Diversas voces comentaron a Emol las trabas fundamentales para desarrollar proyectos de inversión en Chile, en medio de la urgencia por reducir los tiempos de una burocracia que “desespera”.
El engorroso sistema de permisos para el desarrollo de proyectos en Chile se ha posicionado como una de las principales trabas para el crecimiento económico del país y quizás el mayor dolor de cabeza para el sector privado. “Casi desespera”, reconoció hace algunos días el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en referencia a la asfixiante permisología.
Este problema no es nuevo, ni mucho menos particular, de hecho se ha vuelto prioridad tanto por los afectados como por los encargados de solucionarlo. Según Marcel, esta situación “no ocurre por maldad” sino porque en Chile no existe “una política regulatoria que mire el conjunto de regulaciones en la economía, sino que cada sector tiene su regulación”. En ese sentido, diversas voces han urgido por la denominada “ventanilla única” que permita agilizar la burocracia.
En esta misma línea, el secretario de Estado profundizó en que las distintas carteras e instituciones están llevando a cabo procesos de reformulación, el que busca agilizar el tema de los permisos sin ceder en materia medioambiental.
En detalle se trata del Ministerio de Medio Ambiente, el cual está preparando una reforma de la Ley de Medio Ambiente para simplificar todo el proceso de permisos ambientales, pero sin “bajar sus estándares”.
Además, se están focalizando en las concesiones marítimas, las que actualmente las otorga el Ministerio de Defensa, y que según el titular de Hacienda es “el que acumula los mayores retrasos”.
Situación similar es la del Consejo de Monumentos Nacionales, una de las instituciones que concentra una mayor cantidad de solicitudes, pero que también presenta una gran cifra de tramitaciones pendientes de resolución.
Para Marcel, la permisología es uno de los temas centrales en el diálogo que han tenido en torno al pacto fiscal, por lo que aseguró que le han asignado “máxima prioridad”.
En ese sentido, quienes han estado presentes en esas instancias señalaron que el Gobierno se basa en cuatro puntos principales: proporcionalidad, funcionalidad, irreversibilidad y la singularidad.
Respecto a la proporcionalidad, tiene relación con que el permiso sea asociado a los costos de los permiso, que todo el trámite sea asociado al tamaño y a las características del proyecto.
El otro es la funcionalidad, que tiene que ver con que si se está pidiendo un permiso de una obra que va a ayudar al medio ambiente, no se le impongan aún más trabas en esta área, porque justamente está siendo funcional para resolver los problemas medioambientales.
El tercer punto es la irreversibilidad, es decir: si un permiso ya fue otorgado, que este no tenga vuelta atrás. Y por último, la singularidad. Que tiene que ver con que las instituciones opinen sobre el tema que ellos son expertos, se mantengan en su área, y no se metan en otros temas, ya que esto repercute y solo genera más trabas.
Los nudos
El director de políticas públicas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Javier Irarrázaval, remarcó a Emol que la “permisología preocupa mucho al empresariado porque perjudica gravemente la inversión en el país”.
Dicho eso, planteó que “la tramitación de permisos (ambientales y sectoriales) de proyectos de inversión le falta aplicar en mayor grado el principio de la costo-efectividad y hacerse cargo del aumento de costos de tramitar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el país”.
Asimismo, enfatizó en que también se debiése “reducir los espacios de discrecionalidad de los diversos organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental (los OAECA), por lo que es esencial fortalecer el rol coordinador del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)”.
En tanto, Hernán de Solminihac, ex ministro de Minería sostuvo que “rediseñar el sistema de permisos en Chile es clave para resolver el problema”.
Según explicó el miembro del Comité Ejecutivo de Clapes UC, el foco principal viene de la mano en hacer “una presentación nueva del sistema de permisos en Chile que trabaje protegiendo, que es para lo cual están hechos los permisos, pero también simplifique el sistema y permita garantizar que el permiso otorgado es definitivo y no que pueda ser revertido posteriormente, porque ahí está la certeza para la gente que invierte”.
Por su parte, Rodrigo Krell, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) propuso ante el Gobierno una reforma al Consejo de Monumentos Nacionales “de modo que el alto volumen de casos que deben revisar, sean resueltos por una secretaría técnica robustecida, que pueda dedicar el tiempo necesario para cumplir con esta labor de manera oportuna“.
Para zanjar el problema, Krell consideró que es necesario “incrementar la coordinación de los órganos del Estado, a través de un organismo rector que entregue lineamientos y evite duplicidades“.
Otra necesidad que planteó es transitar hacia un sistema “más predecible a través de instancias de conversación anteriores al inicio de la tramitación (scoping), en que los titulares de los proyectos pueden conocer de manera anticipada qué se les pedirá en materia de tramitación, en lugar de ir descubriéndolo sobre la marcha”
Catalina Binder, vicepresidenta del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) aseveró que la “permisología” es un “tema estructural, porque si bien hay ciertas áreas en que se impactan transversalmente a la mayoría de los proyectos, como es todo el sistema de aprobación medioambiental”.
En ese sentido, consignó que “hay otros que igualmente afectan a proyectos de determinada naturaleza o de cierta industria”, coincidió con Krell en los permisos del Consejo de Monumentos Nacionales.
“Uno de los más transversales tiene que ver con todas las autorizaciones y permisos medioambientales“, subrayó.
Permisos medioambientales
En la actualidad el encargado de evaluar los diversos proyectos y aprobarlos es el Servicio de Evaluación Ambiental. Pero las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) pueden apelarse ante el Comité de Ministros, este es presidido por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y está integrado por Minería, Salud, Energía, Agricultura y Economía.
Este Comité se ha reunido ocho veces desde marzo de 2022, cuando asumió la actual ministra. Según indicó El Mercurio con información del SEA: se han analizado 25 recursos de reclamación durante este año. Al día de hoy existen 12 recursos en espera de ser vistos por el Comité.
Es la misma ministra Rojas quien debe reunir al Comité de Ministros, por su parte los privados reclaman que no ven urgencia en este tema. “A estas alturas, al menos que nos rechacen el proyecto para poder reclamar en los tribunales, pero este statu quo no permite hacer nada”, indicó un dirigente gremial.
A pesar de las críticas, aún quedan tres sesiones más este año, completando siete sesiones: una cifra similar a la de años anteriores y con lo cual se verían más proyectos que en 2022.
El secretario general de Sofofa, Gonzalo Russi, dijo a El Mercurio que “la inversión registrará caídas este y el otro año. Un elemento central en este retroceso han sido las crecientes dificultades que tienen los proyectos en su paso por el sistema de evaluación de impacto ambiental”.
“El estrés regulatorio se ha convertido en una barrera de entrada para muchos proyectos“, añadió.
Desde Hacienda, el ministro Marcel socializó una de las láminas sobre el pacto fiscal, que dice: “Racionalización regulatoria para proyectos de inversión”, que busca reducir un tercio el tiempo de tramitación de estos proyectos.
Busca modificar la normativa 19.300 y justamente acelerar los procesos medioambientales. Según lo adelantado, el Comité de Ministros será eliminado y el SEA será modificado.
Fuente: Emol
