Un debate en torno a la forma en que el Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula el impuesto territorial, es decir, las contribuciones que se deben pagar según el avalúo fiscal de alguna propiedades en el país, es el que se ha dado en los últimos días, con expertos pidiendo por mayor claridad y modificaciones al respecto.
El año pasado, la recaudación por este impuesto subió 11% y acumula cuatro años de alzas consecutivas. Actualmente sobre el 40% de las propiedades está afecto a este gravamen y para el próximo año está contemplado un nuevo reavalúo de las propiedades no agrícolas, lo que implica una nueva carga repartida por todo el país.
La opacidad en el cálculo que apuntan algunos entendidos también molesta a los ciudadanos, quien han visto crecer el monto que deben pagar por contribuciones sin tener claridad sobre en qué se basan estos aumentos. Así se ha reflejado en una serie de cartas a El Mercurio.
Gustavo Serrano Ferrer planteó que el impuesto territorial no considera la capacidad contributiva de las personas. Además, cuestionó la compatibilidad del tributo con el derecho a la vivienda y llamó a buscar alternativas para equilibrar la recaudación fiscal sin afectar a los propietarios.
“Primero, al ser un impuesto al patrimonio, no considera la capacidad contributiva. En este caso, se grava directamente el dominio sobre un activo (inmueble), lo que no refleja un ‘patrimonio líquido”, dijo.
También señaló que “es extraño que no se plantee como convive este impuesto con el derecho a la vivienda. ¿Existirá alguna manera de consolidar ambos concepto? ¿Qué privilegiamos como sociedad?”.
Por último, remarcó que “si una política deriva en (o pueda impactar) una menor recaudación, se deben proponer alternativas: ¿Cómo compatibilizamos el interés particular con el fiscal?”.
“Usualmente los debates tributarios parecieran enmarcarse en un eterno enroque ¿Y si tomamos la oportunidad para ‘pensar fuera de la caja’ y reconfigurar este tributo? Quizás, aquella podría ser una excelente ‘contribución'”, finalizó
Mientras que Luis H. Clavel Matzen sostuvo que el Estado busca obtener más recursos cobrando contribuciones a quienes cumplen con la normativa, en contraste con quienes habitan asentamientos irregulares. “El problema es que el Estado necesita cada día más recursos para otorgar, entre otros, servicios a los asentamientos ilegales (tomas), aceptando así su existencia. Comprenden que allí están los votos. Entonces, mientras más crezca esa forma de lograr una vivienda, más se les cobrará a los que tienen en regla todo”, señaló.
En esa misma línea, reprochó que “seguramente, los de las tomas son los mismos que hacen comercio informal, y por ello, no pagan impuestos (ni por sus viviendas, ni la renta, ni IVA por las ventas)”.
“¡Qué fácil es vivir gratis del Estado! (En realidad, es vivir de lo que pagamos con gran esfuerzo los ciudadanos de bien, en todo tipo de impuestos que nos exigen y que periódicamente siempre se intentan subir)”, cerró.
Desde una perspectiva económica, Sergio Silva resaltó la eficiencia del impuesto territorial, pero advirtió la necesidad de evitar abusos. Y propuso el modelo de autotasación, donde los propietarios determinen el valor de sus inmuebles, con la posibilidad de que el Estado adquiera la propiedad en caso de una subvaloración evidente.
“El impuesto territorial a los bienes raíces se caracteriza por su imposibilidad de evasión con una eficiencia única, por lo que es mundialmente usado para financiar al Estado. Siendo lo anterior una realidad, evitar abusos en este impuesto es fundamental. Más comprensible para el contribuyente resultaría si fuera el Parlamento quien tenga un rol en estos dos factores, base y tasa”, manifestó.
Asimismo, agregó que “hay opciones diferentes a las formas tradicionales en cómo se procesa el impuesto a las contribuciones de bienes raíces (Harberger, “Taxation and Welfare”): En esta fórmula son los propietarios a los que se les asigna la responsabilidad de explicitar su tasación a la autoridad. En aquellos que subprecien, el Estado puede comprar acción que el contribuyente tratará de evitar cuando presente su valoración”.
“Un cambio de procedimiento, como el expuesto, debidamente implementado puede traer un gran ahorro en el costo burocrático en que actualmente se incurre. A su vez, que cada contribuyente conoce las reglas del juego respecto de su propiedad. No es fácil implementar estas propuestas, pero es claro que el impuesto gana impopularidad día a día”, finalizó.
Sin embargo, Sebastián Hudson de Póliza Gestión Inmobiliaria rechazó la idea, calificándola como “un mecanismo de expropiación encubierta” que podría perjudicar a propietarios de sectores que han visto aumentar su plusvalía sin que ello refleje un cambio en su situación económica.
“El impuesto territorial, en su forma actual, ya genera dificultades para los propietarios que han visto incrementar el valor fiscal de sus propiedades por factores ajenos a ellos”, comenzó explicando.
Luego, ejemplificó con que “una persona que adquirió su propiedad en Lo Barnechea hace 50 años, cuando la zona era prácticamente rural. Hoy, sin haber cambiado su situación económica, producto de la expansión urbana, el valor fiscal y comercial de su propiedad ha crecido exponencialmente. Para este propietario, su casa sigue siendo la misma, pero la carga impositiva es mucho mayor, siendo que su productividad es mucho menor”.
“La propuesta es obligar al propietario a autotasarse bajo la amenaza de comprar por parte del Estado. Solo agradaría esta problemática. Sería una expropiación encubierta. Esto no es solo un problema económico, sino también social y cultural, pues acelera el desplazamiento de comunidades enteras en favor de intereses inmobiliarios”, concluyó.
Las alertas que prenden los expertos
Consultados por Emol, especialistas tributarios plantearon diferentes propuestas para mejorar el sistema. Andrés Martínez, socio líder de Consultoría Tributaria de KPMG en Chile, identificó dos problemas principales: “Primero, se trata de un impuesto patrimonial basado en el valor del inmueble, no en la capacidad de generar ingresos de su dueño. Esto obliga a pagar el tributo, independientemente de si la persona trabaja o está jubilada”.
También alertó sobre el impacto en adultos mayores, quienes pueden enfrentar dificultades para pagar. “Diseñar mecanismos de alivio más eficaces podría evitar que este impuesto se convierta en una carga desproporcionada especialmente para adultos mayores que dependen de pensiones o ahorros limitados”, propuso.
Por su parte, Loreto Pelegrí, socia del área Legal y Tributaria de PwC Chile, apuntó a la falta de transparencia en la determinación de los avalúos. “El problema radica en el cálculo de la base imponible, ya que no existe claridad al respecto y se han visto criterios disímiles”, acotó.
Por eso, propuso que el avalúo se base en el valor de adquisición reajustado, en lugar del valor de mercado, para evitar que propietarios con viviendas antiguas enfrenten alzas impositivas injustificadas.
“Lo que se debería modificar es la mecánica de determinación de los avalúos, ya que se realiza en base a información enviada desde los conservadores, municipalidades y notarías (buscando una suerte de valor de mercado), sin considerar la fecha de adquisición de los inmuebles para sus propietarios que nada tienen que ver con una eventual mayor plusvalía de un inmueble que adquirieron antes de dicho aumento y del cual no son responsables”, añadió.
En esa misma línea, enfatizó que “la base del avalúo debería ser el valor de adquisición reajustado y no debería verse aumentado por el mayor valor de mercado dado que el contribuyente no ha influido en dicho valor y por lo demás cualquier plusvalía no tiene que ver con su poder adquisitivo”.
En concreto, dijo, “no podemos estar frente a situaciones donde se deba vender la propiedad para pagar las contribuciones”.
Más drástico fue Álvaro Moraga, abogado tributario y socio de Moraga & Cía, quien abogó por eliminar el impuesto. “Recauda poco, castiga la principal fuente de ahorro de los chilenos y afecta a la construcción, que es un área económica clave“, agregó.
Además, cuestionó la constitucionalidad del tributo, argumentando que su monto se modifica cada cuatro años sin una reforma legal, sino a través de una decisión administrativa del SII.
“Jurídicamente, soy de los que piensa que es un tributo inconstitucional, ya que el monto a pagar se modifica cada cuatro años sin una modificación legal sino que mediante una acción administrativa del SII, lo cual transgrede el principio de legalidad tributaria o de reserva legal del impuesto”, manifestó.
Además, dijo que “tiene el mismo defecto que el Global Complementario, en el sentido que es mayoritario el segmento exento, y minoritario el que paga. Y eso no es justicia tributaria“.
“Mientras no se elimine, al menos debe transparentarse la forma de avalúo y establecer un procedimiento simple y rápido para las reclamaciones”, sostuvo.
Fuente: Emol
