Habían pasado dos días desde que se desataron los incendios forestales en la Región de Valparaíso cuando el Presidente Gabriel Boric, desde Quilpué, comparó la tragedia del 2F-que hasta ese momento dejaba a 64 fallecidos-, con el terremoto de 27 de febrero de 2010.
“Esta es la tragedia más grande que hemos vivido como país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010. Lo digo para que seamos capaces de dimensionar el dolor y la magnitud de lo que estamos viviendo en la quinta región“, dijo el Mandatario.
Desde entonces se ha cumplido más de un mes de la tragedia, que le costó la vida a 134 personas, más de 8.500 hectáreas quemadas, 50 mil toneladas de escombros retirados, y más de 8 mil viviendas destruidas, según los últimos datos emanados de la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).
En efecto, el megaincendio dejó lamentables saldos en la Región de Valparaíso, lo que ha llevado a que desde distintos sectores surgieran críticas por la gestión de la emergencia. Esto es, tanto en materia de prevención, como la recuperación y la posterior reconstrucción.
Las acusaciones incluso han emanado desde el propio oficialismo contra el Senapred, como la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán (CS), que acusó al organismo de descoordinaciones, o por parte de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), quien fue cuestionada por no tener un plan de emergencia comunal actualizado, pero que a su vez, ha arremetido contra el Presidente por la gestión de las primeras ayudas, contra el Congreso, exigiendo una ley de incendios, o el mismo Senapred. Todo ello, bajo el no tan soterrado telón político de las municipales 2024.
Frente a las múltiples críticas, el Presidente Boric ha defendido su gestión, insistiendo en las comparaciones. El martes, nuevamente en una visita en terreno a Quilpué, subrayó que “hay quienes dicen muy livianamente que aquí no se ha hecho nada, yo les quiero decir que eso no es cierto”.
“Yo les quiero pedir a todos que se hagan una idea de que, por ejemplo, todavía tenemos infraestructura que a la fecha no se ha terminado de recuperar del terremoto del 2010, o del terremoto de Coquimbo de 2014, 2015. Entonces, les pido que ante una catástrofe de estas características, se tenga perspectiva de lo difícil que es, pero que no se quepa duda que acá se van a agotar todos los esfuerzos por sacarlo adelante”.
En conversación con Emol, expertos en gestión de emergencia advierten que es “un error” hacer comparaciones entre la tragedia del 27F con la del pasado 2F, por múltiples factores: el centralismo, las pocas capacidades técnicas y la falta de aprendizaje de catástrofes anteriores.
El error de la comparación
“El mismo discurso inicial ha generado distintas trabas desde el punto de vista de la gestión. Se hizo mucha comparación con el 27F y desde la gestión, eso es un error“, plantea el consultor en emergencias, Michel De L’Herbe.
Esto, porque para el terremoto de 2010 “hubo alrededor de 2 millones de damnificados y eso es incomparable con lo que tenemos hoy día; es decir, tenemos un Estado que está funcionando, con tres principales comunas afectadas, y por lo tanto, toda la musculatura y capacidades del Estado están disponibles, por ende, el desafío es de gestión”.
En la misma línea, Octavio Rojas, académico de la Universidad de Concepción e integrante del Laboratorio de Reducción de Riesgos Socionaturales, plantea que “desde el punto de vista de la gestión, yo creo que ambos procesos no son totalmente comparables. Sólo si miramos la afectación, el terremoto afectó el área donde reside el 73% de la población nacional, y si miramos los incendios, cinco comunas resultaron afectadas, con las más de 8 mil viviendas afectadas”.
El experto estima que el actual proceso de recuperación “efectivamente ha sido lento”, y si se quisiera poner como comparación el proceso de 2010, “hay que mirar que el área afectada fue mayor, por lo tanto, muchas instituciones y municipios se enfocaron en este proceso de rehabilitación y posterior reconstrucción”.
En esa línea, el académico recuerda que hubo un factor positivo que ayudó a agilizar los procesos para el terremoto de 2010: “que el gobierno buscó descentralizar el tema de la rehabilitación y reconstrucción para buscar soluciones con carácter local, y eso facilitó lo que vino después”.
Por el contraste, plantea que la emergencia de este año fue distinta, en cuando que el terreno siniestrado es complejo, con quebradas y pendientes, lo que “lleva a pensar que la forma de abordar el problema no puede ser idéntico al 2010. Y eso nos obliga a pensar cómo organizar y optimizar los esfuerzos en el área afectada, estableciendo una gobernanza que debe ser distinta”.
Gerardo Ureta, experto en gestión urbana de la U. Mayor también respalda el “error” en la comparación, recordando además que han pasado 14 años desde el terremoto, y “existen tesis universitarias, datos, información y planes que se debieran seguir, pero al parecer, la autoridad política tiene cierto letargo. Hay mucho aprendizaje escrito y descrito, por lo que sólo con ver una llama se debieran activar todas las alarmas necesarias”.
Centralismo y dudas por capacidades técnicas
Los expertos concuerdan en que hoy existe un problema de gestión en el manejo de las catástrofes, y apuntan a una institucionalidad débil, dudas sobre las capacidades técnicas, y la lentitud de planificación del territorio o los planes de evacuación.
“Lo que hoy termina ocurriendo es un problema de gestión con una institucionalidad claramente débil, de la cual hay que hacerse cargo y de manera urgente”, subraya De L’ Herbe, quien además pone como ejemplo la ley que creó el Senapred, “que simplemente cambió el nombre y replicó el modelo de gestión, que hace fácil la confrontación entre los niveles locales y el nivel central“.
La falla, apunta, es que se conserva un modelo centralizado que está “acostumbrado a que los niveles locales vayan en apoyo del nivel central, por lo tanto, hoy tenemos fragmentación en la respuesta, lo que también se ve en esta fase de recuperación, y un ejemplo de ello es lo que ocurre en la polémica con Senapred y un municipio y el debate de que si pidieron o no casas de emergencia; o la falta de integración de un discurso que le comunique a la comunidad un mensaje claro, con expectativas claras”. Asimismo, cuestiona que no están normadas las “promesas de servicio”, es decir, que las expectativas estén asociadas al rendimiento.
Por su parte, Ureta dice dudar de las capacidades técnicas que tienen las actuales autoridades, superadas por “mucha política, mucha foto y mucha declaración; hay mucho más del deber ser que del ser. Hay muchos cargos que hoy son políticos y que debieran ser totalmente técnicos, con expertise en materia de gestión de riesgos socionaturales, no sólo en materia de incendios”.
Rojas suma otra “falencia” respecto a los intentos de la institucionalidad por avanzar en la gestión de la emergencia, como el diseño de la planificación del territorio, “el que parece avanzar con mucha lentitud, lo que deja una deuda en cuanto a la incorporación, actualización y difusión efectiva de las zonas de riesgo, específicamente en materia de incendios forestales. Lo mismo ocurre con los planes de evacuación, tal como lo vimos este año”.
“Existen los mecanismos, pero la frecuencia con que ocurren los eventos catastróficos superan a la velocidad de los cambios institucionales“, zanjó.
Fuente: Emol.com
