La Comisión de Educación respaldó, por siete votos a favor y cuatro en contra, la idea de legislar del proyecto que dispone la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula y similares por parte de instituciones de educación superior durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de la pandemia del COVID-19.
El texto fue presentado por los diputados Juan Santana (PS), Rodrigo González (PPD), Luis Rocafull (PS), Gonzalo Winter (Comunes), Maya Fernández (PS); Camila Rojas (Comunes) y Camila Vallejo (PC).
La instancia votó previamente la admisibilidad de la moción, considerando los desencuentros que el proyecto concitó entre parlamentarios, instituciones de educación superior y el Gobierno en el debate que se desarrolló en sesiones anteriores y que se mantuvieron hasta esta última sesión.
Al respecto, María Fernanda Badrie, jefa del Departamento Jurídico de la División de Educación Superior, explicó que la propuesta se aleja del mandato constitucional.
Entre otros puntos, planteó que el proyecto debería ser inadmisible ya que corresponde a atribuciones exclusivas del Presidente de la República.
En dicho sentido, precisó que el estado de catástrofe está regulado en la Constitución y allí se establecen qué acciones se pueden realizar de parte del Presidente, detallando que hay limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.
Por su parte, el subsecretario de Educación, Juan Eduardo Vargas, dijo que no quieren desentenderse del problema o mostrarse indolentes. No obstante, recalcó que se han establecidos medidas en pro de de los estudiantes.
Vargas precisó que el 91% de las instituciones han adoptado medidas para flexibilizar aranceles. Además, detalló que, en su minuto, se extendió el periodo de postulación a beneficios estudiantiles hasta el 27 de marzo.
La instancia legislativa acordó que, tras la aprobación en general de la moción, se especifique mediante una nota que en el debate en particular se realizarán indicaciones al proyecto que vayan en la línea de buscar otros mecanismos para solucionar el problema que enfrentan los estudiantes, que no impliquen la pérdida de recursos para los centros educacionales.
“EL PROYECTO SE PERFECCIONARÁ”
La presidenta de la comisión de Educación de la Cámara, Camila Rojas, explicó que “con esta aprobación en general se abre la discusión, recibimos varios invitados, particularmente de las comunidades estudiantiles, los rectores, trabajadores y trabajadoras, también estudiantes, quienes nos presentaron una serie de precauciones que hay que tener en consideración, por lo tanto este proyecto sí o sí va a ser modificado durante su tramitación”.
La diputada agregó que “aquí queremos dar respuestas a aquellos estudiantes que sufran las consecuencias de la crisis, para que no tengan que abandonar sus estudios, y además tenemos que tener la preocupación de que las instituciones de educación superior no caigan en situaciones de inestabilidad. Con esas dos consideraciones intentaremos perfeccionar este proyecto”.
Fuente: 24horas.cl
