Desde RN al FA rechazaron el instructivo. La Anef llamó a no presentarse a trabajar y el consejo asesor del Minsal señaló que no fue consultado.
La instrucción presidencial emitida el viernes para que los funcionarios públicos comiencen a volver mañana presencialmente a sus oficinas y abandonen el teletrabajo, detonó un conflicto al desplegarse un arco de severas críticas al gobierno desde la oposición, gremios y otros sectores. Además, la orden no fue seguida por la Contraloría, el Ministerio Público y otros organismos, mientras que la Anef llamó a los funcionarios a que “no se presenten” a trabajar.
La medida fue anunciada por el Presidente en un videoconsejo de gabinete y luego refrendada por los ministros de Interior y Hacienda en un instructivo enviado el mismo viernes. Y chocó con el argumento de que es imprudente, porque aún no se alcanza el peak de contagios del coronavirus, como lo ha afirmado el Ministerio de Salud. En esa línea rechazaron la disposición y exigieron revertirla la Anef, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras entidades, así como desde el Frente Amplio a la DC.
En el Senado su presidenta, Adriana Muñoz, convocó a una sesión especial para el martes, a la que invitó a los jefes de Interior, Salud, Hacienda, Trabajo y Educación. Y en la oposición vincularon la medida al acuerdo alcanzado entre La Moneda y la Cámara Nacional de Comercio para regular sanitariamente una reapertura de tiendas, acusando así un choque entre el resguardo de la salud y el salvataje de la actividad económica.
Eso provocó que este sábado el gobierno defendiera la orden cuatro veces, sin ceder, pero con un cambio de tono y recalcando que el plan es “gradual” y excluye a grupos de riesgo: mayores de 70, inmunodeprimidos, enfermos crónicos y embarazadas.
Primero, el ministro de Salud, Jaime Mañalich aseveró en la mañana “que hay que regresar al trabajo, con todas las medidas de protección instituidas” y que “no podemos arriesgar a tener un Estado que simplemente no funcione en beneficio de la ciudadanía”.
Luego se apilaron críticas. El presidente DC, Fuad Chahin, dijo que las medidas “pueden alentar de forma irresponsable la masificación de los niveles de contagio actuales, a la fecha, desconocidos por el gobierno al carecer de una base de testeo y evidencia científica confiable” y que “vienen a desnudar el carácter ético de este gobierno, en línea y equiparable al del presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, quien recientemente señalara que ‘no podemos matar la actividad económica para salvar vidas’”.
La bancada del Frente Amplio declaró que “la actitud temeraria y triunfalista del gobierno pone en riesgo la vida”. A su vez, la mesa del PS la calificó de “imprudente, apresurada e irresponsable”, que es grave “que no se haya consultado con el consejo asesor ni con la Mesa Social Covid-19”, y que “el gobierno ha cedido ante las presiones” por la continuidad de la actividad económica.
Incluso, el presidente de RN, Mario Desbordes calificó como un “riesgo innecesario” hacer volver a los funcionarios.
De hecho, el consejo asesor del Ministerio de Salud sacó una declaración confirmando que no fueron consultados. Asimismo, manifestaron que era contradictorio que el retorno sea en tan breve plazo y que la decisión puede “crear un falso ambiente de fin de crisis”. Y el Colegio Médico llamó a reconsiderar la medida.
El gobierno se defendió a través del director del Servicio Civil, Alejandro Weber, y de la vocera Karla Rubilar, quien en un video dijo: “Le estamos pidiendo que aparezca la primera línea del Estado, para ayudar a los que más lo necesitan”. Dijo que “les estamos pidiendo que vuelvan, pero no todos, y de forma muy gradual y cuidando su situación sanitaria”.
FUENTE LA TERCERA
