El tribunal de alzada indicó que las medidas cautelares dictadas contra el edil de Coronel y otros funcionarios son acorde al proceso, teniendo en cuenta la irreprochable conducta anterior y la colaboración en la investigación.
La Corte de Apelaciones de Concepción mantuvo las medidas cautelares contra el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, quien fue reelecto con más del 52% de los votos mientras enfrenta una investigación por corrupción, cohecho y administración desleal en el caso del Puerto de Coronel.
El 16 de diciembre, el Juzgado de Garantía de Coronel determinó que Chamorro quedara en arresto domiciliario nocturno y con arraigo nacional, medidas que se mantendrán tras la resolución de hoy.
La audiencia, que se extendió por más de cinco días, concluyó con el juez desechando los argumentos de la fiscalía para solicitar prisión preventiva. Chamorro está siendo investigado junto a otros seis imputados, incluyendo al concejal Eduardo Araya Poblete y los empresarios Víctor Olivares Matamala y Hernán Romero Sáez.
“Compartiendo los aspectos sustanciales de la resolución en alzada, en cuanto a los elementos que el juez a quo consideró para tener por justificados los delitos y la participación atribuida a los imputados Boris Chamorro Rebolledo, Víctor Olivares Matamala y Daniel Chamorro Madariaga, esta Corte estima que respecto de ellos las medidas cautelares impuestas por el juez de primera instancia aseguran plenamente las finalidades del procedimiento, la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación, considerando principalmente para ello las circunstancias personales de cada imputado, su irreprochable conducta anterior y la colaboración que han prestado durante el desarrollo de la investigación”, sostiene el fallo.
El alcalde compareció vía telemática en la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción. Los abogados defensores solicitaron declarar inadmisible la apelación del Ministerio Público y del Servicio de Impuestos Internos (SII), pero el tribunal desestimó la solicitud y prosiguió con la presentación de argumentos de la fiscal Glenda Lagos.
La persecutora argumentó que la prisión preventiva para Chamorro se solicitó debido a que su libertad representa un peligro para la sociedad, citando la gravedad de los delitos imputados y la existencia de otra investigación en su contra por “capacitaciones fantasmas”.
Además, aseguró que, en su calidad de autoridad comunal, se podrían repetir los delitos que se le imputan hasta ahora.
Al respecto, el tribunal de alzada sostuvo: “En cuanto a las aprehensiones del Ministerio Público y de los querellantes sobre la posibilidad de que los imputados perseveren en su actuar delictual, al no estar privados de libertad, cabe señalar que los ilícitos investigados se habrían cometido eventualmente en concierto, mientras ellos cumplían funciones propias de sus cargos calidad que, con excepción del imputado Chamorro Rebolledo, hoy día no detentan. En razón de lo anterior, la resolución en alzada será confirmada a este respecto”.
Fuente: Emol
