Esta semana se informó que más de medio millón de chilenos dejaron de pagar el crédito, lo que ha obligado al Estado a activar garantías para desembolsar la deuda por casi US$300 millones.
“Cómo deshacerte del CAE en cuatro pasos”, “¡Ya puedes dejar de pagar el CAE!”, “Se atrevió, confió y se liberó”. Esas son parte de las múltiples publicaciones que se pueden ver en la redes sociales de Defensa Educación, el área del estudio jurídico Defiéndete Consultores, y que desde 2018 defiende a los deudores del Crédito con Aval del Estado.
No son pocos los que se han acercado al estudio, que por estos días no ha parado de recibir llamados y nuevas solicitudes. Esto, luego que se conociera que más de medio millón de chilenos y chilenas dejaron de pagar el CAE, lo que ha obligado al Estado a activar garantías para desembolsar la deuda por casi US$300 millones.
Si en 2017 la mayor cantidad de deudores egresados de una carrera estaba al día con sus cuentas, en 2023 fue todo al revés: por primera vez, la mayoría arrastraba atrasos graves.
Son varios factores que inciden en este tipo de comportamiento moroso. Según un informe de la Dirección de Presupuestos, una razón tiene que ver con los efectos económicos que dejó la pandemia, y por otro, que la Ley 21.214 prohíbe informar las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles; es decir, el registro de morosos fue borrado de Boletín Comercial.
En el terreno más político, varias voces atribuyen la promesa de campaña del Presidente Gabriel Boric, de la condonación universal, como un desincentivo para pagar.
En tanto, desde la sociedad civil también emergen opciones para evitar el pago del CAE e incluso salir de la condición de moroso, lo que también aportaría al incremento de la cifra de los gastos en los que, posteriormente, incurre el fisco.
En dicho punto es donde entran servicios como Defensa Educación, y este sábado, en un nuevo repaso por los perfiles de los temas y protagonistas de la semana en Emol, lo revisamos con su historia y el rol que juega en este escenario.
Entre el derecho y el “compromiso” asumido
Hermann González, coordinador macroeconómico de Clapes UC, señala que es legítimo que las personas acudan a todas las instancias legales disponibles “para defenderse de algo que califican como injusto o si se sienten perjudicados por alguna decisión”.
Sin embargo, el experto comenta que las personas que estudiaron con CAE “asumieron un compromiso financiero y recibieron un servicio a cambio de un pago futuro, de manera que es difícil ver un perjuicio en estos casos, aunque puede haber excepciones, por supuesto. Además, el pago es contingente al ingreso de la persona y tiene límites, de manera que lo que corresponde es pagar el crédito”.
“El problema que veo es que el Poder Judicial intervenga, no en casos particulares, sino de forma general y que se establezca un precedente que lleve a que cada vez un número mayor de personas no pague. Esto terminaría impactando a las cuentas fiscales y el problema es que el Estado tiene diversas prioridades que financiar (salud, seguridad, vivienda, pensiones, etc) y no es claro que el financiamiento de la educación superior sea prioritario ante otras necesidades más urgentes y que afectan a la población más vulnerable”, comenta.
Esto, porque si bien el Poder Judicial es un ente autónomo, “sus decesiones pueden tener efectos indeseados sobre los incentivos, sobre el diseño de las políticas públicas y las cuentas fiscales que deben tratar de limitarse”.
“Justicia y acceso al conocimiento”
Juan Pablo Rojas, fundador de Defiéndete Consultores, comenta a Emol que la empresa surgió desde su propia experiencia; antes de cursar estudios de derecho, estuvo en la UTEM, donde estuvo en la carrera de criminalística, periodo en que se sentía “estafado por la educación“.
Junto a un ex socio, estudiaron lo que Rojas define como “la politización del endeudamiento de los créditos universitarios”, y tomaron un rol activista en la materia, precisamente, como deudores.
El móvil del estudio, y en específico la subárea de Defensa Educación, tiene dos componentes base: “justicia y acceso al conocimiento”, dice Rojas. Esto, porque rápidamente detectó que “las personas no tienen acceso a la educación financiera, y por eso terminamos con estas cifras que más de 500 mil personas no han pagado el CAE“, afirma.
Sus clientes, en general, son personas “de clase media que se tuvieron que endeudar con el CAE para estudiar, mayormente mujeres, porque a ellas la deuda las ataca de peor forma que al hombre; muchas son jefas de hogar, tienen hijos, son trabajadoras. También tenemos clientes que están en el extranjero, en general, personas que tienen rabia, incluso algunas te dicen que se arrepienten de haber estudiado en la universidad”, precisa.
Contrariamente a lo que se podría pensar, y pese a que hoy el 99% de quienes se acercan al estudio son deudores del CAE, Rojas comenta que “soy de las personas que más brega a favor de la condonación del CAE, pese a que si el Presidente Gabriel Boric condonara, yo tendría que bajar la cortina de Defensa Educación“.
Cómo es el proceso
El estudio cuenta con un manual tipo donde se explica el procedimiento que realizan, advirtiendo que cuenta con distintas etapas. Cada cliente debe firmar un contrato previo para iniciar el trámite, donde se acuerda el valor de los honorarios.
En el caso de la custodia judicial, “debe cumplirse un el plazo de un año desde la presentación de la demanda para que podamos alegar la prescripción del pagaré y buscar la finalización del juicio”, detallan.
También conminan a sus clientes a que “en ningún momento”, el deudor realice acuerdos de pago con el banco ni con la Tesorería General de la República, “ya que esto interrumpirá el proceso”. Asimismo, recomiendan y enseñan a evitar la notificación por parte del receptor judicial.
Según el instructivo, Defensa Educación advierte que se incurrirán en algunos costos, como la tramitación en notaría del mandato judicial (para acreditar la representación legal), y el pago al receptor judicial por cada notificación que eventualmente realice; todo ello, podría llegar a los $60 mil.
Otras estrategias dan cuenta de cómo el deudor puede evitar que se les retenga el dinero de cuentas de ahorro, Rut o corrientes, y qué hacer en caso de que el Banco con el que se tiene la deuda hostigue a la persona con llamados.
Fuente: Emol
