De vez en cuando, Nicaragua suma un nuevo capítulo a su crisis política que acapara la atención internacional y las portadas de los medios de comunicación. Ahora el Gobierno de Daniel Ortega está en la mira a raíz de la detención de al menos 13 dirigentes opositores y líderes de la disidencia sandinista, a poco menos de cinco meses de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, donde el Mandatario buscará su cuarto mandato consecutivo.
Entre los detenidos figuran cuatro precandidatos presidenciales (Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro) y personajes clave de la historia política nicaragüense, como la ex guerrillera Dora María Téllez.
Los arrestos masivos han generado el malestar no sólo de la oposición local, sino también de la comunidad internacional, por lo que países como EE.UU. o España y organizaciones como Human Rights Watch (HRW), la OEA y la Unión Europea han calificado las detenciones de “arbitrarias” y han exigido la liberación inmediata de los capturados.
Revisa aquí las claves para entender la crisis que vive el país centroamericano.
Presidenciables detenidos
El 2 de junio, la polémica comenzó con la orden de arresto de Cristiana Chamorro Barros. De acuerdo con las encuestas, la dirigenta e hija de la expresidenta Violeta Barros de Chamorro figura como la principal carta de la oposición con posibilidades claras de derrotar a Daniel Ortega en las elecciones de noviembre.
Todo empezó con una denuncia del Gobierno recogida por el Ministerio Público, donde se acusó a Chamorro, de 67 años, de “gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos” a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, la cual dirigía.
Primero, la justicia decidió inhabilitar a la dirigente para postular a algún cargo de representación popular, desatando una serie de críticas. Luego, vino la detención y el allanamiento de su hogar.
Tres días después, y luego de volver de Estados Unidos, fue detenido en el aeropuerto de Managua el precandidato Arturo Cruz, economista y académico de 67 años que fue embajador del gobierno de Ortega en EE.UU. entre 2007 y 2009.
De acuerdo con la Fiscalía, Cruz fue arrestado por “atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.
La polémica creció el 8 de junio, con la detención de otros dos precandidatos. El primero fue Félix Maradiaga, politólogo del bloque no parlamentario Unidad Nacional, arrestado bajo los cargos de actos contra la soberanía, terrorismo y su apoyo a las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra miembros del Ejecutivo de Nicaragua. Según su abogado, el presidenciable fue agredido por las fuerzas de seguridad durante el operativo.
Esa misma noche, la policía detuvo al economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana Chamorro y ex director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). Ha sido acusado de incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos y organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización.
Otros tres dirigentes opositores han sido detenidos en los últimos días: el excanciller y miembro del bloque Coalición Nacional José Pallais; el economista y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri; y la activista Violeta Granera. Todos ellos, capturados bajo cargos como incitación a la injerencia extranjera y “pedir intervenciones militares”.
Ex aliados detenidos
Las últimas detenciones se registraron este domingo, con la captura de cinco reconocidos dirigentes de la disidencia sandinista, es decir, antiguos aliados de Ortega que se convirtieron críticos del Mandatario y han seguido haciendo política desde la oposición, a través del partido Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
Una de ellas fue Dora María Téllez, historiadora de 65 años que fue una de las comandantes de los frentes guerrilleros que luchó contra la dictadura de Anastasio Somoza en los años 70. Luego se desempeñó como ministra de Salud durante la revolución sandinista.
En 1978 participó, junto al fallecido Edén Pastora, en la toma al Palacio Nacional, una operación contra la dictadura somocista en la que la exguerrilla sandinista logró la liberación de 50 presos políticos. En 1995, Téllez ayudó a fundar el MRS con sectores críticos al liderazgo de Ortega, transformándose en una de sus principales opositoras.
Además de Téllez, la policía detuvo a la presidenta de Unamos, Suyen Barahona Cuan, y su vicepresidente, el general en retiro Hugo Torres, así como a la dirigenta Ana Margarita Vigil. En horas de la noche, se confirmó el arresto de Víctor Hugo Tinoco, sociólogo de 68 años con una larga trayectoria en la lucha sandinista desde 1973, cuando se integró a la guerrilla, y que fue parte de varios procesos de negociación entre los sandinistas y los grupos de exrebeldes de la Contra para poner fin a la guerra civil durante la revolución en los años 80.
En una declaración, la Policía explicó que Tinoco está siendo investigado, al igual que los demás disidentes, “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, y pedir intervenciones militares”.
También por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.
Antes de ellos había sido detenida la dirigenta feminista Tamara Dávila.
Polémica legislación
Estas detenciones han sido posibles gracias a un combo de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, según dijo a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez.
Una de ellas es la llamada Ley de Defensa de los derechos del Pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación, que impide postular a cargos de elección popular a aquellas personas catalogadas como “golpistas” o “traidores de la patria”.
De acuerdo con el citado medio, la ley califica como “traidores de la patria” a aquellos que “encabecen o financien un golpe de Estado”; que “fomenten o insten a actos terroristas” o que “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.
También son considerados “traidores” los nicaragüenses “que se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización” y que “exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua”.La otra ley, aprobada en octubre de 2020, es la de Agentes Extranjeros, que bloquea el financiamiento desde el extranjero a ONGs, grupos de la sociedad civil, medios de comunicación o agrupaciones políticas, y obliga a las entidades a registrarse como agentes extranjeros para recibir fondos, apunta la BBC.
Esta medida llevó a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que promovía la libertad de expresión y prensa en Nicaragua, dejar de funcionar al negarse a anotarse como agente extranjero. Posteriormente, la entidad fue acusada de lavado de dinero por las autoridades nicaragüenses, lo que llevó a la detención de su líder, Cristiana Chamorro Barrios.
Estas dos leyes, además, afectarían a los opositores que participaron en las protestas de 2018, que concluyeron con al menos 328 muertos y que significaron una gran crisis para el Gobierno de Ortega. Los líderes de esas manifestaciones fueron considerados por el Ejecutivo como “golpistas”.
El rol de Estados Unidos
La nueva crisis en Nicaragua pone también a prueba al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien prometió defender la democracia en América Latina con un enfoque diferente al de Donald Trump, pero hasta ahora ha mantenido en gran medida las políticas de su predecesor.
Por el momento, Washington respondió sancionando a cuatro funcionarios nicaragüenses, incluida una hija de Daniel Ortega. El Departamento de Estado dijo que consideraba al Mandatario centroamericano “un dictador” y prometió ejercer más presión.
Pero Trump también impuso sanciones en Nicaragua, así como medidas punitivas contra Venezuela, donde otro izquierdista, Nicolás Maduro, que gobierna desde 2013, ha visto intensificarse la presión estadounidense luego de asumir un segundo mandato hace dos años tras una cuestionada reelección.
Geoff Ramsey, de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), un grupo de investigación que promueve los derechos humanos, dijo que Biden aún tiene que demostrar cómo “se distinguirá de las fanfarronadas de Trump”.
“En la campaña electoral, Biden criticó a Trump por priorizar la retórica dura sobre una estrategia realista. Ahora es el momento de que el gobierno implemente una estrategia que combine la presión dirigida con el compromiso inteligente de forma de que realmente haya avances”, señaló.
Para Ivan Briscoe, director del programa para América Latina del International Crisis Group, el gobierno de Trump se equivocó en Venezuela al hacer demandas imposibles a Maduro, como exigirle que se fuera. No lo hizo y pocos altos cargos desertaron.
“Si hay más sanciones en Nicaragua, es necesario mantener la puerta abierta a negociaciones que no se refieran únicamente a que Ortega, su familia y sus aliados se rindan y cedan el poder“, opinó Briscoe. “Si esa es la exigencia, claramente Ortega se va a resistir”.
Fuente: Emol.com
