El Ministerio de Obras Públicas a través de su Dirección General de Aguas (DGA) en Atacama, iniciará a partir de este mes, un plan de fiscalización a las parcelaciones que consumen recursos hídricos subterráneos provenientes de los Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común N°5 y N°6, correspondientes principalmente a las localidades de Chamonate, Toledo, Piedra Colgada y San Pedro.
En la fiscalización se revisará de forma exhaustiva el cumplimiento de la normativa hídrica fundada en el Código de Aguas, relativa principalmente al cumplimiento del artículo 56, esto es agua para el consumo humano y la subsistencia. Para ello, se utilizarán todos los medios disponibles, como lo son imágenes satelitales, vuelos de dron y mediciones in situ. Asimismo, es indispensable la disposición de las personas fiscalizadas para el ingreso de los equipos de la DGA a sus parcelas, para así evitar la aplicación de multas por entorpecimiento a la labor fiscalizadora.
Según informó el Director Regional del organismo, Rodrigo Sáez, “el desarrollo de parcelaciones en la parte baja del Río Copiapó puede generar una presión en el consumo de los recursos hídricos del acuífero. En el caso de quienes no cuenten con derechos de aprovechamiento en el punto de explotación, se justifica la extracción de aguas solo para su uso relativo al consumo humano y saneamiento. Se enfatiza que, llenar piscinas y usos ornamentales no constituyen usos domésticos de subsistencia y serán, en caso que corresponda, sancionados.”.
Durante el 2022, la Unidad de Fiscalización de la Dirección General de Aguas Atacama resolvió 42 expedientes sancionatorios de fiscalización, estableciendo multas por un monto superior a los 85 millones de pesos.
Desde el Ministerio de Obras Públicas indicaron que, potenciar a la Dirección General de Aguas será una prioridad, que además debe ejecutar el nuevo Código de Aguas.
Para el 2023, el Presupuesto de la DGA crece en 9.000 millones de pesos solo en inversión, es decir, un 19%, mientras que el presupuesto para abordar los temas de fiscalizaciones en terreno y tecnología, aumenta en 17%, lo que significará que, además de la fiscalización ante presuntas infracciones al Código de Aguas, también se evaluará la calidad del agua.
Plan fiscalizador que se extenderá en toda la región durante los meses siguientes, por este motivo las autoridades solicitaron a la comunidad a que hagan un buen uso del recurso y eviten duras sanciones, incluso con la configuración de eventuales delitos.
