El ministro Carlos Montes deslindó responsabilidades en la subsecretaria Rojas y le reclamó personalmente al presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, por haber afirmado que él había sido informado en su momento de las denuncias en contra de la Fundación Democracia Viva. La UDI, en tanto, presentó una querella y RN ingresó dos requerimientos a la Contraloría para exponer la falta de diligencia del Ejecutivo.
“Tenemos que ser muy claros y firmes. Si en el pasado desde nuestro sector político fuimos muy duros en condenar todo tipo de actos reñidos con la fe pública… Y en donde hubiese delitos o presunciones de delito, eso le corresponderá decirlo a la justicia; hoy día, cuando quienes están involucrados son personas cercanas al gobierno tenemos que tener el mismo estándar e incluso ser más firmes”.
Con esas palabras y con un tono enfático, el Presidente Gabriel Boric se refirió este jueves al lío de platas que salpica a su gobierno, luego de que se conociera la existencia de convenios suscritos por el Serviu de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, que involucraban a dos militantes de RD, cercanos a la diputada Catalina Pérez (también militante de esa colectividad).
El Mandatario -en el marco de una actividad en Recoleta, en la que estuvo acompañado del ministro de Vivienda, Carlos Montes- manifestó que “acá no puede caber ningún tipo de complacencias, ningún tipo de protección, sino que tenemos que ser muy claros en que este tipo de situaciones no las vamos a permitir”.
En esa línea, el Jefe de Estado comprometió “colaboración absoluta” con el Ministerio Público, que inició una investigación de oficio sin esperar la denuncia del gobierno. “Si la Fiscalía decide involucrarse, es porque hay sospecha o antecedentes de delitos y eso es gravísimo, y nuestro gobierno tiene el deber y la exigencia de colaborar en todo el proceso”, añadió tajante el Jefe de Estado.
De esta manera, el Presidente bajó la línea para enfrentar el asunto, el que, según reconocen en el oficialismo, golpea la “línea de flotación” del discurso fundante del Frente Amplio: renovar la política y las prácticas de quienes están en el poder. Por esta misma razón, según reconocen en el Ejecutivo, el Mandatario está preocupado y molesto con que en su administración ocurra un hecho de este tipo, que podría revestir un caso de corrupción.
Un poco antes de las declaraciones del Mandatario, el ministro Montes -quien ha tenido que dar explicaciones por el tema debido a que su cartera está involucrada en el caso- llamó por teléfono al senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, para quejarse en duros términos por su actuar.
En una entrevista en Radio Concierto, el senador del Frente Amplio comentó que la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), le había advertido en su momento a Montes que había llegado una denuncia de presuntas irregularidades en convenios suscritos por el Serviu de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.
“La conversación que hemos manejado, que hemos conversado con la misma subsecretaria, es que cuando ella recibe la información lo conversa en el ministerio, con el ministro y también con todo su gabinete, y empieza a recabar información con el seremi. Y el problema es que la información que le fue entregando el seremi, lo que nos dice la subse, es que fue como parcial, fue de a poco, hasta que la cosa fue como creciendo en términos de los problemas vinculados con este convenio en el fondo”, dijo Latorre.
Al enterarse de las afirmaciones del senador de RD, el ministro socialista montó en cólera, según fuentes gubernamentales, ya que lo exponía a un posible incumplimiento legal.
“El presidente de RD se equivocó, entiendo que hará una aclaración, pero la subsecretaria cuenta con nuestra confianza plena, ella va a seguir siendo (subsecretaria), porque la historia hay que conocerla mucho más en detalle, porque había un proceso en marcha que yo no lo conocía”, dijo Montes, deslindando responsabilidades.
El titular del Minvu explicó que “a nosotros nos llegó una información diciendo que, en esa región, en la Seremi de Vivienda y Urbanismo, se estaban contratando demasiadas personas de RD vinculadas a las fundaciones, frente a esto yo le hice ver a la subsecretaria que tenía que investigar y determinar qué estaba ocurriendo. Ella lo hizo a través de distintos informes”.
En defensa del ministro, también salieron los diputados socialistas, quienes les reprocharon a los dirigentes de Revolución Democrática un supuesto intento de implicar a Montes.
“El ministro Carlos Montes está desarrollando un tremendo trabajo en el plan de emergencia habitacional. Es una persona seria, preparada y de intachable probidad. Pretender involucrarlo en los escándalos de Democracia Viva es una bajeza”, dijo en redes sociales el jefe de bancada del PS, Daniel Manouchehri.
“El senador Latorre quiere que todos nos hundamos con él (…) Lo que hace es tratar de diluir la responsabilidad que tienen militantes de su partido (…) Creo que la subsecretaria (Tatiana Rojas) queda bastante comprometida”, añadió, por su parte, su par socialista, Tomás de Rementería.
El episodio reabrió una antigua fisura entre las dos almas del oficialismo (Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad) y que ha acompañado al gobierno desde sus primeros días.
Por lo general, esta pugna se ha manifestado entre el PS y RD, en temas como el fin del Senado, el rol pasado del ministro Giorgio Jackson y la agenda de seguridad.
La diferencia es que, en este caso, la postura de Revolución Democrática (colectividad del Frente Amplio y Apruebo Dignidad), incluso, estaba aislada dentro de su mismo sector, mientras que la posición que asumieron los socialistas tenía más respaldo dentro la izquierda.
En todo caso, por la tarde del jueves, el senador Latorre tuvo que precisar sus palabras. “Estamos completamente en sintonía con el Ministerio de Vivienda que encabeza el ministro Carlos Montes y la subsecertaria Rojas… Todo el respaldo al trabajo que está realizando el ministro Montes”, expresó.
Sin embargo, a pesar del blindaje de gran parte del oficialismo, el secretario de Estado igualmente está en la mira de la oposición, precisamente porque el Minvu no adoptó oportunamente las medidas administrativas y judiciales.
De hecho, la bancada de diputados de RN ingresó dos requerimientos a la Contraloría para que se pronuncie por la demora del Minvu para iniciar un sumario interno por este caso (proceso que recién comenzó este martes) y por la falta de diligencia tanto de Montes como de la subsecretaria Rojas en denunciar posibles ilícitos, según la obligación que impone el Código Procesal Penal a las autoridades y funcionarios públicos.
“Debió haberse realizado un sumario previamente a la renuncia (del exseremi Carlos Contreras). Vemos una intención para defraudar al Fisco”, dijo el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum.
“Si es necesario acusar (constitucionalmente), vamos a acusar a un ministro”, añadió el diputado José Miguel Castro (RN).
“Si se comprueba que la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, sabía o debía saber del convenio Democracia Viva en Antofagasta y no hizo nada al respecto, entonces debe pedírsele la renuncia. Si no, esto arrastrará también al ministro Carlos Montes por complicidad pasiva”, comentó en redes sociales el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper.
Por su parte, los diputados de la UDI Cristián Labbé, Juan Manuel Fuenzalida, Cristhian Moreira y Juan Antonio Coloma ingresaron en el Centro de Justicia de Santiago una querella por fraude al Fisco, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
“Hacemos un llamado al gobierno a asumir las responsabilidades políticas de quienes debieron advertir esta situación. Uno hubiera esperado que ‘el desde’ hubiera sido que la subsecretaria hubiera dado un paso a un costado… ¿Qué pasó durante más de un mes?”, dijo Coloma, quien demandó de Montes realizar esfuerzos para recuperar los dineros.
Adicionalmente, otro grupo de diputados gremialistas anunció una interpelación en contra del secretario de Estado.
A pesar de que los hechos resultan escandalosos, a ojos de los propios dirigentes del Frente Amplio, a la oposición le llama la atención la demora de la subsecretaria Rojas e incluso del ministro Montes en tomar medidas drásticas.
Por lo tanto, si no hay explicaciones creíbles y la Contraloría confirma los errores en la supervisión de los hechos denunciados, en las bancadas de derecha no descartaban que el episodio escale en contra del titular de Vivienda.
Desde mayo
De acuerdo a la versión de las propias autoridades del Minvu, fue a través de un correo electrónico, fechado a inicios de mayo, que la subsecretaria Rojas supo oficialmente de la denuncia que formulaba la asociación de funcionarios del Serviu.
Los primeros antecedentes daban cuenta de tres convenios suscritos por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta con la fundación ligada a RD, por un total de $ 426 millones. Por un lado, los contratos tenían la firma del representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, militante de RD, quien es pareja de la diputada Pérez. De parte del Serviu, los convenios estaban visados por el entonces secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda, Carlos Contreras, también RD, quien había sido jefe de gabinete de la legisladora que representa a la Segunda Región. Actualmente, Andrade -quien dejó su cargo en la fundación- y Contreras -quien fue removido del gobierno- están sometidos a un proceso disciplinario en su partido.
El diputado de Convergencia Social Diego Ibáñez llamó a sacar a “las manzanas podridas” del gobierno, mientras que en CNN el diputado de ese mismo partido (donde milita Boric) Gonzalo Winter admitió que podría haber hechos constitutivos de delito.
Durante la tarde, la cartera emitió un comunicado que ratificaba que el 3 de mayo se recibió la denuncia y que la subsecretaria Rojas “solicitó de inmediato al seremi Carlos Contreras, un informe detallado”. Luego tras evaluar los antecedentes pidió “tomar medidas correctivas al proceso y solicitó una investigación a la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como también una revisión exhaustiva de todos los antecedentes del caso”.
FUENTE LA TERCERA
