia instalada?
A juicio de Tudela, lo que ha primado en Chile respecto a los fenómenos asociados al crimen organizado es el “sesgo de confirmación”, es decir, esta idea de considerarse tan distinto al entorno, que aquello que sucede en los países vecinos “no es posible que ocurra aquí”. Sin embargo, eso se ha convertido en una dificultad, porque “desfigura un riesgo y una amenaza que es inminente“.
“Hay que dejar la fase de asombro, debimos habernos preocupado de esto hace dos décadas atrás. Pero como se trata de llorar sobre la leche derramada, es necesario hacer ajustes urgentes, como entender cuáles son los planes estratégicos de ambas policías o del Ministerio Público, porque al final del día, estas instituciones, que son las que están en primera línea, tienen algún grado en el análisis de los escenarios probables en el corto y largo plazo”, complementa el académico.
Para Lizana, este incremento de amenazas se podría comenzar a dar como una práctica habitual “si Chile se consolida como lugar de operaciones del crimen organizado. De ser así, estas organizaciones van a tener que utilizar las amenazas y amedrentamiento a las instituciones para poder ir generando control territorial, ya sea para sus proyectos políticos o económicos”.
En esa misma línea, ambos analistas coinciden en que ante este escenario queda abierta otra duda: si mientras el Tren de Aragua se “roba” la atención en la Macrozona Norte, existen otras organizaciones configurándose silenciosamente y buscando “otras oportunidades” dentro del negocio.
Fuente: Emol.com
