El Presidente Gabriel Boric criticó el proyecto que presentaron senadores de oposición para resolver el fallo de la Corte Suprema emitido en diciembre del 2022.
La resolución del máximo tribunal obliga a las aseguradoras a regirse por la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud de 2019, restituyendo los cobros en exceso a los afiliados que hayan sido realizados mediante otras tablas.
Aprobada este lunes en la Comisión de Constitución del Senado, la iniciativa busca que las isapres puedan recalcular los precios bases de los planes suscritos antes de abril 2020, con el fin de que el precio final por contrato sea lo más similar posible al valor que el cotizante estaba pagando a la fecha de la sentencia.
De esta manera, los excedentes a devolver serían menores e incluso nulos. En caso de existir, la propuesta incluye una regulación para que la Superintendencia de Salud determine la entrega del dinero de manera gradual y en forma de beneficios.
La idea ya había cuestionada desde el Gobierno, a las cuales ahora se sumó el propio Presidente Boric durante su exposición en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
“Las reglas en Chile -las reglas que todos nos damos- se deben cumplir. Y en esto, me permito referirme a un tema que ha estado en el centro del debate durante los últimos meses, que es la crisis del sector privado de la salud”, indicó el Mandatario.
“A uno podrá gustarle o no gustarle el fallo de la Corte Suprema. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero no me cabe ninguna duda en que todos debemos estar de acuerdo, en que los fallos de un poder independiente se deben cumplir”, agregó.
Boric remarcó que “lo que como Gobierno debemos garantizar es que existan las facilidades para cumplir ese fallo, pero no para evadir el cumplimiento del fallo. Ahí, debo decirlo, yo soy crítico del proyecto de reforma constitucional que se aprobó ayer en la Comisión de Salud del Senado”.
“Porque, desde nuestra perspectiva como Gobierno, lo que en la práctica realiza es evadir el cumplimiento del fallo de un poder independiente. Tenemos que garantizar, a la vez, la sostenibilidad del sector privado en el tiempo, pero cumpliendo las reglas. Y esto es un equilibrio difícil, que sin lugar a dudas es desafiante para el sector público, para el sector privado, pero que no podemos obviar”, sentenció.
El Ejecutivo ingresó una iniciativa de ley corta que aumenta las facultades de la superintendencia, fortalece Fonasa y entrega seis meses a las isapres para que informen el número de contratos afectados por la adecuación de precio, el monto total de la deuda, y entreguen una propuesta de plan de pago.
Se estima que nueve empresas tendrán que devolver cerca de $1,1 billón con esta propuesta, quedando sin la opción de distribuir sus utilidades ¨hasta que no hayan pagado la totalidad de las devoluciones.
La moción de La Moneda ha sido criticada por la oposición. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), aseguró que “no flota” al remarcar que “no soluciona (…) la posibilidad de que quiebren las isapres y que más de 3 millones 300 mil personas no tengan opción de tener, a través de seguro, una atención de salud y que presionen por tanto el sistema público”.
