En el marco de la investigación que ha desarrollado la Fiscalía de Atacama por los delitos de cohecho y soborno, en relación a un contrato entre una empresa minera y la Municipalidad de Tierra Amarilla, el Diputado por Atacama, Jaime Mulet, presentó una denuncia administrativa ante el Fiscal Nacional, Juan Meléndez, en contra del Fiscal copiapino a cargo de la causa.
El caso lleva más de seis años de investigación y se ha formalizado a otras personas, quienes quedaron con medidas cautelares.
Según el representante regional, se le habría involucrado de forma “Abusiva e ilícita”, presionando a otras personas para que declaren en su contra a cambio de recibir algunos beneficios, como salir de la cárcel.
El Diputado señaló que cuenta con 5 declaraciones juradas en las que se demuestra una presión a los testigos, dejando claro que el eje central era involucrarle con estos hechos.
Además, Mulet desmintió la teoría de una reunión en las que se habría ofrecido dinero al Alcalde de Tierra Amarilla de esa época, a cambio de no denunciar a la empresa minera, reunión que fue dada a conocer por un medio de comunicación que habría tenido acceso a la investigación.
El Diputado manifestó que una de las personas que habría participado en la reunión no se encontraba en Chile en octubre de 2016 y tampoco hay antecedentes de un viaje del entonces alcalde de Tierra Amarilla a Santiago en el mismo periodo de tiempo.
Junto a eso, señaló que se encuentra evaluando la posibilidad de presentar acciones legales en contra de los fiscales a cargo de la investigación.
Finalmente, sobre la solicitud hecha por la Fiscalía de Atacama, que busca su desafuero, Mulet declaró que es algo que él había solicitado en el pasado y cree que la Corte de Apelaciones no lo acogerá.
Para referirse a esta situación, el Ministerio Público entregó un comunicado, en el que rechazaron las declaraciones del parlamentario en los medios de prensa, señalando que ha realizado una serie de imputaciones falsas y descalificaciones infundadas a los fiscales y su forma de conducir la investigación.
Agregando que lo ven como una estrategia destinada a enlodar el trabajo de Fiscalía, quienes se encuentran cumpliendo con su deber, que es perseguir penalmente a quienes podrían estar involucrados en algún delito, apegándose a la Normativa Constitucional y legal.
