Proyecto queda listo para ser votado por todos los senadores, pero no está claro si eso ocurrirá mañana o quedará para marzo.
La comisión de Constitución del Senado despachó hoy -después de cuatro meses y tras varios llamados del Presidente electo, Gabriel Boric (CS) a acelerar su tramitación-, el proyecto que pasó de otorgar un indulto a una amnistía a los de denominados presos de la revuelta.
Hoy es el último día legislativo y la tabla de la sesión de Sala del Senado ya está establecida, por lo que según señaló el presidente de la comisión, Pedro Araya (ind-PPD) será “resorte de los acuerdos de comité” determinar si se cita a una sesión especial para revisarlo, lo que podría ocurrir mañana.
Sin embargo, advirtió que no tiene ninguna urgencia por parte del Gobierno y aseguró que el informe que elabora la secretaría “estará listo en la medida que los comités lo soliciten”.
Tras haber definido el catálogo de delitos ayer, la instancia acordó esta jornada cuál será el período que se considerará para amnistiar, estableciéndolo entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, ambos días inclusive. Esto pese a los cuestionamientos por ser un “período excesivamente largo” a juicio del senador Rodrigo Galilea (RN) y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien hoy acudió presencialmente a la cita.
Tal como había ocurrido en las sesiones anteriores, lo aprobado fue resuelto por el apoyo de los senadores Pedro Araya (ind-PPD) -autor de todas las indicaciones discutidas y presidente de la instancia-, Alfonso de Urresti (PS) y Francisco Huenchumilla (DC) y rechazado por sus pares oficialistas Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galielea (RN).
Luego se aprobó el artículo 3 del proyecto que establece que solo podrán considerarse los delitos cometidos en ese tiempo pero solo “en el contexto de las manifestaciones o desórdenes públicos acontecidos en las revueltas sociales”.
Después los senadores se dedicaron a analizar el artículo 4 que era el que generaba dudas respecto del quórum con el que debe aprobarse en la Sala, definiéndose que, según como quedó redactado, solo deberá contar con el respaldo de 22 votos (que podrían ser todos los de oposición) y no acudir a la centroderecha.
Con ese artículo además se considera no solo a las personas que permanezcan en prisión preventiva, sino que también a aquellas que ya habiendo sido condenadas puedan solicitar al tribunal que se les revise su caso y puedan acceder a esta disposición.
También se estableció que a las personas que accedan a la amnistía no se les extingue su responsabilidad civil por los delitos que hayan sido condenados.
Un artículo que generó largo debate fue aquel que indica que “los delitos que no hayan sido considerados en la amnistía deben cerrar dentro de 60 días de la publicación de la ley sin posibilidad de ampliación. transcurrido ese plazo la persona investigada, formalizada o imputada podrá solicitar el cierre de la investigación”. A juicio de la senadora Ebesnperger eso es una “letra chica” porque finalmente se busca dejar en libertad a todas las personas.
El senador Araya se defendió diciendo que eso no es así y “si no se encontraron las pruebas en un año y medio, menos lo van a encontrar ahora” además que “la norma le pide al Ministerio Público tomar una decisión, acá solo se está fijándole el plazo”. Ante eso la gremialista volvió a cuestionar que el argumento señalando que “yo prefiero que esas personas estén en prisión preventiva”. De todos modos fue aprobado por la misma votación de tres a favor, dos en contra.
En tanto, y pese a que inicialmente Araya había presentado una indicación que señalaba que las víctimas de los delitos cometidos “tendrán derecho a impetrar una indemnización” por parte del Estado, él mismo decidió retirar ese artículo primero porque fue considerado inconstitucional por la secretaría por imputar gasto fiscal y además porque si bien desde el oficialismo se planteó que debería indemnizarse a las víctimas, sería “peligroso” establecerlo en este proyecto y debería discutirse de forma aparte. Ante eso el senador De Urresti presentó una indicación que fue aprobada y que propone que “el Estado podrá elaborar un programa de reparación para las víctimas”.
Fuente: Emol.com
