El Juzgado de Garantía de Concepción, junto con rechazar las prisiones preventivas, también denegó la apelación verbal de la Fiscalía Regional del Biobío para que los cinco formalizados en el caso Lencería siguieran detenidos a la espera de una resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción sobre las medidas cautelares.
Anoche, después de dos jornadas de formalización, el juez Iohan León Espinoza decretó el arresto domiciliario total y arraigo nacional de Camila Polizzi Fonseca, los hermanos Sebastián y Diego Polanco Torres (el pimero, ex pareja de Polizzi), Rodrigo Martínez Fernández y Simón Acuña Medina. Además, dio un plazo de 270 días para el cierre de la indagatoria.
“Dándole cabida a la gravedad que significa el delito, nosotros estimamos que las cinco personas deben estar privadas de libertad por la atribución que se ha realizado, pero no a través de medidas como sería la prisión preventiva, sino que a través de un arresto domiciliario”, señaló el magistrado.
Tras la decisión del juez, la fiscalía apeló verbalmente, pero también fue descartada por el magistrado, quien la declaró inadmisible. Afirmó que los antecedentes aportados por el Ministerio Público y las defensas determinan que el arresto domiciliario total es la medida cautelar más efectiva, debido a que los acusados han acudido a tribunales cada vez que han sido citados.
¿Qué dijo la Fiscalía sobre la negativa del Juzgado?
Al respecto, la fiscal regional Marcela Cartagena expresó que “nosotros hicimos la petición de prisión preventiva, que es la máxima que se puede pedir. Consideramos y seguimos considerando que había mérito suficiente para pedirla. El tribunal estimó una cosa diferente”.
Respecto al plazo de investigación, la fiscal regional propuso un plazo de nueve meses, a lo cual se plegó el CDE, debido a las pericias faltantes como revisión de celulares, computadores y la comparación de firmas, lo que finalmente fue aceptado por el juez en consideración, además, de los 18 tomos que hay en esta indagatoria.
La Fiscalía Regional del Biobío formalizó a Polizzi y los hermanos Polanco en su calidad de particulares por los delitos estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos.
En el caso de Martínez y Acuña fueron formalizados por fraude al fisco, en su calidad de ex funcionarios del Gobierno Regional del Biobío. El primero era el administrador regional del GORE y el segundo, jefe de Desarrollo Social.
Los cinco están involucrados en el traspaso de más de $250 millones a la Fundación En Ti, arrendada por Polizzi para supuestamente capacitar a pobladores. Parte de los dineros fueron usados por Polizzi en la compra de ropa, lencería y comida. Tras el término de la formalización, los cinco imputados abandonaron el tribunal en medio de la expectación periodística.
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