Dr. Benoît Delooz
Académico Doctorado en Derecho, U.Central
Recientemente el gobierno comunicó una serie de acuerdos con los gobiernos regionales y las diferentes asociaciones de municipalidades en materia de seguridad. Se anunció la implementación de 92 medidas, principalmente en materia de prevención del delito y atención a las víctimas, y el control de armas.
La idea de una mayor cooperación entre el Estado y las autoridades subnacionales para mejorar la lucha contra la delincuencia puede resultar sorprendente en un Estado unitario aún excesivamente centralizado, especialmente en lo que se refiere a la seguridad, competencia de soberanía por excelencia. Sin embargo, el Estado necesita reformarse constantemente. No está escrito en piedra y debe pensar en la coordinación de sus tres niveles: central, desconcentrado y descentralizado. Esto se aplica también a la seguridad, aunque sea, ante todo, responsabilidad del Estado.
Cuando se trata de prevenir la delincuencia cotidiana, los ciudadanos quieren ejercer sus libertades sin miedo y recuerdan al Estado sus responsabilidades, sin distinguir necesariamente entre los distintos niveles, ya sean centrales, regionales o locales, a los que también ven como la encarnación de la autoridad. Las instituciones nacionales insisten regularmente en la preeminencia del Estado, pero, la lucha contra la delincuencia requiere de un amplio abanico de actores implicados, aunque sea de distintas maneras.
Cuando tienen los recursos y la voluntad política (¿quién no la tiene hoy en día?), las autoridades locales actúan en materia de seguridad y la importancia del alcalde no es casual. En primer lugar, es la máxima autoridad de la municipalidad y la población por su proximidad se dirige primero a quienes ejercen tal investidura. En segundo lugar, el alcalde tiene tradicionalmente algunos poderes de policía administrativa, entendida como la actividad encaminada a mantener el orden existente mediante la acción preventiva. Al mismo tiempo, en las regiones menos numerosas han ganado en importancia.
En consecuencia, la política de seguridad pública se gestiona a varios niveles o, lo que es lo mismo, en distintas esferas, nacional y local.
Esto puede generar confusión, incertidumbre y expectativas defraudadas. La seguridad interior ilustra una tendencia importante en la evolución del Estado. Esto plantea una serie de cuestiones generales: ¿Cuál es el mejor nivel de actuación? ¿Cómo repartir las responsabilidades? ¿Cómo pueden colaborar eficazmente los distintos actores nacionales y locales? Las respuestas, a menudo parciales y en constante renovación, se caracterizan por el creciente solapamiento entre las distintas esferas de competencia y la persistencia de un desequilibrio entre ellas.
Las últimas decisiones seguramente van en la dirección correcta, pero cabe recordar que ya se había anunciado el 04 de abril de ése mismo año, una serie de acuerdos sobre el mismo tema, estableciendo cinco ejes de intervenciones: prevención y víctimas; control; persecución y sanción; institucionalidad; y policías.
Ha llegado el tiempo de concretar con carácter de emergencia esos diferentes compromisos, o al menos evaluar la ejecución de los tan bulladamente adquiridos. Solo entonces valdría la pena, considerando esos resultados, afinar los mecanismos y las reparticiones de competencias entre niveles de administración que tanto se reclaman.
