El lunes, el pleno del Consejo Constitucional aprobó por 33 votos a favor -de la oposición-, 17 en contra y ninguna abstención, el texto que será entregado el próximo martes al Presidente Gabriel Boric, para luego ser plebiscitado el próximo 17 de diciembre, cuya votación será obligatoria.
Luego de la votación, los consejeros oficialistas sinceraron lo que hace semanas se hacía evidente: votarán En Contra. “No tenemos otra opción que rechazar este texto”, dijo el jefe del comité PS, el consejero Alejandro Khöler. Por su parte, la consejera Karen Araya (PC), acudió a la cultura pop para expresar su malestar, y afirmó que “con esta Constitución, tendremos que seguir cantando ‘el baile de los que sobran’; hasta que la dignidad se hace costumbre y también, hasta que la dignidad se haga Constitución”.
En tanto, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, comentó que le habría gustado “un esfuerzo mayor de un texto que fuera expresión de un acuerdo sustantivo, en una sociedad diversa como la sociedad chilena”. Y si bien es cierto que la prescindencia se ha instalado en La Moneda, lo cierto es que existe disconformidad, y aumentan las presiones para que el Presidente Boric y su Gobierno expliciten la opción que tomarán de cara al Plebiscito.
Otras voces, han dado más que luces de su postura, e incluso han advertido de “consecuencias”, las que no han estado ajenas a la crítica, puesto que no sólo han resultado más altisonantes, sino que, a juicio de algunos, entregan argumentos que parecen más bien un discurso “confundido”.
El presidente del PPD, Jaime Quintana, dijo que “una Constitución, más a la derecha que la actual, donde se restringen derechos de las personas, pueden provocar sucesos de inestabilidad institucional”, apuntando a un “nuevo estallido”.
En tanto, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), también se inclinó por rechazar la nueva Carta Fundamental. En su programa de YouTube, el jefe comunal dijo que “esta propuesta constitucional como está quedando no tiene ninguna posibilidad. Va a dividir mucho más a los chilenos y va a ser una regresión significativa en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en reconocimiento de la diversidad, en reconocimiento de los pueblos originarios, un retroceso enorme en derechos sociales”.
Además, abrió la posibilidad a un tercer proceso: “vamos a estar trabajando, creo yo, para conquistar por fin una asamblea constituyente de verdad que nos permita escribir una nueva constitución para Chile“.
Por su parte, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp -aunque desde su holgura ‘outsider’-planteó que “si estuviéramos hablando de las causas de la crisis de nuestro país, fuerzas como los republicanos no existirían”.
El pasado 18 de octubre, la consejera constitucional y quien también integró la Comisión Mixta, María Pardo (CS), comentó a EmolTV que “lo que se está terminando de perfilar acá es una propuesta que es peor que la Constitución actual, dictada en dictadura y está siendo elaborada en democracia”, y agregó: “nunca pensé que iba a estar defendiendo la Constitución de Pinochet pero, las vueltas de la vida…“.
En conversación con Emol, analistas políticos plantean sus opiniones frente a las argumentaciones que hoy emergen desde el oficialismo y la disyuntiva interna que se abre para hoy validar un proceso que cumplió con las directrices democráticas establecidas, pero que hoy pareciera quedarse corto para tomar una opción A Favor.
La “distancia emocional” de un sector “desorientado”
Para Kenneth Bunker, académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, lo que hoy emana desde la izquierda “son argumentaciones pobres“. Esto, porque en el fondo, “se están alineando con una cierta estrategia que es oposición a un texto que no querían como sector político, y obviamente esto, al ser una propuesta alineada con el sector de republicanos, no les pertenece. Entonces hay una distancia emocional que los separa“, comenta.
Asimismo, plantea que en definitiva, parece que hoy la izquierda “está tratando de agarrar cualquier argumento que puedan tener (por el En Contra), de hecho apuntaron a problemas técnicos, y no de fondo, los que, a mi juicio, son relativamente pocos en comparación a lo que pudiéramos haber visto antes”.
Por eso, su análisis sobre los dichos que han surgido desde el oficialismo, en el fondo, apuntan a rechazar lo escrito porque hoy se enfrentan a una contradicción. “Cuando partió el proceso, uno de los argumentos por cambiar la Constitución, era que necesitábamos una escrita en democracia, y ahora, creo que es un poco forzado apuntar al contenido. Es bien malo el precedente, porque si gana el En Contra, pareciera que nunca va a haber un 100% de acuerdo”.
En la misma línea, Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), precisa que “me parece que se trata de un sector político confundido o derechamente desorientado. Por de pronto, se encuentra defendiendo la Constitución vigente, la misma a la que apenas ayer atribuía todos los males. Y eso resulta no sólo poco creíble, sino también incomprensible”.
Para el analista, las preguntas se multiplican y el oficialismo parece ignorarlas: “¿por qué antes, cualquier texto nacido en democracia, era mejor que la ‘Constitución de los cuatro generales’, y ahora no? ¿por qué el año pasado se decía que bastaba el artículo de Estado Social para aprobar, y ahora no? ¿Por qué cuando funcionaba la Convención se hablaba de ‘aprobar para reformar’, siendo que su texto era virtualmente inmodificable, y ahora se renuncia a priori a apoyar un texto emanado de un proceso que la propia izquierda consideraba indispensable?”.
El costo político ante las elecciones
Eric Latorre, analista político y director del magíster en Gobierno y Dirección Pública de la U. Autónoma, no sólo concuerda con los analistas que ven una complejidad en las argumentaciones, sino que también destaca el extremo cuidado que debe tener el oficialismo de cara a las próximas elecciones y eso explicaría su demora en una postura oficial: el tono que usarán.
“Se hace muy complejo encontrar en la izquierda una estructura argumentativa que, además, sea electoralmente rentable, donde la izquierda tiene que ir en contra de todo lo que buscó en el último tiempo, que era el cambio de la Constitución; y ahora, ante la oportunidad cierta de cambiar la Constitución, van a decir que no, es un contrasentido”, precisa.
Esto, subraya, porque “no hay que perder de vista que todo lo que se haga hoy día está con miras a los próximos dos años, vale decir, las municipales y presidenciales”. Esto, sumado a que el Gobierno quisiera evitar a toda costa, que este proceso -nuevamente- sea un referéndum a su gestión.
En esa línea, por cierto que los dichos del senador Quintana, resultan, al menos, “llamativos”, porque el PPD tiene, “aunque lejana, una eventual opción presidencial, como la de la actual ministra Carolina Tohá, entonces él le hace un flaco favor“. Pero a ello se suma otro elemento: “los discursos del terror, tal como lo aprendimos para el Plebiscito del ’88, no son electoralmente rentables, hay que tener mucho cuidado (…) y además, no construyen gobernabilidad”.
Alvarado, por su parte, agrega que “sin un mínimo de reflexión (de la izquierda) se terminan cometiendo errores insólitos, como la amenaza velada de un nuevo estallido. Además de la irresponsabilidad involucrada, ¿cómo alguien podría suponer que en el contexto actual eso ayudará a apuntalar la opción ‘En Contra’. Esa clase de actitudes sólo ratifica la desorientación de un mundo al cual la cuestión constitucional se le devolvió como un bumerán”.
Fuente: Emol.com
