En la oposición, si bien no han hecho una propuesta formal a modo de documento, tienen convencimiento en algunas materias, como una duración más acotada del organismo, menor cantidad de redactores de la nueva Carta Fundamental y paridad de entrada, pero no de salida. En el sector, además, sacan cálculos ante la idea de un referéndum para elegir si la nueva Convención debe ser 100% electa, mixta o de expertos.
Este próximo lunes, a las 10.00, los partidos de Chile Vamos llegarán a una nueva reunión para darle continuidad al proceso constituyente y empezar a abordar el mecanismo. Pero, según dicen, no presentarían un documento con una propuesta formal, sino que más bien estarán dispuestos a discutir las diferentes medidas que se han planteado.
Sin embargo, en la derecha son varias las ideas que han sonado con fuerza y que han discutido entre ellos, en reuniones habituales que se dan a nivel de directivas los domingos por la noche y también en conversaciones de pasillo en el Congreso Nacional.
Uno de los principales consensos es que debiera ser un órgano mixto, con un 50% de encargados de redactar la nueva Constitución electos, y el restante 50%, que sean expertos que sepan de las materias que están tratando. Este es un punto que en el sector resaltan que es avalado por encuestas de opinión y que serviría como lección del proceso constituyente anterior, que terminó con la propuesta rechazada por un 62%. Otros recalcan que podría no ser una Convención mixta si es que tiene un número bajo de integrantes, pudiendo ser 100% electa, pero que de darse ese caso debiera haber un órgano paralelo con expertos. El componente expertos, dicen en Chile Vamos, no puede faltar.
“Hay que avanzar a una composición mixta de todas maneras, tal cual lo siente la ciudadanía, que recoja la experiencia práctica en el ejercicio del poder o gente que tenga una especialización académica en materia constitucional”, dijo sobre este punto el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) en entrevista con La Tercera el sábado pasado.
En la UDI, RN y Evópoli también genera consenso que sea un órgano con menor cantidad de redactores que los 155 que tuvo la anterior Convención Constitucional. En ese sentido, a muchos en Chile Vamos les gustaría que fueran 50 personas, y critican la propuesta del Socialismo Democrático de que sean 125 los nuevos convencionales.
Asimismo, hay acuerdo de que el nombre de “Convención” no gusta en la derecha, pues recuerda al proceso anterior.
Otro de los consensos es que el nuevo órgano tenga una duración acotada y no larga, para reducir los niveles de incertidumbre. En ese sentido, apuestan a que sean seis meses.
Respecto de la equidad entre hombres y mujeres, en la derecha creen que de todas maneras debe haber paridad de entrada, es decir, que exista igualdad de candidatos y candidatas en la competencia, pero que no necesariamente exista paridad de salida. Argumentan que se debe respetar a quien sacó más votos y que no resulten electas personas para hacer calzar la igualdad de género.
La inclusión de independientes en la Convención Constitucional es otro tema que genera ruido en la derecha, pero ya hay consenso transversal entre los partidos -de oposición y oficialismo- en que no habrá listas de independientes, sino que deberán incluirse en la lista de los partidos. También hay acuerdo en que el voto obligatorio “llegó para quedarse” y que cualquier conclusión del proceso constituyente debe terminar con un plebiscito aprobatorio de salida, en que todo Chile deba votar.
Además, uno de los puntos que más generan acuerdo en Chile Vamos es que exista un “árbitro” que vele por el cumplimiento de las bases constitucionales que los sectores han acordado. Hasta ahora, en oficialismo y oposición, se han consensuado 12 puntos, y en la derecha quieren que sea el Senado el órgano que cumpla ese rol de árbitro, lo que es resistido por la izquierda.
Otra materia relevante son los escaños indígenas, ya que en Chile Vamos no quieren que vuelvan a ser 17 cupos reservados como el proceso anterior. Un número que se ha comentado es que puedan ser tres, mientras que otros dicen que debe ser proporcional a la cantidad de votos que saquen en la elección. Si los candidatos indígenas obtienen un 10%, por ejemplo, se quedan con el 10% del nuevo órgano.
Respecto del reglamento, en el sector algunos están a la espera de lo que pueda proponer la Cámara de Diputadas y Diputados al respecto. Pero lo que sí genera consenso es que cualquier reglamento debe estar listo antes de la elección de los nuevos redactores.
De todas maneras, agregan que están abiertos a las fórmulas. “Nosotros no estamos enamorados de ningún mecanismo. Lo que estamos proponiendo es porque creemos que va a permitir tener un resultado razonable con una Constitución moderada y moderna. Pero si hay otros mecanismos que aseguren el mismo resultado, estamos abiertos a estudiarlos”, dijo uno de los negociadores de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez.
Los puntos que derivarían en un plebiscito de entrada
Si bien en el oficialismo desde un comienzo se sugirió que el plebiscito de entrada realizado en octubre de 2020 continúa vigente tras el triunfo del Rechazo, ante las nuevas exigencias que ha deslizado la derecha, entre las colectividades de gobierno han dejado entrever que podría revaluarse la posibilidad de realizar un referéndum para consultar a la ciudadanía, pero solo sobre el mecanismo. Esto, en todo caso, según reconocen algunos, como parte de una estrategia para presionar a la derecha (ya que están convencidos de que no quieren un plebiscito de entrada) y también a sectores del Socialismo Democrático, coalición que comenzó a abrirse a la opción de que el nuevo órgano redactor sea mixto y no ciento por ciento electo como habían consensuado previamente las coaliciones oficialistas.
El diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista) reclamó que “vemos (a la derecha) poniendo palos en la rueda permanentemente”. Frente a esto, afirmó que “si tantos elementos se están agregando, consultemos con la ciudadanía si es que quiere ese órgano mixto o uno ciento por ciento electo”.
En cuanto a la discusión sobre el “árbitro”, el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) sostuvo que “no es aceptable que el mismo Senado tutele, como una especie de segunda cámara, el proceso constituyente (…)” y que “quisiera que podamos tener puntos en común, pero, si no es posible, tendremos que evaluar otras salidas a las diferencias, lo que sería penoso, porque le trasladamos a la gente los costos”.
En la misma línea, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) advirtió que “de no haber un acuerdo político, para nosotros es una línea roja el hecho de que sea un órgano 100% elegido por la ciudadanía. Ahí tendríamos que evaluar la posibilidad de un plebiscito de entrada, que obviamente hace más caro el proceso constituyente (…)”.
Aunque está fuera de las fuerzas oficialistas, la Democracia Cristiana también ha tomado una postura al respecto. El senador Francisco Huenchumilla (DC), quien es el representante del partido en la mesa de negociación, afirmó que “si no se llega a un acuerdo, una solución sería que la gente se pronuncie sobre la fórmula”. Si bien reconoce que ya se ha llegado a acuerdo en las 12 bases, advirtió que “puede que no haya acuerdo sobre mecanismo”. En ese caso, sería necesario el plebiscito. Como sea, enfatiza que “la primera opción es buscar un acuerdo”.
En Chile Vamos, en todo caso, dicen que esta postura del oficialismo, principalmente de Apruebo Dignidad, es para presionar al Socialismo Democrático a que cierre filas con un organismo 100%. De todas formas, en la derecha reconocen que un plebiscito de entrada podría tener complicaciones para su sector, pero también creen que es una oportunidad que los puede beneficiar. Esto, porque la ciudadanía podría optar por una comisión de expertos.
En ese sentido, podrían ceder en realizar un referéndum de entrada si es que ven señales del socialismo o Amarillos por Chile inclinándose por una comisión de expertos, ya que cambiaría la dinámica de un plebiscito de entrada, motivando a que el sector se vuelque a hacer campaña por esa opción. En Chile Vamos, en todo caso, estiman que podría ser un riesgo que un eventual plebiscito de entrada se termine topando con las elecciones municipales.
Fuente: La Tercera
