“No puede ser a costa de aumentar aún más los desequilibrios fiscales”, manifestaron José De Gregorio, Eduardo Engel, Andrea Repetto y Rodrigo Valdés.
La Pensión Garantizada Universal (PGU) logró sortear la semana pasada su primera valla en el Congreso, luego de que la comisión de Hacienda de la Cámara aprobara -por unanimidad- el proyecto que consiste en un aporte directo de $185 mil mensual para quienes estén dentro del 80% más vulnerable.
Mientras que para quienes se encuentren entre el 81% y el 90% de vulnerabilidad, este monto irá disminuyendo progresivamente a medida que el beneficiario se acerca al 90%. Se excluirá así solo al 10% de mayores ingresos.
Sin embargo, la iniciativa que lo acompaña, y que asegura su financimento mediante la eliminación, o modificación, de exenciones tributarias, permanece en la instancia y se espera que sea votada la próxima semana.
Con todo, esta jornada los economistas José De Gregorio, Eduardo Engel, Andrea Repetto y Rodrigo Valdés enviaron una carta al director de El Mercurio titulada “Sin financiamiento la PGU no es solución”, en la cual critican que ambas propuestas -el apoyo monetario y su financiamiento- no estén fusionadas, corriendo el riesgo de no avanzar en conjunto.
Así, los expertos explican “el Gobierno ingresó al Congreso dos proyectos de ley separados relativos a la Pensión Garantizada Universal (PGU). En uno de ellos propone la creación del beneficio; en el otro, la reducción de algunas exenciones tributarias como parte de su financiamiento. Esta es una estrategia peligrosa, ya que con alta probabilidad se aprobarán solamente los gastos. Es urgente fusionar ambos proyectos”.
“Lamentablemente, fusionarlos tampoco garantiza que los nuevos gastos tengan financiamiento y no empeoren la ya compleja situación fiscal. El Gobierno propone que se gaste un punto adicional del PIB. Pero parte de su financiamiento consiste en desahorrar del Fondo de Reserva de Pensiones y en aprovechar un menor gasto en pensiones del sistema antiguo que ya se usó hace tiempo en financiar reformas previas”, acotan.
Y agregan “también supone utilizar supuestas holguras que no son otra cosa que un espacio fiscal fantasioso que depende de proyecciones poco realistas. Las holguras no existen cuando el déficit estructural está cerca del 4% del PIB”.
Luego expresan “nos parece que la estrategia más adecuada es que la tramitación de la PGU se dé en conjunto con la discusión de la reforma del pilar contributivo en los próximos meses. Solo de esta manera estarán los incentivos para llegar a acuerdos y aprobar una reforma que resuelva de manera integral los problemas del sistema de pensiones. Entendemos, también, que es urgente mostrar avances”.
“Ello, sin embargo, no puede ser a costa de aumentar aún más los desequilibrios fiscales, por entendible que pueda ser que el Gobierno busque comprar una victoria política en sus postrimerías”, concluyen.
Fuente: Emol.com
