“Contraloría de Atacama nuevamente acogió mi denuncia, y en esta ocasión determinó que se deben recuperar los dineros traspasados desde el GORE a las Municipalidades de Atacama en el marco del llamado “Programa de Educación Cívica” monto que asciende a $40 millones, en un plazo de 30 días hábiles. Además de dar término a dicho convenio que era por un total de 83.000.000 millones de pesos. Las autoridades deben cumplir las leyes sin excepción. Es de conocimiento de todos que la autoridad no puede atribuirse facultades que no tiene y utilizar recursos públicos en ello”, indicó la diputada.
Hoy la parlamentaria por Atacama recibió la respuesta de la Contraloría de Atacama del requerimiento presentado a fines de abril, en donde denunció la utilización de recursos públicos para hacer campaña política por el apruebo. En este mismo punto, el organismo contralor precisó “que no corresponde bajo el nombre de programa de educación cívica sólo se dé a conocer una de las posturas sometidas a consulta en el proceso plebiscitario, ni menos que se destinen recursos públicos para publicitar y explicar única y exclusivamente dicha postura”. Lo que para la diputada por Atacama es la confirmación del mal uso de los recursos en este programa que termina siendo proselitismo político encubierto.
“El GORE de Atacama, carece de facultades para efectuar la difusión del texto de la propuesta constitucional de acuerdo con la normativa establecida, por lo que ese organismo de administración regional deberá cancelar la entrega de la diferencia del dinero comprometido en el convenio de transferencia, poner término al convenio de transferencia y recuperar los 40 millones de pesos que ya fueron transferidos”, según lo indicado por contraloría en la respuesta al requerimiento de Cid.
“Estaré pendiente que se recuperen los recursos públicos y que sean reintegrados efectivamente. No se pueden malgastar los recursos de los atacameños, todos de los chilenos, indebidamente y al margen de la ley. Los dineros deben ocuparse para lo que fueron asignados, esto es un principio central de la administración del Estado. Es mi deber como parlamentaria de Atacama fiscalizar, y denunciar cuando ocurran este tipo de situaciones”, dijo Sofía Cid.
