El organismo requirió la información al Ministerio Público, el que indaga un eventual fraude al Fisco.
El uso de los balines de la escopeta antidisturbios de Carabineros sigue preocupando a las autoridades. Desde que el sábado la Universidad de Chile publicara el análisis de dos perdigones de un arma de la policía uniformada, en que se concluyó que estaban compuestos por un 20% de caucho y un 80% de sílice, sulfato de bario y plomo, que el Ministerio Público sigue la pista del proceso de adquisición de estos elementos.
El lunes, la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, decretó las primeras diligencias, pues el general director de Carabineros, Mario Rozas, dijo ese día que los análisis del Laboratorio de Criminalística no coincidían con los de la U. de Chile, pero tampoco con la ficha que el proveedor de los balines de goma les expuso al momento de venderles el producto.
La fiscalía abrió una causa por un eventual fraude al Fisco, pues, según lo que ha expuesto Carabineros, no estaban en conocimiento de lo que les vendió la empresa proveedora, Tec Harseim SpA. El Ministerio Público ya pidió el proceso de compra de los balines, el que no está disponible en Mercado Público por razones de seguridad, como también analizar la composición de los proyectiles.
El uso de esta arma se convirtió en un foco de tensión en las últimas semanas, pues más de 200 personas han sufrido traumas oculares por recibir impactos de estos balines.
Sin embargo, no solo la fiscalía fijó su interés en este proceso que involucra a Carabineros y la empresa. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) también tiene en el radar la adquisición de los pertrechos.
Fuentes del proceso aseguraron que el CDE ya pidió los antecedentes del proceso de adquisición de los balines a la fiscalía, para estudiar estos antecedentes.
No obstante, advierten las mismas fuentes consultadas, no solo se busca recabar antecedentes sobre una eventual responsabilidad de la empresa proveedora, sino que también de Carabinero. Ello, pues explican, las instituciones públicas que compran productos licitados deben probar y comprobar que lo que se adquirió con fondos estatales sea realmente lo que se solicitó.
Este punto fue abordado por Contraloría el miércoles, a través de su cuenta en Twitter. La entidad expuso que “las instituciones públicas ‘deben’ realizar controles respecto de los productos que compran, esto para corroborar que lo que se está comprando sea realmente lo ofertado”.
Una vez que el CDE reúna y estudie los antecedentes de este proceso, podría hacerse parte a través de una querella. En paralelo, Carabineros espera los peritajes encargados a una universidad en Estados Unidos y a un laboratorio extranjero.
Fuente : latercera.cl
