La Comisión para el Mercado Financiero, además, estima que las modificaciones retroactivas al primer anticipo rentas vitalicias podría costarle hasta US$814 millones a las aseguradoras, equivalente a un 19% de su patrimonio.
El cuarto 10% será revisado este viernes por la Cámara, luego de que la instancia convocara una sesión tras la sorpresiva decisión del Ejecutivo de otorgarle discusión inmediata al proyecto.
La propuesta fue despachada el miércoles por la comisión mixta, y si bien se habían barajado alternativas para aminorar sus impactos sobre el mercado de capitales, como que el giro tributara a las rentas más altas, o incluso cláusulas de “cerrojo” para asegurar que este fuera el último retiro previsional, estas no contaron con el respaldo necesario.
Ahora corresponde que los diputados se pronuncien respecto de aquellas indicaciones que sí fueron aprobadas por la mixta, como que el pago se efectúe en dos cuotas, o la idea de otorgar un adelanto con cargo al Fisco a los jubilados por renta vitalicia.
Así las cosas, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), analizó los potenciales efectos sobre el sector financiero y la solvencia de las compañías de seguros de vida de la reforma constitucional que establece un cuarto retiro y el segundo anticipo para las rentas vitalicias.
De acuerdo a la entidad, “de aprobarse la iniciativa legal, podría tener consecuencias complejas tanto para el sector financiero como, en particular, sobre las Compañías de Seguros de Vida (CSV)”.
Respecto del sector financiero, la CMF expone que “un nuevo retiro de fondos de pensiones podría acentuar los aumentos de tasas de interés y restringir las posibilidades de las personas y empresas para acceder a nuevos créditos. Esto sería particularmente relevante para los créditos hipotecarios, en línea con lo ya observado en los últimos meses”.
En cuanto al proyecto de reforma que financia el segundo anticipo de rentas vitalicias con un crédito fiscal, si bien el regulador dice que este no afectaría en lo fundamental los contratos de los pensionados con las aseguradoras, sí explicó que “la eventual modificación del mecanismo utilizado para el primer anticipo tendría un impacto patrimonial directo y relevante en las CSV, debilitando su solvencia y, por tanto, poniendo en riesgo la oferta y los pagos de los millones de seguros que se ofrecen en nuestro país“.
“Los costos de esta modificación se estiman preliminarmente en hasta US$814 millones, equivalentes a un 19% del patrimonio de las CSV”, agrega.
La CMF sostiene que las cifras corresponden a una actualización de las presentadas previamente con motivo de la discusión legislativa de la moción parlamentaria que modificaba la fórmula de pago del primer anticipo. “Dicha actualización obedece principalmente a los efectos de la variación del tipo de cambio”, concluye el organismo.
Fuente: Emol.com