El Parlamento australiano adoptó este jueves una controvertida legislación que prevé establecer penas de prisión para los dirigentes de las redes sociales que no retiren rápidamente los contenidos extremistas de sus plataformas.
Estas leyes, que llegan después del ataque contra dos mezquitas neozelandesas retransmitido en directo en Facebook por un supremacista blanco, obtuvieron la luz verde del Senado el miércoles, un día antes de que las adoptara la Cámara de Representantes.
El texto castiga el hecho de que no se retiren imágenes de “actos terroristas”, asesinatos, violaciones, torturas y secuestros, y enuncia las responsabilidades en la materia de redes sociales y proveedores de acceso.
Plataformas como Facebook y YouTube se enfrentan además a multas por valor de un 10% de su volumen de negocios anual, lo que supondría miles de millones de dólares, si no proceden a “la retirada rápida” de los contenidos en cuestión. Sus dirigentes se enfrentan a hasta tres años de prisión.
Empresas tecnológicas, expertos y abogados criticaron el texto, que superó el trámite parlamentario en un tiempo récord y cuyo futuro después de las elecciones legislativas previstas para mayo es incierto.
El primer ministro australiano, el conservador Scott Morrison, quien está en una posición delicada de cara a los comicios, subrayó la responsabilidad de los gigantes de internet. “Los grandes grupos de redes sociales tienen la responsabilidad de tomar todas las medidas posibles para garantizar que sus productos tecnológicos no son explotados por terroristas asesinos”.
El Partido Laborista, en la oposición, expresó sus reservas pero votó a favor del texto.
El 15 de marzo Brenton Tarrant, de 28 años, mató a 50 fieles en dos mezquitas de Christchurch, gran ciudad de la Isla Sur de Nueva Zelanda, y difundió imágenes en directo de la matanza en Facebook.
Unas horas después de la matanza, el gigante tecnológico aseguró que había retirado “rápidamente” 1,5 millones de copias del video.
El Law Council, el colegio de abogados australiano, tildó la ley de “acto reflejo” y advirtió sobre las posibles “consecuencias involuntarias graves”. Su presidente, Arthur Moses, señaló que podría servir para acallar a los informantes y “conllevar una censura de los medios, lo que sería inaceptable”.
Fuente: BioBioChile
