El gobierno de Venezuela anunció este jueves la suspensión de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dando un plazo de 72 horas al personal para abandonar el país.
Yván Gil, canciller del gobierno de Nicolás Maduro, emitió un comunicado acusando al personal de la Oficina de adoptar una “actitud colonialista, abusiva y violatoria de la carta de las Naciones Unidas” hacia Venezuela, exigiendo una rectificación pública ante la comunidad internacional.
La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, expresó: “Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los próximos pasos a seguir”.
Este anuncio de expulsión de los representantes de la ONU en materia de derechos humanos se produce tras una serie de detenciones de críticos prominentes, lo que ha llevado a la oposición y a observadores internacionales a denunciar una escalada represiva impulsada por el gobierno.
El episodio más reciente fue la detención el pasado viernes en el aeropuerto de Caracas de la periodista y activista Rocío San Miguel, quien la Fiscalía venezolana acusa de formar parte de un supuesto plan para asesinar al presidente Maduro.
