En el actual proyecto de reforma de las pensiones subyace la discusión sobre su verdadero costo fiscal. En la figura del préstamo que se ha adoptado, se busca aumentar las pensiones de los actuales y futuros pensionados hasta el 2054 (con un tope de hasta 2,5 UF) y además compensar las diferencias en jubilación de las mujeres por mayor expectativa de vida. Esta deuda la emite un creado Seguro Social con garantía del Estado, que se financiará con un 2,5% de la cotización adicional (ya tiene el 1,5% del seguro de invalidez y sobrevivencia). Este pasivo contingente del Estado se materializaría en el caso de que los activos del Fondo del Seguro Social (invertidos en el mercado de capitales) no alcancen para cumplir con los pagos de a los trabajadores quienes hicieron la cotización. Es decir, aquí hay un reto importante relativo a la eficiencia con que se administren los recursos.
Adicionalmente, el aumento de la PGU a 250 mil pesos, así como la menor recaudación tributaria por aumento de los costos laborales, se aproxima al 1% del PIB, lo que sería el costo base en términos de déficit fiscal de la reforma. Pero también se espera que la reforma oxigene al mercado de capitales (aunque no a corto plazo) lo que debería apalancar más proyectos y por esa vía compensar la menor recaudación y fortalecer el empleo, mitigando este déficit fiscal base.
Finalmente, es importante que la modelación de estos pasivos contingentes como consecuencia del préstamo sea nítida en cuanto al impacto fiscal de ejecutarse las garantías. Dada una potencial ejecución de la garantía estatal (flujos de créditos de los trabajadores activos sea menor que el flujo de los jubilados), debe estar claramente definida la modelación financiera de este pasivo para incluirlo en las partidas presupuestarias para así ponderar su impacto fiscal. En la medida en que se materialicen las demandas por el financiamiento de bienes públicos, esto ejercerá una adicional presión creciente sobre el déficit fiscal y sus impactos adversos en los equilibrios macroeconómicos y en el mercado del trabajo. Agregar mayor transparencia a esta discusión es crucial para dejar al futuro una clara estimación del impacto de la deuda.
Por: Luis Riveros, Decano Facultad de Economía, U. Central y Francisco Castañeda, Economista y académico U. Central
