El Estallido Social de 2019 continúa generando opiniones divididas, principalmente, entre quienes se mostraron a favor del levantamiento social y quienes aseguraron que todo se trató de una ola de violencia descontrolada. Lo anterior se agudizó luego de conocerse un proyecto relacionado con las movilizaciones: “Primera Escuela de Formación en Prácticas de Acompañamiento y Elaboración de la Violencia de Estado”.
Frente a esta situación, la Contraloría General de la República ordenó a la Agencia Nacional de Investigación (ANID) explicar el financiamiento, con el Fondecyt, de este proyecto, que fue llevado a cabo por el Laboratorio de Estudios sobre Violencia Institucional (LEVI), y que se efectuó entre el 27 y el 31 de enero.
El objetivo de la acción emprendida por el órgano dirigido por Dorothy Pérez es conocer una serie de antecedentes, con el fin de entender por qué el Fondecyt facilitó los recursos para un proyecto distinto a lo tradicionalmente financiado por la ANID (iniciativas en línea con la promoción del desarrollo de investigación científica y tecnológica básica).
Por otra parte, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue uno de los primeros en dar a conocer su rechazo a esta situación. A través de su cuenta de X, el candidato presidencial sostuvo que “esta es la ‘ciencia’ que financia este gobierno ideológico”.
“Millones de pesos botados a la basura en programas y proyectos que reivindican la insurrección, financiados con plata de todos los chilenos”, agregó.
La Moneda defiende curso sobre “violencia de Estado”
Por el contrario, desde el Ejecutivo defendieron este proyecto. De hecho, la vocera (s) Aisén Etcheverry aseguró que “la evidencia científica, que es lo que se desarrolla en la universidad, a través de estos proyectos, es precisamente lo que nos permite comprender la naturaleza, los fenómenos sociales, los fenómenos económicos, y, a partir de ahí, progresar. Por lo tanto, creo que estos proyectos tienen que verse y mirarse a la luz de aquello”.
De todas maneras, en medio de este contexto, cabe mencionar que el gobierno anunció un recorte de US$700 millones en el presupuesto. Pero, especialistas, incluso, han señalado que la disminución del gasto público debería llegar a los US$1.500 millones, todo esto, para ordenar las arcas fiscales y avanzar en el crecimiento.
En ese sentido, el diputado José Carlos Meza (Republicano) sostuvo que “existiendo tantos problemas financieros en el Estado, con un déficit que sobrepasa todos los cálculos que el propio Ministerio de Hacienda pudo haber hecho, existiendo la necesidad imperiosa de priorizar los recursos en aquellas cosas que son esenciales, nuevamente organismo del Estado privilegian el financiamiento de proyectos ideológicos”.
“Hay plata para financiar el espejo retrovisor y mirar con romanticismo el ‘Estallido Delictual’ de 2019”, siguió.
En la misma línea, el diputado Eduardo Durán (RN) señaló que “este gobierno, que va de salida, ha sido fiel a su estilo de corrupción e inoperancia. Es inaceptable que recursos públicos destinados a la ciencia, se usen para financiar agendas políticas”.
“El gobierno tienen la responsabilidad de asegurar que los fondos de investigación se asignen con criterio académico, y no para validar visiones ideológicas”, agregó.
¿Qué pidió Contraloría?
Ante esta polémica, Contraloría solicitó, básicamente, el monto asignado, montos y fechas de las transferencias, valores rendidos y fechas de las rendiciones, montos aprobados y observados, con sus respectivas fechas.
También, la identificación de la organización a cargo de llevar adelante la iniciativa.
Además, el ente contralor pidió el programa detallado del curso, individualizando a los profesores o instructores y las materias dictadas, cantidad de horas impartidas, lugar y fechas de la actividad, entre otros.
Para esto, la ANID dispone un plazo de cinco días, a contar de este martes 18 de febrero, para responder a la solicitud del ente fiscalizador.
Fuente: biobiochile.cl
