El paso del sistema frontal por la zona centro-sur del país dejó al descubierto las “deficiencias” que tenían algunas de las viviendas de emergencia que fueron entregadas por el Gobierno a las familias que sufrieron las consecuencias de los incendios forestales reportados durante el verano.
De hecho, así lo reconoció esta mañana el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien en conversación con CHV también abordó la arista de en quién recae la “responsabilidad”, ya que previamente su par de Vivienda, Carlos Montes, había asegurado que sería en las “empresas que construyeron”.
“Es compartida”, dijo Jackson, junto con puntualizar que “el Gobierno tampoco puede desentenderse” y que “se activaron las garantías con las empresas“.
Si bien el titular de Desarrollo Social entregó algunas cifras respecto a las afectaciones de las viviendas (por ejemplo indicó que hasta ayer era 41 las casas con daños), más tarde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), actualizó la información y comunicó que son 79 (lo que representa un 6,4% del total que es 1.228). En detalle, 55 corresponden a la región del Biobío, 17 a Ñuble y 7 a La Araucanía.
La mayor cantidad se reportó en el Biobío, por ello, Emol consultó a algunas alcaldesas que tuvieron que vivir la situación para conocer su relato al respecto. Cabe mencionar que en Tomé hubo voladuras de techumbres mientras que, por ejemplo, en Santa Juana y Arauco, filtraciones de agua.
Ivonne Rivas (DC), alcaldesa de Tomé, consideró “inaceptable” lo que pasaron algunas familias en la comuna porque ya vivieron momentos difíciles con los incendios y ahora, ahora tienen problemas con el primer temporal del año.
De acuerdo con la jefa comunal, existió una presión de su parte hacia el Gobierno “para que llegara una nueva empresa y nos mejorarán la calidad de las viviendas que no estaban entregando”. Ello, porque la primera compañía “hizo algo impresentable” con las mediaguas: “Estaba segura que las estaban haciendo en el norte del país (…) y nuestra comuna que está en el sur, y tiene mucho viento y lluvia“.
Por lo tanto, dijo que “el Gobierno sabe que esto podía pasar y había que preocuparse de que las empresas fueran serias y responsables”, por lo mismo, sostuvo que “es responsabilidad, sin lugar a dudas, compartida“.
“Tenemos cuatro viviendas dañadas por voladuras de techo (…) que gracias a Dios no tuvimos un accidente que tengamos que lamentar. El techo voló completamente en una oportunidad de una de las viviendas, cayó al medio de la calle pasando a llevar un poste de la luz, donde también tuvieron complicaciones las familias que estaban conectadas con el poste”, puntualizó.
Agregó que como “hoy día con las primeras lluvias nos encontramos con estos problemas en la instalación de la nueva empresa”, esperan que “respondan inmediatamente a la gente, tanto en la calidad de vivienda como la instalación para que estén a la altura de lo que realmente merecen“.
Por otro lado, la edil sostuvo que “tenemos más o menos 30 viviendas de emergencia a las que se les está pasando el agua“. En tal sentido, expuso que “la empresa estuvo desde ayer trabajando en mejorar las instalaciones y les he exigido que por las cuatro mediaguas que se les voló la techumbre, tienen que construir nuevas, así que en ese sentido voy a seguir alzando la voz, porque creo que nuestra gente de la comuna de tomé no merece”.
Por último Rivas señaló que conversó con el delegado presidencial subrogante con el fin de pedir “mayor fiscalización y preocupación respecto a qué empresas le están entregando estos trabajos“.
La alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz (IND), entregó un balance en el que aseguró que los vecinos que tuvieron filtraciones “fueron reubicados en casas de familiares y hubo una familia albergada”.
Ahora bien, antes Albornoz precisó que tienen mediaguas de tres empresas, y que mientras “hay viviendas de una empresa que presentan deficiencias estructurales, otras presentan filtraciones menores, porque sus diseños no están adecuado a un territorio que tiene clima lluvioso. También hay otras viviendas de otro proveedor que no presentaron ninguna fisura”.
“Nosotros levantamos toda la información con el municipio, nos encontramos con gente de Senapred y del Gobierno en terreno, y nos parece que como los contratos no pasaron por el municipio, son una contratación directa entre Senapred y las empresas, se deben ejercer todos los recursos legales que, primero, tenga el contrato y, segundo, por algún tipo de perjuicio que le haya provocado a las familias el estar viviendo en una vivienda filtrada“, advirtió.
En la misma línea, agregó que “el Presidente ha puesto muchos más recursos que lo que ha sido en reconstrucciones anteriores, por una vivienda que vale más de 7 millones (…) pero ese presupuesto que se está poniendo a disposición del pueblo, debe ser cautelado, que se ocupe bien y las empresas en su mayoría no lo están haciendo así“-
Es por eso, que la edil concluyó que “se debería cambiar toda la reglamentación de Senapred para otorgarle más atribuciones a los municipios, a los gobiernos locales que son quienes conocen el territorio, quienes tienen conocimiento acerca de qué empresas pueden trabajar, porque es muy distinto y siempre he puesto un concepto sobre la mesa, lo que es la pertinencia territorial”.
“En los territorios rurales no todas las empresas pueden trabajar, hay empresas que tienen experiencia y otras que no, podríamos hacer contrataciones con empresas de Santa Juana, hubiésemos ayudado a pymes y hubiésemos logrado hacer una vivienda más rápida, mejor y en condiciones para el clima que tenemos acá, con la realidad geográfica que es muy distinta a la Santiago. El problema es que todo está organizado como desde Santiago y eso ha sido así desde siempre, y el Gobierno no lo ha podido cambiar en esta catástrofe, pero vamos a proponer a la delegación presidencial y al Gobierno central un modelo distinto para gestionar las catástrofes que sea más local”.
Con todo, sostuvo que “creemos que deben hacerse efectivas las responsabilidades de las empresas”, porque con lo ocurrido con los incendios y ahora las filtraciones “a las personas les produce un daño psicológico”. “Tienen que hacerse cargo las empresas y el Gobierno tiene que hacerse cargo de cumplir lo que está en el contrato“, expuso.
Por último, la alcaldesa de Arauco, Elizabeth Maricán Rivas (IND), comentó que “los daños fueron mínimos respecto a las viviendas de emergencias entregadas por el Gobierno. Las mayores afectaciones fueron filtraciones de agua, las familias (que fueron seis) no tuvieron la necesidad de ser trasladadas“.
Respecto a los dichos de los representantes del Gobierno esta mañana, dijo que “no me voy a referir en ninguno en específico, solo creo que es tiempo de asumir responsabilidades. Lo que la gente necesita es que se asuman responsabilidades, se gestionen y se ejecuten respecto a las necesidades, no estar haciendo, llamando o eludiendo responsabilidades“.
Fuente: Emol.com
