A partir de este mes de septiembre, la totalidad de los 15 millones de usuarios y usuarias del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) no tendrán que pagar por las atenciones que reciban en el sistema público de salud, lo que constituye un avance gigantesco en términos de la protección del bienestar de las personas.
Resulta llamativo que los medios de comunicación no le hayan dado a esta medida toda la difusión que merece un progreso de esta naturaleza. Significa dignidad, seguridad, bienestar y sobre todo el reconocimiento de que es posible avanzar en la garantía de los derechos sociales de los chilenos y chilenas, a pesar de que muchas veces se sostenga que no hay recursos suficientes para promover una justicia social verdadera.
Esta decisión es sumamente importante, y no solo por la seguridad que se le otorga a las personas de que un problema de salud no les signifique verse postergados o empobrecidos por los costos que tiene la medicina en el país, sino porque además se demuestra con hechos concretos que es posible un país mejor y más justo, en el que se pueden distribuir con un criterio responsable y equitativo los frutos del crecimiento económico.
Es cierto que somos un país pequeño, pero podemos contar con las riquezas necesarias para garantizar condiciones de vida apropiadas para todos y todas, si somos capaces de asegurar que los recursos generados se usen de manera razonable y propendiendo a disminuir las grandes desigualdades sociales y económicas que existen en nuestro país. No podemos seguir permitiendo y debemos dejar de normalizar que unas pocas personas acaparen y acumulen mucho más de lo que necesitan, aunque ello signifique dejar al resto de la población sin lo mínimo. No es lógico, admisible ni justo.
Si hemos podido avanzar otorgando gratuidad a las personas beneficiarias de Fonasa de los tramos C y D en todas sus atenciones en el sistema público de salud, estamos tratando con una cuestión puramente de voluntad política, la que faltó durante tanto tiempo en Chile, al límite que la gente llegó a un estado de indignación que ha puesto en riesgo la estabilidad institucional del país. Esta es una lección que debe tenerse en cuenta para que nunca más en Chile se nieguen derechos tan esenciales, como lo es el acceso a la salud, y para que se sigan tomando medidas con miras a fortalecer la salud pública y garantizar el derecho a la salud digna y oportuna para todos y todas.
Por: Jaime Mulet Martínez, Diputado
