El Ejército habría intervenido los teléfonos de al menos cuatro militares que denunciaron casos de corrupción institucional, tanto de forma pública como judicial.
La investigación realizada por Radio Biobío, reveló que uno de los uniformados que fue grabado fue el capitán de Ejército, Rafael Harvey, cuya baja no ha sido firmada aún por el Presidente Sebastián Piñera.
Harvey fue procesado y detenido por el delito de sedición, en el marco de la investigación de la Fiscalía Militar que lo condenó a cinco años de cárcel. Sin embargo, la Corte Marcial el 12 de junio pasado revocó el fallo y lo declaró inocente.
La Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) fue el organismo encargado de llevar a cabo la intervención telefónica, la que fue instruida durante la administración del excomandante en jefe Humberto Oviedo Oviedo, actualmente indagado por corrupción.
Según Biobío, el Ejército solicitó autorización a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que resolvió la petición basándose en la Ley de Inteligencia.
Para lograr obtener el permiso judicial y llevar adelante estas labores intrusivas, el Ejército habría argumentado que los uniformados podrían estar entregando información que afectaba a la institución y la seguridad nacional o en el peor caso militar.
Fuentes institucionales consultadas por la radio confirmaron las intervenciones telefónicas, las que recalcaron que las labores se apegaron a la legalidad y que el magistrado que visó el procedimiento siempre estuvo al tanto de qué militares eran escuchados y las razones.
En las transcripciones, por el contrario. no se revelarían problemas para la seguridad nacional u operativa del Ejército, sino información de cómo se desarrollaban las investigaciones que sustanciaba la justicia por casos de corrupción, asegura Biobío.
Entre ellos destacaría el caso de fraude en el Ejército, hoy a cargo de la ministra en visita Rommy Rutherford.
Tras la publicación de la investigación, el Ejército emitió un comunicado donde aclara que todas las indagatorias se hicieron de acuerdo a la ley.
“La institución estima necesario aclarar que las actividades de inteligencia y contrainteligencia, necesarias para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional, se han ajustado plenamente a las disposiciones de la ley N° 19.974 ‘Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia'”, dice el documento y explica que “se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el sistema o de su personal”.
Fuente: 24horas.cl
