La norma establece que el gobierno podrá solicitar la acción de las Fuerzas Armadas cuando “exista peligro grave o inminente” para la infraestructura crítica del país.
La Comisión Mixta logró un acuerdo en el proyecto que busca que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en el resguardo de la “infraestructura crítica” del país, aunque no exista un Estado de Excepción.
El acuerdo incorporó a los partidos de derecha y la exConcertación, mientras que el único miembro de la Comisión Mixta del gobierno, el diputado Jorge Brito, se abstuvo.
El proyecto acordado dice que “cuando exista peligro grave o inminente para la infraestructura crítica del país”, el gobierno podrá decretar, mediante decreto supremo fundado suscrito por los Ministros del Interior y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de su protección.
“La infraestructura crítica comprende aquel conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales, de utilidad pública, o aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica, al medioambiente o a la seguridad del país”, define el texto.
“Se entiende incorporada en el concepto de infraestructura crítica aquella indispensable para la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población como energía, agua o telecomunicaciones; la infraestructura de conexión vial, aérea, terrestre, marítima o ferroviaria; y la infraestructura de servicios de utilidad pública como los servicios o sistemas de asistencia sanitaria o de salud”, añade.
Esta propuesta habían sido aprobada por el Senado hace algunos meses, pero fue rechazada por la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que se tuvo que conformar la Comisión Mixta. El propio Gobierno de Gabriel Boric le puso discusión inmediata al proyecto.
“En ningún caso el ejercicio de esta atribución presidencial podrá implicar la suspensión, restricción, limitación o afectación de los derechos y garantías que establece esta Constitución ni de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentre vigentes. Las Fuerzas Armadas tampoco podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público”, establece el proyecto.
“Esta medida no podrá extenderse por más de 60 días, sin perjuicio de que pueda prorrogarse por igual período, con acuerdo del Congreso”, agrega.
Fuente: T13
