El titular de Justicia sostuvo que “lo que hemos tenido en los últimos 10 años es que el número de plazas se ha mantenido estable, son 41.700 aproximadamente. Lo que hemos estado administrando es el plan de infraestructura más menos desde fines de la administración (de Ricardo) Lagos”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó la situación carcelaria actual y se refirió al aumento de reclusos que se ha previsto para los próximos meses, cuando se espera que lleguen a ser 52 mil.
Según ha advertido en los últimos días el secretario de Estado, esa cantidad de presos provocaría un hacinamiento importante que ya se deja ver actualmente con más de 49 mil personas privadas de libertad, considerando que desde 2012 no se han habilitado nuevas plazas en los penales.
Este lunes, aseveró que “lo que hemos tenido en los últimos 10 años es que el número de plazas se ha mantenido estable, son 41.700 aproximadamente. Lo que hemos estado administrando es el plan de infraestructura más menos desde fines de la administración (de Ricardo) Lagos”.
“Cuando a mí me han preguntado de quién es la culpa es difícil identificar un culpable, porque aquí lo que ha pasado es que hemos tenido una inconsistencia de la política pública en la última década”, añadió.
Según detalló, “como mantuvimos el número relativamente estable de personas privadas de libertad ese impacto era marginal, no era significativo, pero en los últimos 15 meses el número de personas privadas de libertad ha aumentado sustancialmente”.
“Pasamos de 41 mil el 2021 a 46 mil al término del 2022, y ya en estos pocos meses del 2023 estamos llegando a 49.600 durante estos días. Las proyecciones de Gendarmería eran que 50 mil se iban a tener el próximo año, pero está llegando este año. El sistema, por la capacidad que tiene, tiene un número crítico que es de 52 mil, porque ahí ya entraría en hacinamiento el sistema completo”, indicó.
El titular de Justicia agregó que “el problema de la indisponibilidad del número de plazas que hay en la actualidad es producto de una década zigzagueos e inconsistencia en la política pública”.
FUENTE LA NACIÓN
